El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó al colectivo YASunidos, a través de un oficio, que “no puede proceder con la emisión del certificado de cumplimiento del requisito de legitimidad democrática a favor del colectivo YASunidos”.

El movimiento ambientalista se ‘tomó’ desde el miércoles pasado el CNE, en exigencia para que se convoque a la consulta popular para impedir la explotación del Yasuní ITT.

Ellos apelan al informe que elaboró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, que dispuso la reparación de sus derechos, luego de que las más de 700.000 firmas que presentaron en el 2014 para impulsar la iniciativa fueron descartadas por el CNE de ese entonces.

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Sofía Torres, una de las activistas, pidió que se resuelva este “lío administrativo”, y acusó a la presidenta del ente, Diana Atamaint, de ser “cómplice de un genocidio” en la zona amazónica por no dar paso al tratamiento de su pedido. “Ni siquiera da la cara”, comentó.

Atamaint no se reunió con los YASunidos. Incluso ayer se convocó a un pronunciamiento oficial al mediodía. Después de una hora de espera, no apareció ninguna autoridad.

En la tarde, el Consejo aclaró al colectivo que los “mecanismos de reparación de derechos le corresponde determinar exclusivamente a un juez, por lo cual esta institución no está facultada, ni constitucional, ni legalmente para cumplir ese procedimiento”.

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El 11 de julio pasado, los ambientalistas acusaron de “traición” a Atamaint, pues en una plenaria ella y los consejeros José Cabrera y Esthela Acero se abstuvieron de votar por cambiar el orden del día propuesto por Luis Verdesoto, para tratar dicha iniciativa.

“Señora Atamaint su negativa tiene graves consecuencias para sus hermanos amazónicos que defienden sus territorios de la expansión de las fronteras extractivas y esta decisión condena a muerte a los pueblos en aislamiento voluntario. Nos preguntamos qué tipo de interés y presiones responde esa actitud que calificamos como una traición”, expresaron. (I)