El primer criterio entre los voceros de los bloques políticos en la Asamblea sobre los proyectos urgentes remitidos por el Ejecutivo es que no serán archivados, pero sí modificados para su aprobación.

El presidente Lenín Moreno remitió el pasado 16 de abril dos proyectos de leyes urgentes para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 y para mejorar las finanzas públicas. La primera se denomina Ley Orgánica de Apoyo Humanitario; y la otra, Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

Pero el debate se centra en la Ley de Apoyo Humanitario, pues a los legisladores les preocupa la tabla de los aportes solidarios de los trabajadores públicos y privados porque consideran que no deben superar el costo de la canasta básica; aparte de que debe aclararse el destino y la administración de los fondos que se recauden.

En torno a la Ley de Finanzas Públicas, los bloques esperan un análisis comparativo para determinar si las reformas que se plantean son las mismas que la Asamblea Nacional negó en diciembre.

Publicidad

Las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y de la Revolución Ciudadana (RC), que rechazaron las últimas leyes urgentes, ahora señalan que no sería prudente el archivo de la Ley Humanitaria, sino mejorarla, incluir nuevas propuestas y evitar que entren en vigor por el ministerio de la Ley.

Vicente Taiano (PSC) dijo que preocupa que se insista en poner impuestos a los trabajadores públicos y privados, pero resalta el planteamiento de la contratación por horas y la reducción de pensiones en las instituciones educativas.

Advirtió sobre la forma del manejo de los aportes solidarios, pues se terminará “eligiendo a dedo” a los veedores.

Pabel Muñoz (RC) señaló que se rescatará lo bueno del proyecto de Ley Humanitaria y se eliminará lo inconsistente; se sumarán más ideas y sobre todo se tendrá que corregir la integración del “consejo de notables” para administrar fondos públicos.

Cuestionó que se hayan enviado dos iniciativas de ley y dice que las reformas a las finanzas públicas son las mismas que se negaron en el penúltimo proyecto urgente.

Héctor Muñoz (SUMA) advirtió que se tiene que evitar que algunas propuestas caigan en lo confiscatorio, refiriéndose a las aportaciones solidarias; y la retroactividad del aporte de las empresas desde el 2018, así como la inconstitucionalidad en la integración del fondo con dineros públicos.

Publicidad

Wilma Andrade (ID-BIN) opinó que se debe mejorar la propuesta, que es el momento de la solidaridad y unidad, y que insistirá en algunas de sus ideas que distan con el planteamiento de las aportaciones.

Del BADI, Eliseo Azuero comentó que todo es perfectible y en las actuales circunstancias del país “no nos queda sino ponernos de acuerdo, cuidando las formas y observando que las propuestas del Ejecutivo no alteren disposiciones constitucionales, en material de reducción salarial”.

El bloque de CREO, según Jeannine Cruz, inició el análisis de las propuestas, pero anticipó que la Asamblea debe tramitar las iniciativas y que para su aprobación deben modificarse, tomando en cuenta las ideas legislativas presentadas.

Trámite de leyes urgentes

Reunión del CAL: A las 09:30 está convocado el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para conocer y calificar los dos proyectos urgentes y definir las comisiones que los tramitarán.

Plazo: La Constitución determina un plazo de 30 días para que la Asamblea apruebe las leyes urgentes. Y el Ejecutivo puede remitir dos propuestas urgentes a la vez en estado de excepción. (I)