Una vez que la Fiscalía accedió a los 3.148 archivos del computador personal de la exasistente de la Presidencia de la República, Laura Terán, dentro del caso Sobornos 2012-2016, la fiscal general Diana Salazar empieza a solicitar información oficial de empresas y personas que son señaladas en esos documentos.

Por ejemplo, Salazar pide a la Unidad de Control Migratorio información respecto a los movimientos migratorios de 27 personas, entre ellas Tomislav y Jan Topic, relacionados a la empresa Telconet; José Santos, directivo de Odebrecht, y extranjeros que tienen relación con empresas que mantuvieron contratos en proyectos estratégicos del Estado durante la administración de Rafael Correa. 

También solicita al Servicio de Contratación de Obras, a la Senagua y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que en un plazo de 48 horas remitan un listado de todos los contratos suscritos entre 2012 y 2016 por el Estado y empresas como Hidalgo & Hidalgo, Fopeca, Equitesa, Sanrib Corporation, Metco, Sinohydro, Consemin, Norberto Odebrecht, CWE, Semaica, SK Engineering & Construction, entre otras.

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Además, un total de 28 personas son llamadas a rendir versión en este caso que procesa los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Entre los nombres que hacen parte del listado están el exfiscal general Carlos Baca; de la exasambleísta Sofía Espín, la actual asambleísta Wendy Vera y la parlamentaria andina Pamela Aguirre, quien recogió firmas para pedir que se permita la reelección de Rafael Correa y lideró el colectivo Rafael Contigo Siempre.

Uno de los últimos movimientos que registró Terán en su computador personal corresponde al 9 de agosto de 2016 y explica que Gustavo Bucaram recibió $100.000, previa autorización de A1-RCD (Terán identifica ese código con Rafael Correa) y por pedido de Carlos Baca para el colectivo 'Rafael Contigo Siempre'.

Los exfuncionarios del correato Francisco Latorre y Rommy Vallejo también han sido convocados a rendir versión.

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En el caso de la asambleísta Vera, la Fiscalía no solo le emite una segunda convocatoria para rendir versión, bajo prevenciones de ley, sino que también le solicita que remita a la Fiscalía, en el plazo de 48 horas, copias certificadas de las facturas 001-001-276, del 26 de diciembre de 2013 por el valor de $ 13.440 con la empresas Metco, y la número 001-001-272 del 12 de diciembre de 2013 por el valor de $ 6.720 dólares con la empresa Fopeca. 

Las personas jurídicas Fopeca y Metco aparecen en el listado de empresas que habrían entregado recursos al movimiento Alianza PAIS en efectivo o vía cruce de facturas entre el 2012 y el 2016. (I)