María del Carmen Maldonado preside el Consejo de la Judicatura (CJ) desde hace un poco más de un mes. Cuando se posesionó ante la Asamblea, el 29 de enero pasado, habló de cuatro ejes de trabajo: lucha anticorrupción, fortalecimiento institucional, independencia de la justicia y reforzar mecanismos de investigación y sanción de los casos de abuso sexual de niños, adolescentes y mujeres.

Ella afirma que pese al corto tiempo de gestión hay algunos avances que detalló en una entrevista con este EL UNIVERSO. Este es un resumen.

¿Qué se ha avanzado en la lucha anticorrupción?

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Estamos trabajando desde el primer día y ya hay frutos. Hemos suscrito un convenio con las principales instituciones relacionadas a la lucha anticorrupción, como la Fiscalía, la Contraloría, la Secretaría Anticorrupción, la Procuraduría y la UAFE. Busca la coordinación e intercambio de información. En ese evento se pidió al contralor que nos den los resultados de los exámenes especiales en el Consejo de la Judicatura, que se amplíen los exámenes al Consejo cesado y al transitorio. En nuestras áreas internas hemos identificado la necesidad de realizar auditorías a los contratos de al menos cuatro unidades judiciales: dos en Quito, Daule y El Empalme.

¿En qué administración se construyeron estas unidades judiciales?

En el Consejo cesado (el que presidía Gustavo Jalkh); también en ese marco requerimos a la Contraloría que nos ayude con información respecto al concurso de selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. La Contraloría ya empezó la investigación y queremos los resultados para poder evaluar, también, el parámetro de legitimidad de los magistrados.

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¿Qué se ha planificado en el tema de fortalecimiento institucional?

Este eje tiene tres líneas de acción. Capacitación, evaluación y tecnificación. En cuanto a la evaluación, por mandato constitucional la haremos a toda la Función Judicial, pero por la cantidad de servidores judiciales (11.000, el 80% en labores jurisdiccionales y de apoyo), empezaremos por la Corte Nacional de Justicia. Lo haremos con parámetros cualitativos y cuantitativos, pero también con los de legitimidad y transparencia, como lo manda la Constitución.

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¿Por qué la legitimidad? La Corte dice que eso no está apegado a la legislación.

Porque presuntamente hay jueces o servidores que no cumplían con ciertos parámetros para ocupar los cargos. Pero eso no lo decide el CJ, sino que se definirá con base en los insumos que nos proporcionen otras instancias, como la Contraloría.

¿Y si se determina que la Corte actual no es legítima, esto no le afecta a usted misma por haber sido nominada por esta?

Según el esquema constitucional, el CJ se escoge de las ternas enviadas por el Ejecutivo, Asamblea, Corte Nacional, Fiscalía y Defensoría Pública. A pesar de que estas nos habilitaron para integrar el CJ, ahora ya en funciones, tenemos que cumplir los mandatos constitucionales.

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¿Cómo será la metodología de evaluación?

Primero, hemos planificado la existencia de una veeduría, a través del Consejo de Participación Ciudadana (sin descartar una internacional), porque constitucionalmente se nos manda a tener procesos de selección y evaluación con control ciudadano. Además hemos tenido acercamiento con las universidades para contar con los mejores catedráticos que nos permita conformar un Comité de Expertos y otro Evaluador. Unos elaboran la metodología y otros la aplican. Tenemos que contar con los informes de otras instituciones sobre la legitimidad y transparencia de los jueces.

¿Cuánto tardará esto?

No me atrevo a dar tiempos porque las universidades, por ejemplo, tienen que mandar a sus mejores exponentes.

¿Cómo se trabajará en la independencia judicial?

Hemos difundido y posicionado un discurso sobre la naturaleza real del Consejo de la Judicatura. En la Constitución se establecen los órganos encargados de la administración de justicia: jueces de la Corte Nacional, cortes provinciales, unidades judiciales y de paz. La Judicatura no administra justicia, es el órgano de control, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Tenemos que estar vigilantes del correcto accionar disciplinario del juez, del fiscal, del servidor.

Pero le cito un caso reciente. Cuando se dictó la sentencia que favoreció a Iván Espinel, el Ejecutivo y la Fiscalía pidieron que se revise su actuación; y la Judicatura se sumó a esto. ¿No están respondiendo a una solicitud expresa?

Estoy casi segura de que, cronológicamente, nuestro comunicado fue primero... Ahora, hay casos de mayor conmoción social en que la Judicatura expone su posición respecto a estar vigilantes del comportamiento del juez, mas no porque sean de interés del Ejecutivo u otra función.

¿Es posible evitar la politización la justicia?

Es un reto de todos los países de la región y hasta los más maduros... En algunos países se agravó la situación. En un momento dado los jueces estaban sujetos a disposiciones del Ejecutivo y eso no puede pasar. Pero eso no solo depende de las instituciones o el Estado sino de los ciudadanos, que deben denunciar. (I)