Tras la determinación de una millonaria glosa por el uso de los aviones presidenciales entre 2012 y mayo de 2017, el expresidente Rafael Correa está obligado, por la vía administrativa, a responder por un perjuicio al Estado que suma $ 10,1 millones y a pagar $ 22.140 por multas. Además, de acuerdo con los documentos de la Contraloría, su nombre está registrado en tres informes de indicios de responsabilidad penal.

Las responsabilidades civiles (glosas), administrativas y penales que le han sido señaladas se originan en los exámenes especiales realizados a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública (emisión del decreto ejecutivo 1218); al proceso de emisión, colocación y pago de certificados de tesorería Cetes; y al uso de los aviones y vuelos presidenciales.

De esas auditorías se desprendieron dos glosas: una que corresponde a las aeronaves, por $ 9,6 millones, y otra, a la emisión de Cetes, por $ 515.383. En cuanto a las multas, el exmandatario ha sido sancionado con $ 7.320 por modificar sin sustento legal la metodología de cálculo de la relación deuda pública vs. PIB; $ 7.320, por los cambios en la colocación de Cetes, lo que provocó costos financieros en contra del Estado, según las auditorías del organismo de control.

En los tres exámenes especiales hay indicios de responsabilidad penal (IRP). Sin embargo, en más de una ocasión, Correa ha cuestionado tales informes, pues aduce que carecen de sustento técnico y que, más bien, se han convertido en una herramienta política para acusarlo de corrupción.

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El jueves pasado, en Twitter, informó que el miércoles le había llegado la notificación de la glosa por el uso de aviones presidenciales durante los últimos cinco años de su gobierno. Ese perjuicio al Estado, no obstante, también dio origen a un informe de indicios penales que fue remitido a la Fiscalía y que se basa en cinco presunciones.

Ayer me notificaron “glosa” de 9 MM USD por “uso de aviones presidenciales“. Debe ser algo inédito en la historia, “glosar” a un presidente por no haber utilizado exclusivamente para él los aviones, sino haberlos puesto al servicio de todo el Estado. Todo es cuestión de tiempo.

La primera sostiene que se realizaron vuelos en los aviones presidenciales y en los de Tame y Petroecuador/Petroamazonas sin solicitud dirigida a la Presidencia y sin su autorización; además, no se precisó el objetivo ni constan todos los manifiestos de pasajeros, “desconociéndose los nombres y las instituciones a las cuales pertenecieron”.

La segunda señala su responsabilidad por “no emitir disposiciones para salvaguardar los bienes del Estado”.

La tercera señala que los aviones Legacy y Falcon 7X fueron a paraísos fiscales como Panamá, Barbados, Trinidad y Tobago, Guayana, Granada, Antigua y Barbuda, Bahamas, Cabo Verde, Belice, Dominica, Emiratos Árabes y Luxemburgo. En estos no se hizo chequeo de pesaje ni carga.

El cuarto indicio es que los manifiestos de pasajeros revelan el embarque y desembarque de un número distinto de personas en los diferentes aeropuertos, por lo que se desconocen funciones, cargos y entidades para las cuales trabajaron. El informe de Contraloría muestra, como ejemplo, a la ruta Quito-Buenos Aires-Natal-Bangkok-Dubái-Doha-Dubái-París-Newark-Mcguire-Newark-Quito, que se cubrió entre el 28 de noviembre y el 9 de diciembre de 2016.

La quinta menciona que se transportaron a autoridades de otros países desde sus lugares de origen hasta Ecuador y viceversa, sin cumplir las normas que regulan el uso de aeronaves asignadas al Grupo de Transporte Aéreo Presidencial, que son de uso exclusivo del presidente y vicepresidente.

La glosa por el mal uso de estos recursos, según la Contraloría, alcanza los $ 9,6 millones; sin embargo, la definición de un delito penal y la apertura de una investigación judicial le corresponden a la Fiscalía.

Las cifras

Entre 2012 y mayo de 2017, los aviones Legacy 600 y Falcon 7X realizaron 261 vuelos internacionales. El 29 % de casos fue usado por el expresidente Rafael Correa y el 71 %, por otras autoridades. Según Contraloría, sin autorización de la Presidencia, Subsecretaría de Despacho o Servicio de Protección Presidencial, se realizaron 33 viajes al exterior en el Legacy y Falcón; 22, en aviones de Tame y 2 en la aeronave de Petroecuador.

Los auditores detectaron, por ejemplo, que volaron, de forma paralela, las naves de Tame, Petroecuador, Legacy y Falcon sin que se justifique el uso simultáneo ni la cantidad de personas. (I)