Temporales y focalizados hacia quienes más necesitan. Esa es la forma cómo deben ser aplicados los subsidios en Ecuador, según coinciden varios analistas económicos.

De acuerdo a la proforma presupuestaria del 2019, se estimó un gasto de 4.524,06 millones de dólares en subsidios para las áreas de combustibles, Seguridad Social (IESS, ISSFA, ISSPOL), Desarrollo Social (Bono de Desarrollo, Bono de Discapacidades Joaquín Gallegos Lara, pensión de adultos mayores, pensión para personas con discapacidades, Misión Ternura); y, desarrollo agrícola (semillas para agrocadenas estratégicas). 

La eliminación del subsidio al diésel y la gasolina extra, anunciada por el gobierno de Lenín Moreno, fue lo que generó en octubre paralizaciones y protestas a nivel nacional y que culminaron con la derogatoria del decreto 883. Hoy el Ministerio de Economía analiza propuestas para su focalización.

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El analista económico Jorge Calderón dice que los subsidios, que se crean para garantizar el acceso a determinados bienes y servicios, deben ser temporales y dirigidos a mejorar la situación de quienes los reciben, como el gas en el que siete de cada diez hogares lo utilizan, o el combustible.

Pero añade que el problema en el país es que estos subsidios llevan más de 30 a 40 años, lo cual se vuelve insostenible para el Estado, por la fragilidad fiscal actual.

Calderón agrega que si se analiza la situación socioeconómica de las familias, esta no ha mejorado del todo.

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No es partidario de los subsidios porque de alguna forma se resta la capacidad  a las personas el poder generar sus propios recursos, emprender o innovar y más bien están a la espera de que lo que el Estado les provea.

Eliminación progresiva de subsidios

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Otro problema, menciona, es que no llegan a los estratos donde debería, por lo que es necesario primero que se determinen los sectores, es decir una focalización. El país tiene algunas bases de datos que podría servir, como los registros del Bono de Desarrollo Humano.

Añade que uno de los factores negativos es que el beneficiado termina asumiéndolo como un derecho y es lo que generó la protesta porque se sintieron vulnerados. "Entiendo el sentido social del gobierno de querer focalizarlo pero simplemente lo que está haciendo es mandar el problema hacia el futuro porque en algún momento habrá que eliminarlos, son una carga para la economía ecuatoriana".

La alternativa podría ser una eliminación progresiva para que conforme mejore la situación del país se vayan desmontando los subsidios.

Fausto Ortiz, analista económico y exministro de Finanzas, considera que hay subsidios que se han creado "a plena conciencia" como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), pero hay otros tipos de subsidios que han quedado establecidos porque no han sido modificados los precios de los combustibles.

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Expresa que el más importante en la economía actual es el de los combustibles que está presupuestado para este año en 4.200 millones de dólares, aunque, dice, aparentemente va a aquedar en 2.500 millones de dólares. 

El analista señala que para que un subsidio sea real debe ser temporal y focalizado a quien los necesita, por lo que hay características que se deben distinguir de un buen o mal subsidio. "No se puede esperar que la gente mantenga de por vida el subsidio, en algún momento debería abandonar su situación, subir su nivel de vida (...) y encontrar otras opciones de trabajo. No se puede mantener el subsidio en una sola persona porque hay que rotar recursos para otros sectores que pueden ser más vulnerables".

Dice que en el caso de los combustibles, por mucho tiempo han estado dando ventaja a sectores que no los necesitan. El BDH es una vía adecuada porque identifica al más vulnerable como las mujeres, los adultos mayores.

Ortiz recordó que la presión por los subsidios a los combustibles fue más fuerte en el 2012, 2013 y 2014 que superaba ampliamente el déficit fiscal  y luego con la caída del precio del petróleo en el 2015 en adelante pesaron menos en la economía.  

Expresa que el gobierno debe evaluar bien el tema político actual y no caer en el error de no haber informado bien sobre la medida y encontrar un mecanismo para identificar el combustible que sale por las fronteras de contrabando.

Modesto Correa, asesor académico y decano de la Universidad Casa Grande, está de acuerdo con la eliminación de los subsidios en ciertos rubros como el de los combustibles y que se mantengan en otros como el BDH, pero debe haber una focalización. "Que los subsidios vayan a la gente que los necesita y que se eliminen los subsidios donde haya corrupción, vía contrabando o vía narcotráfico", agrega. 

Modesto Correa, quien fue ministro de Finanzas en varios regímenes, recuerda que en anteriores gobiernos cuando se analizaba el poder eliminar los subsidios a los combustibles se habló de focalizarlos, como por ejemplo el vender combustible más barato en los barrios pobres, una distribución especial a precios subsidiados o venderlo en las orillas del mar para los pescadores artesanales.

La preocupación es que esta focalización podría desviarlo al contrabando, pero hoy existe un mal peor que es el narcotráfico.  

Informe semestral

Según el informe semestral de ejecución de Presupuesto General del Estado (PGE) (enero-junio 2019) del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre los subsidios se señala que en el primer semestre de este año se observa un monto de 1.232 millones de dólares, menor al reconocido en el año 2018 que alcanzó los 1.544 millones de dólares en igual periodo.

"Esto se debe a la toma de decisiones de la liberación de precios de la gasolina súper y demás medidas tomadas en la focalización de subsidios. Estos resultados demuestran el cumplimiento de las metas cuantitativas pactadas en el Mecanismo de Facilidad Financiera Extendida con el FMI", se menciona.

Un total de $ 336,72 millones (24,82%) se destinaron a subsidios sociales como el Bono de Desarrollo Humano, Pensión de Adultos Mayores, Bono Joaquín Gallegos Lara, entre los principales.

El informe detalla que al ser comparadas con el 2018, se observa un crecimiento de 42,50%,  debido a la inclusión en el PGE las contribuciones del 40% del aporte del Estado a las pensiones pagadas del IESS, además de los incrementos a los bonos sociales durante el primer semestre de 2019. (I)