Todos los días, en la Contraloría General del Estado (CGE), cientos de auditores –unos jóvenes y novatos, y otros mayores y con décadas de experiencia– elaboran informes sobre el uso de fondos públicos. Sin embargo, quien tiene la última palabra –con la que se puede condenar o santificar a un funcionario público– es el contralor.

La institución, en la hora determinante, se reduce a lo que firme o deje de firmar su máxima autoridad.

Pasó, por ejemplo, en los tiempos de Carlos Pólit, cuyos informes sirvieron para desvanecer responsabilidades de Odebrecht. Ahora, con Pablo Celi como contralor subrogante, varios de los notificados en las auditorías se sienten “en indefensión ante el poder de una sola persona”.

Muchos de los excontralores destinaban uno o dos días de la semana, exclusivamente, para firmar los informes apilados en su escritorio.

El propio Celi lo ha reconocido. Por ello, planteó al Ejecutivo y al Consejo de Participación una reforma radical: sustituir a la Contraloría por un Tribunal de Cuentas. La razón: “los últimos acontecimientos críticos han revelado debilidades... de una estructura en la que prevalecen elementos definidos hace 90 años, como... la autoridad unipersonal que, en el contexto... actual, debe ser superada”, sostiene la Contraloría.

El proyecto de ley contempla “superar la figura actual de autoridad unipersonal” y, en su lugar, conformar un cuerpo colegiado de siete “ministros auditores”. Dos serían designados por la Asamblea; uno, por el Presidente de la República; dos, por concurso público; y dos, por concurso interno. Estarían en funciones durante seis años y se dividirían: el titular del Tribunal, la representación legal; tres irían a la sala de auditoría, y tres a la de determinación de responsabilidades.

En la iniciativa, por ejemplo, también se restituye el Registro de Contratistas Incumplidos y el informe previo del organismo para la firma de contratos del Estado, requisito que fue eliminado por iniciativa del gobierno de Rafael Correa.

Al mismo tiempo, se señala que la Fiscalía podría iniciar acciones penales por el desvío de dinero público sin que, necesariamente, haya un informe previo del Tribunal de Cuentas.

Tanto el presidente Lenín Moreno como el titular del Consejo de Participación, Julio César Trujillo, se han manifestado a favor de la propuesta, pero ninguno ha enviado el proyecto de reforma a la Asamblea. (I)