Cerca de cuatro horas le tomó ayer ampliar su versión a María de los Ángeles Duarte, exministra en el gobierno de Rafael Correa y una de las 26 personas investigadas en el caso denominado Sobornos 2012-2016.

La diligencia fue solicitada por la exfuncionaria para realizar ‘aclaraciones’ a ‘elucubraciones’ que se habrían hecho a partir de pedidos de Fiscalía.

Duarte dijo haber explicado sobre una presunta inconsistencia patrimonial encontrada por el SRI y la UAFE. Según ella, eso se debe a que cuando se trabaja en el sector público los décimos y viáticos no aparecen en la tributación.

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Reconoció, además, que por la revisión de la UAFE y de la Fiscalía se enteró de que por ‘error’ había hecho una declaración ‘inferior’ de $ 40.000 respecto de lo que le había ingresado. “Ahí están los cheques justificados, trabajo que lo hice un año que no estuve en el sector público. Ya hice una sustitutiva y está subsanado”.

La exministra indicó haber evidenciado “terribles inconsistencias” en las hojas de Excel de la computadora de Laura Terán, también investigada, y el cuaderno escrito por Pamela Martínez, otra de las investigadas en el caso Sobornos.

Duarte es vista por Fiscalía como parte de los líderes de esta “organización delictiva” y su nombre aparecería en dos registros de entrega de dinero que suman $ 320.000. “Soy inocente. Nunca participé, pedí, soborné a ningún contratista. Les he demostrado incoherencias, cómo ponen mi nombre a veces y los sacan otras veces”.

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Al mismo tiempo que Duarte rindió su versión en la Fiscalía, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el abogado de Correa, Fausto Jarrín, presentaba un recurso de apelación a la prisión preventiva ordenada el jueves pasado en su contra.

Para Jarrín, ni los argumentos planteados por Fiscalía ni la motivación sustentada por la jueza Daniella Camacho se sostienen ni son suficientes para ordenar prisión preventiva.

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A la CNJ también llegaron los empresarios Teodoro Calle, Rafael Córdova, Ramiro Galarza, José Verdú, Édgar Salas y María Augusta Enríquez, mano derecha de Vinicio Alvarado. Todos tienen orden de presentarse periódicamente y prohibición de salida del país.

“La ley exige requisitos que se cumplan y que se motive lo que se ordena. Aquí nos encontramos con una argumentación de la Fiscalía que no solo a decir mío, sino de todos los abogados que participaron en la audiencia, es ineficiente, escasa y no justifica ni siquiera la vinculación, mucho menos pedir prisión preventiva”, dijo Jarrín.

La defensa de Correa dice tener ‘preocupación’ de la capacidad real que tendrá la Fiscalía para permitirles a cada uno de los vinculados ejercer su legítimo derecho a la defensa, más aún cuando en el expediente hay más de 400 cuerpos, es decir, 80.000 o 90.000 páginas. (I)

Pedido a Fiscalía

Mery Zamora pidió a la Fiscalía que se llame a rendir versión a Rafael Correa, Pamela Martínez y Laura Terán, y que se haga un peritaje a todos los correos en los que se refieren a ella. “Queda demostrado que Correa me persiguió de manera perversa... e hizo uso de todo el aparato de justicia". Dice que eso debe ser incluido en la investigación previa por su denuncia de fraude procesal, falsa imputación, delito de odio y tráfico de influencias. (I)

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