Una vez que concluyó oficialmente la evaluación de los 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura prepara una declaratoria de emergencia, con el fin de llenar las vacantes.

La presidenta del Consejo, María del Carmen Maldonado, explicó que esa declaratoria cuenta con el aval de la Procuraduría y que contempla la aplicación de requisitos mínimos para las nuevas designaciones, que serán temporales.

Siete jueces fueron ratificados y quedaron vacantes catorce despachos, los cuales serán cubiertos con los seis conjueces que aprobaron el proceso y ocho que serán elegidos de entre un listado de cerca de 350 jueces provinciales.

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“Los conjueces que quedan tienen que asumir los despachos de los jueces. Esto tiene que hacerlo la presidenta de la Corte Nacional”, dijo.

Maldonado indicó que la selección ya empezó el viernes pasado y concluirá la próxima semana. Luego, el pleno de la Judicatura tendrá diez días para la aprobación final. “En 15 días se tendrá la Corte”.

La sustitución se realizará con base en un nuevo perfil, que exige a los administradores de justicia al menos 10 años de ejercicio profesional, docencia universitaria o cinco años de experiencia como juez provincial. Además, indicó Maldonado, al ser la Judicatura el órgano de disciplina de la Función Judicial, se revisará que quienes llenen las vacantes no registren más de dos sanciones por faltas leves y una grave en un año.

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Estimó que los jueces y conjueces temporales ejercerán funciones hasta fines del próximo año, puesto que en enero se convocará al concurso de méritos y oposición, con el fin de nombrar a los definitivos.

“El concurso para los jueces y conjueces definitivos duraría unos diez meses”, agregó.

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La funcionaria insistió en que se realizará un proceso con veedurías y parámetros específicos, que permitirían un seguimiento de la ciudadanía y transparencia de su gestión.

Los resultados de la evaluación de jueces fueron formalmente notificados el viernes pasado, luego de que el pleno aprobó la Resolución 187, que dio por concluido el proceso que tomó cerca de nueve meses e incluyó criterios cuantitativos y cualitativos; además, contó con veedores.

Quienes no aprobaron –pues sacaron menos de 80 de 100 puntos posibles– tuvieron la oportunidad de pedir una reconsideración de la calificación. A ese recurso recurrieron 25 juristas; pero tras la revisión de los criterios de evaluación solo uno pudo alcanzar el mínimo requerido. (I)