Filial del Banco Mundial se suma al escándalo de Odebrecht en Colombia

Una autovía de 1.000 kilómetros (620 millas) a través de una zona montañosa para conectar la capital, Bogotá, con los transitados puertos del Caribe, ha sido el mayor proyecto de transporte en la historia de Colombia. María Victoria Guarín fue una asesora financiera clave para su ejecución. Como asesora de inversiones de una entidad filial del Banco Mundial, su trabajo era ayudar al gobierno a establecer los términos para una licitación competitiva de los contratistas. Pero resultó que Guarín estaba casada con un alto ejecutivo de una de las empresas que ganó parte del contrato que ella ayudó a supervisar. Este aparente conflicto de intereses ha implicado ahora a la institución en el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, como se reveló en un reporte publicado el año pasado por la agencia antimonopolio de Colombia que pasó casi desapercibido. El conglomerado Grupo Aval, que emplea al marido de la asesora, se asoció con Odebrecht, el gigante de la construcción brasileño que admitió haber pagado 6,5 millones de dólares en sobornos para ganar el contrato, uno de las docenas de proyecto que reconoció haber conseguido gracias a pagos ilegales. El escándalo salpicó a los políticos de la región y provocó la entrada en prisión de decenas de mandatarios de alto nivel. Pero el papel del Banco Mundial como asesor gubernamental durante el auge de los proyectos de infraestructuras movidos por sobornos en las últimas décadas ha recibido mucha menos atención.Se supone que la filial del sector privado del Banco Mundial, conocida como Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), reduce la pobreza en el mundo en desarrollo a través de la promoción de la inversión privada.En una demanda administrativa antimonopolio presentada en septiembre contra Guarín y varias personas más, la IFC está acusada de no actuar ante el posible conflicto de intereses de la asesora durante cerca de dos años, incluso cuando supuestamente decantó el proceso de licitación de parte del contrato de 2.600 millones de dólares en favor de la empresa para la que trabajaba su esposo. Diego Solano, su esposo , que también estuvo implicado, funge ahora como director financiero de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Si los cargos civiles por beneficiarse de un conflicto de interés y contactos inapropiados se mantienen, Guarín podría enfrentar una sanción económica de hasta un millón de dólares. En el caso de Aval y sus subsidiarias, la multa podría ascender a 150 millones. "No hay duda de que la IFC conspiró contra la libre competencia y la transparencia” , señaló en una entrevista Pablo Robledo, exregulador antimonopolio que dirigió la pesquisa.Por el momento no se han presentado cargos penales contra nadie, ni hay indicios de que Guarín y Solano se beneficiaron financieramente . Pero en abril, un juez pidió al procurador general de Colombia que investigara a la pareja al sentenciar a 11 años de prisión a José Melo, director general de la filial de Aval integrada en el consorcio.Durante el juicio a Melo, un exviceministro de Transporte encarcelado por aceptar sobornos declaró que el gerente de Odebrecht en el país le hizo creer que la empresa ya había influido en la estructuración de las condiciones del contrato a través de Guarín. En el momento en que salió el proyecto de la autopista, las multinacionales se recuperaban de la crisis financiera global y recelaban de invertir en un país donde el conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia seguía abierto. La misión de la IFC era ayudar al gobierno a atraer todo el interés posible. La IFC supuestamente se mantuvo firme mientras la empresa de Solano buscó activamente aprovechar el conflicto de interés, según las conclusiones de la agencia antimonopolio. Entre otras supuestas irregularidades se organizó un almuerzo entre Guarín, su esposo y Melo. El encuentro iba a tener lugar en enero de 2009, semanas antes de la publicación de las condiciones de la oferta.Los contactos continuaron luego del inicio del proceso de licitación, que duró meses. Fue entonces cuando, según el regulador antimonopolio, se impusieron reglas estrictas para asegurar que las comunicaciones con el gobierno o sus asesores fuesen transparentes y todos los pujadores tuviesen el mismo acceso a la información.Durante este periodo, Guarín instó en un correo electrónico al gobierno a reducir las garantías para los solicitantes. Alegó que fue informada en privado por un ejecutivo de Odebrecht de que las elevadas cantidades suponían un “factor no negociable”. Un mes después, los requisitos habían cambiado."Claramente no se siguió el patrón que debería caracterizar al comportamiento de la IFC de acuerdo con el código ético del Banco Mundial", dijo Camilo Enciso, abogado penal y director del Instituto Internacional Anticorrupción, quién revisó la documentación del caso."La pareja tuvo un claro interés en el éxito o el fracaso de este proyecto por sus carreras, apuntó. Los posibles conflictos de interés "estaban en todas partes”, agregó Enciso citando el uso de información confidencial, tráfico de influencias y favoritismo, entre otros. "La IFC debería haberlo sabido mejor”.Guarín y Solano declinaron realizar comentarios. Pero en documentos judiciales ambos rechazaron la acusación de conflicto de interés. Mientras que Solano alegó que tomó medidas para aislarse del proceso de licitación, Guarín apuntó que la rebaja de las garantías financieras benefició a todos los contratistas y reflejó viejas preocupaciones en todo el sector. Por su parte, Aval señaló que estaba cooperando con las autoridades pero se negó a realizar más declaraciones. La IFC también rechazó las acusaciones señalando que Guarín fue contratada antes de que se supiese quienes iban a ser los candidatos al proyecto , y su fichaje se debió a su experiencia en el sector de las infraestructuras. Formaba parte de un equipo más grande y no tenía un puesto de dirección.La IFC dijo también que notificó al gobierno y puso en marcha salvaguardas para evitar cualquier conflicto de interés una vez reportes de prensa de julio de 2009 indicaron que Aval participaría en el proceso. Eso ocurrió más de 20 meses después de que la institución empezase a asesorar al gobierno de Bogotá."Como es habitual en estos proyectos, la IFC solo prestó servicios de asesoría mientras que la decisión final acerca de la estructura del proyecto y la adjudicación del contrato dependieron exclusivamente del gobierno colombiano”, señaló la IFC en un comunicado.Las salvaguardas incluyeron evitar que Guarín desempeñase papel alguno en el proceso de evaluación de las ofertas. Pero en una audiencia pública en septiembre de 2009, el entonces ministro de Transporte de Colombia expresó su sorpresa al enterarse de que Guarín estaba casada con un ejecutivo de Aval gracias a una queja anónima que describió la relación como un “conflicto de interés perfectamente camuflado”. Richard Cabello , director de los servicios de asesoría de la IFC en Latinoamérica, dijo que la organización había tomado medidas no especificadas desde el principio para mitigar cualquier posible efecto negativo derivado del matrimonio de Guarín, según una transcripción de la vista.Además prometió responder a la "insinuación" por escrito _ aunque no hay registros de que la IFC lo hiciese públicamente hasta casi ocho años después, en respuesta a una columna publicada en una revista. En el comunicado de 2017, la IFC dijo que avisó de la situación al gobierno un mes antes de la audiencia en coordinación con un departamento del IFC encargado de gestionar posibles conflictos.Cabello, como la IFC, "se limitó a restarle importancia a lo sucedido, a plantear excusas impertinentes en tanto que no comportaban un pronunciamiento acerca del fondo de la denuncia”, señaló la agencia antimonopolio en su informe de 168 páginas emitido en septiembre.Según la entidad, la IFC se negó a cooperar con su investigación por su inmunidad en procesos judiciales al tratarse de una organización internacional. Como resultado, concluyó que no se habían tomado acciones para solucionar el conflicto. La IFC dijo que se ofreció a trabajar con el gobierno para aclarar las circunstancias relacionadas con el proyecto. Por otra parte, un abogado de Aval acusó al regulador de abusar de su autoridad por acceder a los correos electrónicos de la empresa sin una orden judicial y por interrogar a Solano sin un abogado presente. El defensor del pueblo de Colombia inició una investigación a Robledo en respuesta.Dos días después de la audiencia, Aval envió una carta al gobierno diciendo que Solano, que entonces era un alto ejecutivo, no desempeñó ningún papel en el proceso pese a los emails que sugerían lo contrario.En un documento judicial, Solano señaló que su implicación estuvo limitada a ayudar a estructurar el memorándum de entendimiento con Odebrecht y a medir el posible impacto que tendría ganar la concesión en las cuentas de Aval. Además, señaló que el regulador antimonopolio ignoró un correo electrónico de agosto de 2009 en el que le pidió de forma explícita a Melo que no le enviase información confidencial sobre la oferta.Sin embargo, esas comunicaciones muestran que el presidente de Aval, Luis Sarmiento, el hijo del hombre más rico de Colombia, estaba al tanto del asunto y pidió cautela para que una posible victoria no se viese afectada por una demanda.Pese a los riesgos, los esfuerzos de cabildeo parecieron dar sus frutos, de acuerdo con el regulador antimonopolio. Cuando se anunciaron los resultados de la licitación el 14 de diciembre de 2009, los otros dos únicos competidores fueron descalificados por cuestiones técnicas . El consorcio Odebrecht-Aval ganó el contrato por alrededor de 1.000 millones de dólares, justo por debajo del máximo permitido, lo que sugiere que no temía verse superado.Años más tarde, cuando Melo se retiró, envió un email de despedida a su colega Solano. "Un saludo también a María Victoria, quien en secreto siempre ha sido hincha nuestra”, escribió.En un acuerdo de culpabilidad de 2016 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos para ganar contratos en 12 países, la mayoría en Latinoamérica. (I)

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