Graves problemas sociales agobian al turismo de playa en Ecuador

Inestabilidad laboral, una ‘mal llamada’ informalidad comercial, comportamientos económicos oportunistas y pobres políticas públicas son varios de los problemas sociales que caracterizan al sector que atiende al turismo en playas del Ecuador continental, así lo refleja un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

El estudio, publicado luego de cinco años de investigación, abarcó temas de análisis de la demanda, turismo comunitario, las diversas formas de emprender en este sector, gobernanza y planificación del turismo costero, emprendimiento femenino, venta ambulante, entre otros.

Sobre la informalidad y venta ambulante la investigación señala que existe una realidad muy compleja que debe debatirse en el escenario público.

“El concepto de informalidad tiene más de cincuenta años y hemos llegado a la conclusión de que la dicotomía entre lo formal e informal no ha ayudado a entender las diversas formas de emprender que hay en turismo”, dice Mathias Pécot, docente de Espol que participó en el estudio.

Según el catedrático, históricamente en Ecuador se ha aceptado como ‘formal’ a las empresas con capitales, grandes restaurantes o franquicias, y las asociaciones de trabajadores, mujeres emprendedoras, comunidades ancestrales que existen en la costa del país son opacadas por el concepto de ‘informalidad’.

Afirma, por ejemplo, que tratar a los comerciantes de las playas como ‘informales’ oculta la precariedad laboral y falta de afiliación a la seguridad social. Estos problemas aumentan si la persona no pertenece a una asociación ya que se debilita ante la política pública “porque no eres visible”. “Antes de ser informales son personas en situación de vulnerabilidad de derechos”, dice Pécot.

Los especialistas sugieren que se los llame ‘gestores de economías diversas’. Además, la investigación determinó que existen problemas en los establecimientos comerciales. En una encuesta realizada a 106 establecimientos de Puerto Engabao (playa rural), Chipipe (playa urbana), Ayangue (desarrollo comunitario fuerte) y Olón se determinó que solo doce de estos locales cumplieron los requisitos para ser legales.

También observó que la relación con los municipios constituye una de las principales preocupaciones para los vendedores ambulantes, dice Carla Ricaurte, catedrática de la Espol.

Estos vendedores perciben su relación con los cabildos como vertical, donde se definen políticas desde el interés de las autoridades. Las relaciones desiguales de poder se evidencian en la incapacidad de los ambulantes de reclamar, por ejemplo, cuando no se cumplen promesas ofrecidas como capacitación o mejorar sus condiciones de trabajo.

El estudio indica que la forma en que los ambulantes luchan contra la incertidumbre y que, de alguna manera, reducen su condición de vulnerabilidad es asociándose en cooperativas en el caso de las playas urbanas, o afiliándose a comités de turismo en áreas comunales o rurales.

Estas organizaciones sirven de portavoces ante las autoridades locales y ayudan a controlar el número y la ubicación de los comerciantes. Los vendedores cancelan entre $2 y $5 a la asociación mensualmente.

Salinas, en Santa Elena, y Playas, en Guayas, son dos de los principales destinos de sol y mar visitados por los turistas. El primer cantón tiene 700 comerciantes ambulantes ‘formales’ carnetizados por el cabildo. El segundo posee 2000 comerciantes en 30 asociaciones.

Daniel Cisneros, alcalde de Salinas, afirma que en su gestión se ha reducido “considerablemente” a los comerciantes ambulantes que trabajan en la playa. En la administración anterior, asegura, había 2200 personas.

Indica que en su administración se ha ayudado a varias de estas organizaciones con terrenos para que construyan sus sedes, realizado capacitaciones en trato al cliente. Incluso trabajan con la empresa privada para que cada tres años se renueven los parasoles que los comerciantes alquilan a los turistas.

“Ya las asociaciones no pueden meter más gente. La idea es que el trabajo sea de manera organizada, legal y que cumplan los requerimientos”, dice.

Cisneros asevera que no está “en contra” de la informalidad, pero para conseguir mejor desarrollo “hay que legalizarse”.

“Hay lugares para que se ubiquen carretillas (de comida), pero quieren ubicarse en el malecón... La mayor parte de la informalidad no es del cantón sino que vienen de La Libertad y Santa Elena. También hay un grupo considerable de migrantes colombianos y venezolanos”, dice.

Florencio Gómez pertenece a la Asociación de Pequeños Comerciantes Playa, Mar y Sol en Salinas. Él está de acuerdo en que ya no se legalicen más ‘informales’ porque se está generando competencia desleal.

“Hay un grupo de masajistas, de migrantes que hostiga al turista hasta que lo obliga a comprar. Hemos denunciado, la policía municipal, viene un rato y luego se van”, reprocha.

Para Philipo Franco, director de Turismo del Municipio de Playas, la informalidad también es un ‘problema’.

De hecho hace un par de semanas lanzaron un programa donde reunieron a la Policía, Armada, Gestión de Riesgos y comisaría para capacitar en defensa personal a cien comerciantes ‘formales’ para que tengan el rol de ‘vigilantes’ de la playa. Ellos se encargarán de retirar a los ‘informales’.

“Los servidores turísticos se quejan de que ellos están todo el año, se comen las verdes, pero cuando vienen las maduras (temporada playera) ya hay cinco o seis personas en el árbol. No podemos contemplar más informalidad”, afirma.

Además, el funcionario cuenta que en los próximos meses se aprobarán nuevas ordenanzas que serán “amplias y que permitirán controlar, regular y ordenar todo lo que es la playa”.

Simón Espinosa fue el miércoles pasado a Playas. Comenta que rechazó las ‘ofertas’ de al menos siete vendedores nacionales y extranjeros en menos de cuatro horas: “La verdad no sé quién debe regularlos. También deben regular los precios que cobran por carpas, parasoles, comida y bebidas. En muchos casos cobran hasta el triple de su valor real”.

Otra queja recurrente es que varios de los servicios que se ofrecen en las playas no están segmentados. Olga Medina cuenta que cuando estaba nadando, en Salinas, una moto acuática casi la golpea.

Las autoridades de Salinas y Playas coinciden que no “hay más espacio” para vendedores en las playas. Dicen que trabajarán para mejorar las condiciones de los ‘formales’.

Actividades marino-costeras deben tener impulso

Incentivar más actividades como voleibol de playa, surf, kayak, estadías en centros de spa, caminatas, observación de vida silvestre, navegación a vela, buceo, cruceros, pesca en alta mar y el avistamiento de ballenas en las distintas playas del Ecuador continental sugiere un estudio realizado por docentes de la Espol.

La investigación indica que a través de los años se ha impulsado el sol y la arena en el país, pero hay recursos marino-costeros que son del agrado de turistas nacionales y extranjeros que no han sido explotados lo suficiente.

Wilmer Carvache, docente de la Espol, indica que realizaron varios estudios en Montañita, General Villamil, Manta y Salinas. Los resultados comprobaron que la costa continental es rica en recursos marino-costeros.

“A nivel internacional la demanda no solo se enfoca en sol y playa, sino también en la naturaleza y la cultura. Hay personas que se interesan por visitar las áreas protegidas, las comunidades, disfrutar la gastronomía, conocer la cultura”, señala.

Carvache cuenta que analizaron la demanda de turistas que se dio durante el último año y surgió la necesidad de conservar las playas, especialmente luego de la contaminación registrada en Salinas el 31 de diciembre pasado, a través de la creación de productos para ofrecer al turista ‘multimotivos’.

“Se deben fomentar cursos de artesanía, de deportes acuáticos, avistamiento de flora y fauna, enseñar la biología del mar, reciclaje... y no solo impulsar el turismo masivo (conciertos, por ejemplo). Además, así educamos a nuestra población para que vayan a la playa para realizar otras actividades”, señala.

Daniel Cisneros, alcalde de Salinas, asegura que en su gestión se han fortalecido lugares como La Chocolatera y La Lobería. Afirma que a estos destinos llegan miles de turistas al año. Además, se han impulsado las visitas a la represa Velasco Ibarra y a los pozos de sal donde se congregan aves migratorias.

“Aunque no podemos negar que la playa es el gran atractivo”, dice Cisneros.

En cambio, Philipo Franco, director de Turismo del Municipio de Villamil, afirma que para incentivar aún más sus recursos marino-costeros grabarán, junto al Ministerio del Ambiente, un audiovisual promocional, entre el 26 y 29 de enero, en el que se verá la flora y la fauna del cantón.

El funcionario acepta que estos atractivos no son muy conocidos por los turistas.

Por eso, en un máximo de dos semanas, estará creada la página web Descubre Playas. En este espacio se promocionarán todos los hoteles registrados por la Dirección de Turismo, bares, discotecas, restaurantes, lo relacionado con mingas de limpieza, dice.

Para Carvache, incentivar otros atractivos aparte del mar y arena logrará que el flujo de turistas se distribuya durante todo el año y no solo se concentre en la llamada temporada playera.

Normas no se ajustan a las comunidades

Una investigación realizada por Vanessa León, docente de la Espol, sobre el turismo comunitario centrado en las comunas rurales del norte de Santa Elena determinó que existe una incompatibilidad entre la realidad de las comunidades y la regulación nacional.

Según la investigación, en la actualidad, el turismo comunitario en Santa Elena incluye bares, restaurantes, alojamiento y centros de turismo en comunidades.

“A pesar de ser territorios comunales, muchos comuneros que antes fueron larveros se han convertido en emprendedores turísticos privados; dan trabajo a la familia y a los de la localidad, consumen productos de la localidad, y deciden sobre el futuro desarrollo de las comunas”, dice León.

Se ubica como ejemplo a la comuna Libertador Bolívar donde la oferta turística se ha incrementado durante 18 años constantemente. En 2002 había seis hosterías y en 2018 se contabilizaron veinte. Lo mismo pasó con los restaurantes. Además, trece cabañeros brindan su servicio en la playa norte. En épocas de temporada alta se organizan grupos de mujeres que alquilan parasoles y sillas en la playa y quince locales ofrecen artesanías.

Sin embargo, esta oferta turística no se lee de igual forma por los entes estatales encargados de su regulación. Según el estudio de León, el catastro del Ministerio de Turismo registra únicamente un hotel certificado en Libertador Bolívar.

Los 19 restantes no cumplen la normativa turística. Solo dos restaurantes recibieron certificación de Arcsa, el organismo de regulación y control sanitario del país. El resto se registran en la Intendencia de Policía.

A nivel municipal, el catastro registra tres hoteles, siete restaurantes, un tour operador y las trece cabañas de la playa norte.

“Esta diferencia entre la realidad local y la registrada por las entidades de Gobierno muestran una incompatibilidad entre la realidad local, rural, comunal y la regulación nacional”, dice el estudio.

Las cabañas de Libertador Bolívar han sido construidas en zonas de riesgo, lo que está prohibido por la actual regulación. Por lo tanto, el Ministerio de Turismo no puede emitir certificación a los establecimientos.

Además, Arcsa emite permiso que garantiza regulaciones de sanidad pública a restaurantes, pero exige como requisito indispensable, el Registro Único de Contribuyentes (RUC). “La debilidad del Sistema de Rentas Internas deja áreas rurales fuera de alcance”, señala la investigación.

El estudio recomienda la aplicación de políticas públicas acorde a las realidades de regímenes comunales y áreas rurales que existen en varias partes del país. (I)