Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la Ley. La función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector. Rafael Correa cumplió ayer 57 años de edad, pero por los próximos 25 no podrá participar en política. A menos no si se ratifica en instancias superiores la sentencia que hoy dictó un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

Mandatario de Ecuador por una década (15 de enero de 2007 – 24 de mayo de 2017), Correa fue encontrado culpable del delito de cohecho agravado por instigación y sentenciado a cumplir 8 años de cárcel. Además pierde su derecho de participación política por 25 años. La misma pena corre para quien fuera su vicepresidente, Jorge Glas, que ya está purgando pena en prisión por otro proceso penal: el caso Odebrecht.

A Correa, radicado en Bélgica desde que salió del poder, la Fiscalía lo acusó de dirigir una estructura criminal que recaudó fondos ilícitos para sus campañas electorales con las que se mantuvo en el poder. La justicia dijo hoy que así fue y por eso lo condenó a la cárcel y solo podrá volver a tener participación política después de un cuarto de siglo, si aún vive.

'Correa lo sabía todo'

En la lectura de su análisis del caso, el Tribunal determinó que el expresidente Rafael Correa conocía de los "aportes indebidos" de empresarios a cambio de contratos con el Estado. Además, se mencionó que se ha comprobado que los pagos realizados a la estructura eran reportados al nivel jerárquico superior, es decir a Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas.

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Sobre Rafael Correa, el juez ponente Iván León dijo: tanto dinero no puede ocultarse fácilmente, mucho menos si era manejado por su asesora Pamela Martínez, por lo que el Tribunal considera que Rafael Correa efectivamente tenía conocimiento de los fondos indebidos para posicionar su movimiento político.

La sentencia es el inicio de nuevas indagaciones contra Correa y los suyos

El Tribunal presidido por el juez León consideró que se cometió cohecho para cometer otros delitos. El juez dijo que los funcionarios recibieron dinero indebido para otorgar contratos de varias formas y que los empresarios dieron dinero con cruce de facturas y en efectivo. Así se cometieron otros delitos como lavado de activos y peculado.

Por eso la fiscal Diana Salazar aseguró que la sentencia no es el final del caso Sobornos 2012-2016, sino que es el inicio de nuevas investigaciones. De hecho, el Tribunal ordenó a la Fiscalía que realice nuevas indagaciones, lo que podría poner más años encima a Correa y los suyos.

Perdón público por falta de ética

Además del comiso de sus bienes para buscar la reparación del daño causado al Estado, calculado en 7 millones de dólares, el Tribunal dispuso que los sentenciados coloquen una placa en el Palacio de Carondelet donde ofrezcan disculpas públicas, se reflexione sobre la ética que deben tener los funcionarios en el servicio público y que recuerde que tarde o temprano los crímenes de corrupción son castigados.

El texto de la placa, ordenado en la sentencia contra Correa, deberá decir lo siguiente: Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la Ley. La función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector. (I)