Los puertorriqueños se preparaban para nuevas protestas el jueves luego de que el tercer gobernador en una semana asumió el cargo en la víspera.

El territorio estadounidense, de 3,2 millones de habitantes y que está sumido en una larga crisis económica, sigue dividido sobre quién debería ejercer el poder.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que tiene más de 30 años de experiencia en el gobierno, asumió el cargo el miércoles luego de que el Tribunal Supremo de la isla declaró que el nombramiento de Pedro Pierluisi, el elegido de Rosselló, el pasado viernes era inconstitucional.

Se prevé que la juramentación de Vázquez reactive las protestas, ya que muchos puertorriqueños ven su nombramiento como una extensión del mandato de Ricardo Rosselló, que dejó el cargo luego de semanas de movilizaciones callejeras que exigían su renuncia.

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Vázquez trató de calmar el malestar en una declaración televisada el miércoles en la noche, en la que informó que siente el dolor que han sufrido los puertorriqueños en las últimas semanas. Además, se comprometió a unificar la isla y a lograr la necesaria estabilidad.

"Todos hemos vivido la ansiedad que provoca la inestabilidad y la incertidumbre", dijo. "Ante este enorme desafío y con Dios por delante, doy un paso al frente sin ningún otro interés que no sea servirle al pueblo como lo hecho toda mi vida".

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, escribió en una opinión: "Puerto Rico vive la coyuntura más importante de su historia democrática".

"El verano de 2019 será recordado como el momento sin precedente en el que los puertorriqueños de todas las edades, ideologías, trasfondos y credos se lanzaron a la calle para exigir más de su gobierno", agregó.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien tuvo un papel crucial en la impugnación de Pierluisi, ha dicho que respalda a la comisionada Jenniffer González, la representante de la isla en el Congreso en Washington para la gobernación. Para ello, debería ser postulada y confirmada como secretaria de Estado y Vázquez tendría que renunciar.

La nueva gobernadora ha dicho que no piensa renunciar, a pesar de declaraciones anteriores de que no deseaba el puesto.

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Rivera convocó a una reunión a puerta cerrada con senadores, legisladores y González el jueves por la mañana. Varios funcionarios dijeron a la prensa al entrar que no sabían de qué se trataba, pero suponían que tenía que ver con la nueva gobernadora y la vacante en la secretaría de Estado.

"Realmente no sabemos lo que va a pasar", dijo el alcalde de Barranquitas, Francisco López y añadió que apoya a González para la gobernación.

La legisladora María de Lourdes Ramos, del Partido Nuevo Progresista de Rivera Schatz, dijo que el presidente del Senado tiene derecho a opinar, pero que ella no necesariamente la comparte. "Discutiremos pros y contras. Ahora lo que conviene es la unidad", afirmó.

La decisión judicial resolvió la disputa sobre quién debía quedar al frente del territorio después de que el gobernador anterior y varios de sus principales colaboradores se vieron forzados a renunciar tras semanas de protestas y acusaciones de corrupción, malversación de fondos y la filtración de un chat con obscenidades.

Vázquez, una exfiscal de 59 años, es la segunda mujer en asumir el cargo en la historia y terminará el mandato de Rosselló hasta las próximas elecciones, programadas para noviembre de 2020, pero al menos algunos de los participantes en las protestas contra el exgobernador piden también su salida. Sus detractores afirman que como secretaria de Justicia no fue lo suficientemente enérgica para abrir investigaciones por corrupción a miembros del Partido Nuevo Progresista, al que pertenece y que no dio prioridad a los casos de violencia de género.

Antes de su nombramiento como secretaria de Justicia en enero de 2017, Vázquez fungió como fiscal de distrito durante dos décadas en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, llevando casos de violencia doméstica y abuso sexual. En 2010 fue designada al frente de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

La nueva gobernadora no habló con reporteros tras la ceremonia de juramentación, en la que estuvo acompañada por su hija y su esposo, el juez Jorge Díaz, pero en su discurso televisado, Vázquez dijo que trabajará para todos los puertorriqueños.

"La historia me ha traído hasta aquí sin aspiración política alguna", afirmó. "Reconozco que no fui electa por el pueblo para este cargo (...) pero vengo de ese mismo pueblo. Soy producto de escuela pública (...) sé lo que es venir de abajo. Sé lo que es el trabajo fuerte".

Un pequeño grupo de personas se congregó antes frente a la residencia del gobernador en el distrito colonial de la capital, San Juan, para pedir a Vázquez que deje el puesto. Los manifestantes mantuvieron la calma mientras otros, incluyendo turistas, les tomaban fotos y videos.

Carmen Santiago, un ama de casa de San Juan que se unió a la protesta, dijo que los puertorriqueños todavía tienen energía para organizar más manifestaciones.

"Especialmente los jóvenes. Debe de ser el pueblo que lo escoge, no que el partido lo haga", afirmó.

Los detractores de la nueva gobernadora alegan que la Oficina de Ética del Gobierno recibió en noviembre una denuncia sobre posibles violaciones éticas cometidas por Vázquez, que fue acusada de participar en un caso con un sospechoso de robar propiedad del gobierno en una casa en la que vivía su hija. Compareció ante el tribunal para enfrentar los cargos, incluyendo dos violaciones de la ley ética, pero un magistrado decretó en diciembre que no había evidencias para su detención.

Pierluisi sucedió a Rosselló apenas unos días luego de que este lo nombró secretario de Estado durante el receso legislativo. El viernes, la Cámara de Representantes de la isla aprobó su nominación al cargo, que lo colocaba el primero en la línea para suceder a un gobernador que deja el cargo y juró el cargo tras la renuncia formal de Rosselló.

Sin embargo, el Senado presentó una demanda para impugnar la legitimidad de Pierluisi como gobernador, alegando que su nombramiento previo como secretario de Estado también necesitaba de su aprobación y el Tribunal Supremo decidió en favor de la cámara alta.

Rosselló dejó el cargo después de casi dos semanas de protestas tras la filtración del chat en el que él y otros 11 hombres, incluyendo funcionarios del gobierno, se burlaban de mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María. Más de una veintena de funcionarios renunciaron poco después de la filtración, incluyendo al exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín.

Yanira Gil, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, dijo que el fallo del Tribunal Supremo se adoptó por una asombrosa unanimidad.

"Vamos a estar incluyéndolo en nuestros cursos", informó. "Definitivamente es una decisión para la historia". (I)