En las próximas horas, Rosa Chalá podría volver a su despacho de vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que ahora ocupa Francisco Bravo, quien es su suplente.

Esto luego de que el pasado jueves, Manuel Ruiz Moreira, juez de la Unidad Multicompetente de Santa Ana (Manabí), dejara sin efecto la resolución RL-2019-2021-034, emitida por la Asamblea el 14 de agosto, cuando censuró y destituyó por incumplimiento de funciones a Chalá, que era la vicepresidenta del CPCCS; José Tuárez, expresidente y ahora detenido por presunta asociación ilícita; y a los consejeros Walter Gómez y Victoria Desintonio.

La exvocal planteó, el 31 de octubre, una acción de protección en contra del presidente de la Asamblea, César Litardo, y los 83 legisladores que votaron por su censura.

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La audiencia se convocó para el 20 de diciembre, pero ella pidió que la adelanten, y se realizó anteayer.

La destitución se dio luego de que Chalá y sus colegas, en una plenaria del 10 de julio, votaron por la creación de una comisión de juristas que revise la selección de los nueve jueces de la Corte Constitucional (CC) hecha por el CPCCS transitorio; pese a que la misma CC restringió en una sentencia que esas decisiones se revean.

Esa fue la principal causal de la censura legislativa.

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Pero el juez concluyó en su sentencia, que se divulgó ayer en la tarde, que la “comisión (de juristas) nunca se conformó ni sesionó”. Y entre otros temas, que Chalá fue “juzgada y sancionada por causales que no correspondían a la verdad procesal de la causal por la que se concluye en su destitución”.

Dice que se unificó ilegítimamente varios procesos sancionatorios administrativos, cuando se debió haber tratado cada uno de forma independiente, por cuanto correspondían a causales distintas.

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Así, declaró la vulneración a la seguridad jurídica, el debido proceso, y el ejercicio de los derechos políticos; dejó sin efecto la resolución de la Asamblea, ordenó la restitución inmediata en el cargo de Chalá. Y encargó a la Defensoría del Pueblo la “supervigilancia del cumplimiento” de la acción.

Ayer, en la Asamblea Nacional solo esperaban la notificación para apelar ante la Corte Provincial de Manabí.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, Johanna Cedeño (AP), aseguró que el juez “está desconociendo su tarea fiscalizadora”, y recalcó que la exconsejera no podría volver a su cargo.

Cuestiona que el juez haya alegado que debía haberse emitido un dictamen de la CC, pero es “un desconocimiento, lo que se quiere es afectar la tarea fiscalizadora, está confundiendo la justicia ordinaria con los procedimientos legislativos”.

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Fabricio Villamar (Ahora), quien presentó en julio una denuncia penal por desacato en contra de los cuatro consejeros por crear la comisión de juristas, indicó ayer que “la decisión de la Asamblea en un juicio político es de última instancia, no hay nada más que hacer. Esa decisión fue tomada, y Chalá no volverá al Consejo”, aseveró.

En el Consejo de Participación, el actual presidente Christian Cruz dijo que respetarán la ley, y que será la justicia la que determine “el procedimiento”, en referencia a la restitución del cargo. (I)