“Los actos ejecutados por los funcionarios de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) procesados: Pablo Romero, Cecilia Santillán, Fernando Garzón, Walter Olalla y Juan de Dios Lozano, permiten establecer indicios de responsabilidad penal que derivan de la inobservancia de los procedimientos establecidos en la Ley”. Ese fue parte del fundamento del cual partió el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Richard Villagómez, para llamar a juicio por el delito de peculado a Romero, exsecretario de la Senain, y a otros cuatro exfuncionarios administrativos de inteligencia.