Tras la determinación de una millonaria glosa por el uso de los aviones presidenciales entre 2012 y mayo de 2017, el expresidente Rafael Correa está obligado, por la vía administrativa, a responder por un perjuicio al Estado que suma $ 10,1 millones y a pagar $ 22.140 por multas. Además, de acuerdo con los documentos de la Contraloría, su nombre está registrado en tres informes de indicios de responsabilidad penal.