Ecuador recibe al momento $7,65 por cada barril producido por empresas privadas que están bajo contrato de prestación de servicios. A su vez, estas están recibiendo $8,35. Esto ocurre cuando los precios del petróleo han bajado a un nivel de $16. El 26 de marzo del 2020, el precio teórico del crudo ecuatoriano se ubicó en $15,89.

Lo recibido por las petroleras está muy por debajo de las tarifas establecidas en los contratos del 2012, que oscilan entre $16,72 y $51,39.

Según Gonzalo González, coordinador de la Comisión Petrolera del Ecuador, núcleo de la Cámara de Comercio de Quito, ese contrato de tarifa fija le permite al país recibir un porcentaje importante del precio total, pese a que este sea tan bajo.

El contrato tiene un margen de soberanía de 25 % del ingreso bruto, que queda con el país, además se descuenta lo correspondiente a las Leyes amazónicas 10 y 40, transporte y comercialización.

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Así en un escenario de $16, Ecuador recibe $7,65: $4 por margen de soberanía, $1,05 por leyes amazónicas, $2,60 por transporte y comercialización. El remanente ($8,35) se paga a la empresa.

Al ser insuficiente el ingreso para cumplir con la tarifa, el saldo pasa a una cuenta pendiente que el Gobierno no pagará, sino cuando el precio del crudo suba: es la figura del carry forward.

De lo que se conoce, hasta diciembre del 2019 el pasivo acumulado por el Gobierno a las empresas era de $863 millones. El pendiente puede variar entre $3 millones y $300 millones, dependiendo de la empresa. Pero la cantidad podría haber subido de manera ostensible, ante los precios más bajos de entre enero y marzo del 2020.

En todo caso, aseguró González, si los contratos llegaran a terminar mientras aún está pendiente la obligación, esta se entiende como condonada.

Silvana Pástor, directora financiera de la compañía Gente Oil, ratificó que las petroleras están recibiendo un pago de $8 del remanente de la tarifa y que trabajan a pérdida pues los costos de producción son de $18 y $20.

Cree que este tipo de contrato blinda al Estado en tiempo de precios bajos, y por ello, al momento de calcular las tarifas se le incorpora un factor de riesgo. Además, que el contrato le faculta al Estado a recibir, aparte del porcentaje tarifario, contribuciones para la Secretaría de Hidrocarburos y Ministerio.

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Henry Llanes, asambleísta alterno y experto petrolero, envió una carta al ministro de Energía, René Ortiz, para conocer los pormenores de los pagos a las petroleras. Dijo que las tarifas establecidas en los contratos de prestación de servicios y las de los contratos de servicios específicos con financiamiento son muy altas.

Para González, hay una perspectiva de que a mediano plazo pueda subir el precio del crudo. Por ello cree que la industria vive un momento adecuado para que el Gobierno mejore la oferta de activos petroleros. Su idea es que los campos manejados por Petroamazonas que requieren importante inversión para seguir produciendo pasen a manos privadas.

La renegociación de tarifas solo alcanzó a dos consorcios

En Ecuador hay al menos 23 contratos de prestación de servicios, 8 de servicios específicos integrados con financiamiento y 7 de participación.

Las dos primeras categorías establecen en sus contratos tarifas que debe pagar el Estado a la empresa privada.

En 2017 se realizó la renegociación de tarifas, que solo alcanzó a dos consorcios. Las tarifas bajaron en el caso de Shushufindi de $29,85 a $19,50 y Libertador, de $38,54 por barril a $ 25,50.

De acuerdo con el experto Gonzalo González, este grupo de empresas que trabajan para Petroamazonas tienen recursos limitados, pues no pueden acceder a financiamiento internacional porque no pueden contabilizar para su negocio las reservas petroleras.

En este caso considera que una salida sería que estos contratos migren del control del Estado y se vuelvan contratos de concesión para tener mayores facilidades de financiamiento. (I)