La minería irregular intenta tomarse tres poblaciones ubicadas en los cantones Mira, Espejo y Bolívar, pertenecientes a la provincia del Carchi.

Buscadores de oro de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y del sur del país fueron desalojados en las últimas semanas.

En el grupo también se contaban disidentes de los grupos armados de Colombia, quienes intentaron controlar estos sectores; así como ciudadanos venezolanos cautivados para trabajar en condiciones infrahumanas en estos territorios a los que se puede acceder solo  en carros de doble transmisión.

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En El Cielito (Mira), más de un centenar de policías expulsó a 500 personas que intentaban posicionarse en este sitio, donde aseguran hay material aurífero. Vecinos de la zona denunciaron la presencia de gente armada que venía provocando inseguridad y zozobra.

Luego de un operativo pacífico se logró retomar el control de este lugar. Uniformados de la Policía Nacional se mantienen en esa comunidad evitando el ingreso de extraños.

Mientras, en Monte Olivo (Bolívar), en el límite con Imbabura, una acción similar en El Riñón, liderada por 25 gendarmes, sacó a 100 mineros informales. Allí se destruyó un campamento y se aprehendieron equipos y herramientas.

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Frente a los riesgos existentes fueron asignados 82 militares en Monte Olivo y San Rafael,  quienes realizan patrullajes móviles y pernoctan en un coliseo de esa localidad.
A este grupo se unieron 50 policías, que están a 20 km, en el sector de Piquiucho, en la Panamericana E 35.

Se trata de un lugar estratégico que coordina acciones con el puesto policial de Mascarilla”, indica Fernando Herrera, comandante de la subzona de Policía Carchi.

Este grupo policial especial impide el ingreso de personas extrañas y realiza el control de vehículos que entran y salen de Monte Olivo. Los habitantes de los dos poblados se oponen a las actividades mineras, ya que temen una probable contaminación del agua de riego y consumo humano, cuyas fuentes están junto a la mina.

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Edin Moreno, gobernador del Carchi, sostiene que se ha logrado el control de los lugares que estaban amenazados y que corrían el riesgo de convertirse en un segundo Buenos Aires (Imbabura), pero agrega que las acciones continuarán.

En Morán, una pequeña comunidad en el cantón Espejo, la construcción de un túnel con una longitud de más de 30 metros alertó a los pobladores que están demandando la intervención y presencia del Estado.

Polibio Malte, dirigente de Morán, denunció que el presidente de la parroquia El Goaltal, Édison Sandoval, habría llegado al sector con el propósito de insinuar a la gente que se permitan labores de minería.

Pero va más allá al señalar que existen sospechas de que los presidentes electos de tres juntas parroquiales habrían sido auspiciados por grupos de mineros, y creen que una vez que sean posesionados van a ser el nexo con esas organizaciones para realizar la extracción.

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La acusación la hizo en el encuentro efectuado en Morán, el pasado martes, al que asistieron varias instituciones para analizar el problema. La queja fue corroborada por campesinos de otros sectores.

A pesar de que los operativos de las últimas semanas han sido exitosos y dos de los tres lugares cuentan con la presencia de la fuerza pública, hay preocupación y cierto miedo en estas poblaciones, donde la gente ya no quiere hablar por temor a posibles represalias.

Decomiso de cianuro
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), a través de la Unidad de Vigilancia Aduanera incautó, en la frontera norte, un cargamento de cianuro de sodio, que era usado en actividades mineras irregulares en Carchi e Imbabura.

El decomiso fue de 86 bidones con este tóxico que estaría siendo internado desde Colombia. El químico  es utilizado en los procesos que aplican mineros ilegales asentados en betas de Carchi e Imbabura. 

Contrabando en frontera
Nueva ruta
El decomiso del cargamento de cianuro dejó al descubierto  la nueva ruta para el tráfico de este compuesto peligroso, entre las ciudades fronterizas de Ipiales y Tulcán, que es movilizado por supuestos comerciantes que actúan al margen de la ley. (I)