Más gastos que ingresos, lío económico histórico del presupuesto estatal en Ecuador

Seguir tapando los baches con deudas cada vez más caras es el peor escenario que le depara a la economía ecuatoriana en caso de que no se nivelen los ingresos y los gastos del presupuesto general del Estado, según coinciden analistas consultados. 

Si bien el dinero que se destina al servicio de la deuda pública externa e interna evoluciona a la baja, el monto aún es  mayor, por ejemplo, a lo asignado para salud y educación.  

Cifras del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), ONG que hace seguimiento de las cuentas públicas usando fuentes oficiales, indican que el quiebre se da desde  el 2015 cuando se destinaron $7729 millones para intereses y amortizaciones y  $6887 millones para los otros dos rubros sociales. La tendencia se mantiene este año. 

El acuerdo del Gobierno con los indígenas terminó con once días de manifestaciones a cambio de no eliminar el subsidio a los combustibles (por el que se pagó $1400 millones en 2018). 

La supresión de ese gasto era  la ruta del régimen para cumplir el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de créditos, que consiste en generar el 1,4 % del Producto Interno Bruto con la reforma tributaria, entre otras metas.

Santiago Mosquera, director del Business School de la Universidad  San Francisco de Quito (USFQ), dice que falta clarificar si finalmente se podrá eliminar parte del subsidio en la elaboración del nuevo decreto que saldrá del diálogo directo con el movimiento indígena.    

“Removiendo una parte de los subsidios (a los combustibles) más una reforma tributaria que todavía no se ha enviado, el Gobierno puede recaudar no la totalidad pero al menos una parte del compromiso  asumido con el FMI”.

El de la gasolina extra se llevó $370 millones del presupuesto estatal y el del diesel $1030 millones en el 2018.

El presidente de la República Lenín Moreno ratificó el 18 de octubre último en cadena nacional que se focalizará este subsidio para no afectar a los más vulnerables. 

La posición del organismo mundial de créditos es sentarse nuevamente con el Gobierno para buscar una salida que mejore la situación fiscal del país caracterizada por más gastos que ingresos, es decir, con déficit que hasta septiembre último era de $2500 millones en el presupuesto general del Estado, según el OPF. 

Se estima que  hasta final del año llegue a  los $5000 millones, dice Jaime Carrera, secretario ejecutivo del OPF.   “Hay muy pocas opciones para reducirlo, una es incrementar impuestos  o eliminar subsidios, pero ambas ya no son viables”. De ahí que la ruta es  colocar bonos a tasas elevadas del 11 % o 12 %. 

Atrasos en los pagos, generalmente transferencias a los gobiernos seccionales y otras obligaciones, podrían darse en 2020, afirma Carrera, “así el Gobierno  tratará de subsistir hasta el cambio de régimen”.

Los gastos  del sector público no financiero, que incluye a las universidades, los gobiernos seccionales, las empresas públicas y el Gobierno central,  sumaron $40 165 millones durante el 2018. La mayor parte del presupuesto se fue en cubrir salarios ($10 672  millones), otros gastos corrientes  ($8117 millones), gastos de capital ($7133 millones), compra de bienes y servicios ($6183 millones),  prestaciones de la seguridad social ($5382 millones) e intereses ($2677 millones).

El problema del déficit fiscal es histórico. Estos se  mantuvieron  durante las décadas del ochenta y noventa con recortes que generaron paros como los profesores por mayores sueldos y los reclamos de  municipios y  universidades por más rentas. Así se llegó a la  crisis  de 1999. “Solo en el periodo de inicios de este siglo, del 2000 al 2006, con la dolarización, se tuvo superávit”, dice Carrera.

El objetivo de reducir lo destinado para  sueldos está presente desde el 2018. Ha sido muy difícil, dice Mosquera, porque así se contrate o no a nuevo personal, los salarios para la fuerza pública, por ejemplo, aumentan  según las promociones (ascensos). Más del 80 % del gasto en personal corresponde al sector salud, educación y fuerza pública. 

En las últimas medidas anunciadas ya no se recalcó la reducción del número de empleados del sector público, sino más bien que los contratos ocasionales se renueven  con una reducción del 20 % de los salarios. “Es muy difícil implementar despidos porque tienen un costo importante por el lado de las indemnizaciones y políticamente es bastante complicado  en este momento cuando la economía del país ya está en recesión”, dice.

Carrera advierte que si no se reduce notablemente el déficit, aun cuando el próximo año fluyan los $3000 millones previstos en créditos del  FMI y de los multilaterales, se van a necesitar más recursos. “Hay que ver hasta qué punto se rediseña el programa con el FMI, se flexibilizan las metas”.

Ecuador ha firmado trece cartas de intención con el FMI que derivaron en acuerdos entre 1983 y 2003, pero solo en tres ocasiones se cumplieron los compromisos.  Esto, según el analista Olmedo Farfán, se dio porque las medidas pactadas son ortodoxas y no van  acordes con la realidad económica y social del país. 

“Para una liberación financiera y comercial (libre mercado), que es parte de lo pedido por el FMI,  antes se debe tener un mercado sumamente competitivo, cosa que no existe en Ecuador. El organismo no ha tenido éxito en casi ningún país donde ha impuesto esas medidas salvo Costa Rica a mediados de los 80. Este esquema sería bueno en Chile, donde hay  un sistema estructurado”.

Pedro Romero Alemán, analista económico y docente de la USFQ, afirma que en el  año y medio que queda del régimen de Lenín Moreno urge la reducción del tamaño del Estado para que no devore más el proceso de crecimiento real de la economía. “Ese es el mensaje más importante que los ecuatorianos debemos tomar en cuenta  para mantener la dolarización y no seguir el camino de Venezuela”, asegura. 

Las medidas, agrega, deben venir acompañadas de una reforma laboral que  permita la contratación por horas, sin penalidades y sin aumentar impuestos, para que los empleados públicos que salgan ocupen las plazas privadas.

Para Farfán,  las privatizaciones de las empresas públicas no son una buena opción sino concesionar la administración de estas. Sostiene que en el tema de subsidios la focalización sería una salida, pero también se deben aumentar los controles en Petroecuador para que los combustibles no vayan al contrabando.  

“No hay que tenerle miedo al déficit fiscal sino a la balanza comercial. Estados Unidos, Suecia tienen déficit, pero procuran que todo esté en armonía. Lo que se debe reforzar es la lucha contra la evasión de impuestos. Hay medidas que evitan que nos entreguemos totalmente al FMI (...). Tampoco debemos endeudarnos a intereses altos con China”, señala. (I)