Guatemala ha forjado su historia en medio de dictaduras militares y de la lucha de los movimientos democráticos desde sus inicios como república.

Actualmente, el país de más de 17 millones de habitantes, donde según la ONU cerca del 60% vive en pobreza extrema, es escenario de conflictos con miles de guatemaltecos en las calles protestando por la crisis económica, migratoria, social y política, la corrupción, incluso exigiendo la suspensión de las elecciones presidenciales, que precisamente hoy disputan dos candidatos también cuestionados por irregularidades.

Unos 8 millones de guatemaltecos están llamados a las urnas para decidir entre la socialdemócrata Sandra Torres y el derechista Alejandro Giammattei, ambos de 63 años.

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El ganador se convertirá en el undécimo presidente desde la instauración de la democracia, en 1985. Sin embargo, tras la primera vuelta electoral los candidatos han sido blanco de críticas por su pasado político.

Torres, acusada de aceptar $ 2,5 millones para supuestamente financiar ilícitamente su campaña en el 2015, busca por tercera vez consecutiva llegar a la presidencia.

La acusación que enfrenta no le impidió participar en los comicios. Los cargos fueron presentados por la fiscal general un día después de que se oficializara como candidata, cuando ya gozaba de inmunidad.

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El otro aspirante, Alejandro Giammattei, busca el cargo por cuarta ocasión consecutiva. Entre el 2005 y 2007 fue director del Sistema Penitenciario. En su administración siete reos murieron y fue acusado de abuso de autoridad, asesinato y ejecución extrajudicial. En el 2010 fue detenido y tras diez meses salió en libertad, sin ser juzgado.

En la primera vuelta Torres superó a Giammattei, pero en los sondeos este lidera la intención de voto con 61 %, frente a 38,9 % de la candidata.

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A la incertidumbre sobre el futuro se suma la tensión que dejan las recientes acciones del presidente Jimmy Morales.

El mandatario, un excomediante, llegó al poder en el 2016 con la promesa de “cero tolerancia a la corrupción”, algo que no cumplió. Su popularidad decayó y enfrenta acusaciones por corrupción.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), respaldada por la ONU, fue clave en los procesos contra el gobernante, también contra el expresidente Otto Pérez Molina y su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes están presos por corrupción desde el 2015.

En agosto del 2018 Morales cesó el mandato de la organización. La Cicig cerrará sus puertas el 3 de septiembre y los dos candidatos presidenciales han descartado retomarla. Ambos estuvieron también bajo su mira. Los guatemaltecos, indignados, vieron el dictamen como un obstáculo para la justicia.

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Otra decisión polémica de Morales es el acuerdo de “tercer país seguro” firmado el pasado 26 de julio con EE.UU. Bajo este convenio, quienes aspiran a pedir asilo en Estados Unidos y pasen antes por este país centroamericano, deberán hacer allí su solicitud. El acuerdo permite a las autoridades estadounidenses regresar a migrantes a Guatemala y obliga al país a encargarse de ellos.

“Aquí apenas tenemos puesto para los guatemaltecos, la situación del país es crítica y viene el presidente y firma para recibir a migrantes, darles vivienda y trabajo. ¿Cómo vamos a hacer eso si somos un país tercermundista?”, dice Handy Morales, empleado privado.

La firma tuvo lugar luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Guatemala con aumentar aranceles a las exportaciones y gravar impuestos a las remesas, un motor de la economía.

Ambos candidatos rechazaron la firma del pacto y exigieron a Morales dar a conocer todo lo acordado. Sin embargo, el presidente no quiso reunirse con ninguno de los dos. (I)