'Vínculos de riesgo' marcaron a la cesada Corte Constitucional

Jueces de la Corte Constitucional en una sesión de trabajo
En esta foto constan los nueve jueces constitucionales que fueron cesados en agosto del 2018: Manuel Viteri Olvera (izquierda), Tatiana Ordeñana Sierra, Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez Loyza, Alfredo Ruiz Guzmán, Marien Segura Reascos, Wendy Molina Andrade, Ruth Seni Pinoargote y Roxana Silva Chicaíza.
1 de Febrero, 2019 - 00h00
1 Feb 2019 - 00:00

El tiempo en el que la Corte Constitucional (CC) correísta resolvía los casos que llegaban a sus manos reveló la “forma arbitraria” en la que se elegían las causas judiciales: “No responde a criterios objetivos como cronología, gravedad del hecho vulnerado, impacto”, argumentó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para destituir, el 23 de agosto de 2018, a los magistrados del máximo organismo de la justicia en el país.

Si se trataba de casos propuestos por grupos vulnerables, trabajadores o líderes opositores al expresidente Rafael Correa, la Corte se tomaba en promedio más de cuatro años.

El caso Satya, por ejemplo, de la niña cuyas madres lesbianas lucharon para inscribirla con sus dos apellidos, tardó seis años: se presentó en el 2012, la Corte lo admitió a trámite en el 2014 y en el 2018 se resolvió la sentencia favorable.

Mientras, el caso del SRI contra la petrolera OCP, en el 2013, se resolvió en dos meses, al igual que el pedido de un grupo correísta que buscaba derogar la norma que le impedía a Correa la reelección: se presentó el recurso de referéndum en febrero, se lo admitió en marzo y se lo aceptó en abril del 2016. “Cuando provenían del ejecutivo, las consultas se resolvían en horas, cuando provenían de la ciudadanía muchos casos pasaron años sin resolverse”, resume Ramiro García, miembro de la comisión calificadora que seleccionó a los nuevos jueces de la Corte Constitucional.

Aquiles Rigail, del Consejo de la Judicatura de transición y que estuvo en funciones hasta el 28 de enero pasado, agrega que “hay 8.000 causas represadas, y sin ni siquiera haber sido admitidas 2.500”. La cesada Corte señala que dictaron 3.381 sentencias.

“La Corte incumplió sus funciones”, se adujo para su cese. A esto se sumaron las “vinculaciones riesgosas” y los “conflictos de intereses” de parte de algunos jueces: exfuncionarios, una asesora y hasta una magistrada a quien Correa casó en el Palacio de Carondelet. 

 

Alfredo Ruiz: No he tenido presiones

 

Alfredo Ruiz Guzmán pasó de ser docente por más de 30 años y decano universitario a convertirse en juez en la Corte Constitucional (CC), en el 2012. Tres años después fue elegido presidente hasta el cese de sus funciones, en agosto del 2018.

En su gestión, el guayaquileño de 74 años fue el que menos faltas tuvo (20) en 373 sesiones. En el 2016 ganó un reconocimiento internacional por dictar la ‘mejor sentencia’, en la categoría ‘Derecho de accesos a la justicia de personas migrantes’, y en el 2018 fue juez ponente y votó a favor en sentencias como la eliminación del techo de utilidades y el aporte estatal del 40% al fondo de pensiones del IESS, casos que llegaron tres años antes.

Ruiz estuvo ligado a la política en 1990 al ser diputado alterno de Raúl Patiño por el partido Socialista Ecuatoriano; en el 2006 fue candidato a diputado por Red Ética y Democracia, y un año después formó parte del gobierno anterior al integrar la Comisión de Modernización del Conesup.

Parte de esas experiencias las omitió en la hoja de vida que entregó para la elección de los jueces, apuntó el Consejo de Participación Ciudadana en una evaluación realizada a Ruiz: “Las vinculaciones ocultas son indicios de su falta de independencia en su cargo”. Pero él lo niega y agrega: “No he recibido presiones”.

Entre el 2012 y 2018, el exjuez recibió más de $ 420 mil en salarios. A eso se suma el sueldo que la Universidad de Guayaquil le pagó durante un ‘año sabático’ del 2013 al 2014.

En 2015 registró en Contraloría $ 208 mil de patrimonio, y al cesar sus funciones, en 2018, $ 323 mil. “Tengo una casa (en Ceibos) comprada con préstamo del Biess, otra casa (en Los Esteros) que se canceló hace muchos años, una oficina (en centro) y una casa en Playas que se afectó con el terremoto”, enumera Ruiz y asegura que solo la de Ceibos, de $ 130 mil, la compró durante su gestión.

Ruiz, en trámite de jubilación, tiene un hermano que ha recibido $ 1 millón en 16 contratos del Municipio de Guayaquil, Ecapag y Secob, del 2012 al 2017. “Hace muchos años es fiscalizador”, justifica.

CARGOS: Juez y presidente de la Corte, decano y miembro de la Comisión de Modernización.
SUELDO: $ 5.509.
PAGO DE IMPUESTOS: $ 16.901, del 2012 al 2017.
BIENES: Tres casas, una oficina y dos autos (del 2011 y 1994).

 

Salida de Pazmiño dio paso a Marien Segura

Marien Segura Reascos, de 47 años, fue la última jueza en incorporarse a la Corte Constitucional (CC). Lo hizo en junio del 2016, cuando el entonces presidente de ese organismo, Patricio Pazmiño Freire, renunció para asumir como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

Segura había participado en el 2015 en el concurso para renovar tres vacantes de la CC, pero su nota de 73 la puso en cuarto puesto. No pudo ser nominada directamente, pero la calificación le permitió estar a la cabeza en una lista de futuros elegibles. Fue por esa razón que, tras la renuncia de Pazmiño, ella pasó a formar parte de la CC. En el informe de gestión que presentó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en mayo, Segura recalcó que no reemplazó a Pazmiño, sino que fue designada por méritos en el concurso del 2015.

Antes de ser designada como magistrada, Segura pasó por el Ministerio de Justicia, donde fue directora de la cárcel de máxima seguridad La Roca, durante 10 meses, entre 2010 y 2011, cuando José Serrano Salgado dirigía esa cartera.

Luego Segura pasó al Departamento Legal del hospital Guayaquil y, más tarde, se convirtió en jueza de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas. Cuando tenía ese cargo, se postuló a la CC. Al ser designada como jueza constitucional, Segura recibió críticas de Amparo Gómez, exesposa de Ricardo Rivera Arauz, tío del exvicepresidente Jorge Glas.

Gómez señala que, durante cinco años, la jueza nunca ordenó el pago de las pensiones alimenticias para su hija ni la prisión para Rivera. A pesar de las quejas que puso contra Segura, esta fue designada como jueza de la CC.

En su última declaración juramentada de bienes, que está disponible en la Contraloría y que fue presentada en el 2018, tras su salida de la CC, Segura registró bienes por $ 354 mil y deudas por $ 194 mil. Es decir que su patrimonio total asciende a $ 160 mil.

Ella declinó dar comentarios para esta publicación.

CARGOS: Directora de La Roca y jueza de la Corte Constitucional.
SUELDO: $ 5.509.
PAGO DE IMPUESTOS: $ 6.206, del 2016 al 2017.
BIENES: Su patrimonio es de $160 mil. En 2017 pagó impuestos por un predio de $ 148 mil.

 

Manuel Viteri: Auditen mis cuentas bancarias

Manuel Viteri Olvera percibió más de $ 700 mil en sueldos en los casi 13 años como juez en el Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional (CC), y en ese lapso pagó $ 31 mil en impuesto a la renta, según el SRI.

En un informe de gestión de la Presidencia de la CC enviado al Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCST) se detalla que el abogado guayaquileño –79 años– fue el juez que más veces se ausentó en las sesiones del pleno, con 115 faltas, entre el 2012 y 2018.

“He sido un juez constitucional que ha cumplido con sus funciones de manera transparente... Dejo la posibilidad, auditen mis cuentas bancarias”, se lee en otro informe, suscrito por Viteri, sobre quien pesa desde junio del 2018 una investigación de la Fiscalía por un presunto delito de lavado de activos sobre operaciones inusuales.

Este Diario solicitó una entrevista a Viteri, a través de su hijo Manuel Viteri Thompson, pero no hubo respuesta. Sin embargo, Viteri Thompson, quien registra el cargo de director de asesoría jurídica de la distrital Guayaquil de Aduana y que tiene un patrimonio de $ 316 mil, comenta que su padre “es una persona muy humilde”. Martha Viteri Thompson, también hija del exmagistrado, es la notaria pública trigésimo novena de Guayaquil y registra un patrimonio de $ 731 mil.

En la Contraloría no consta la declaración de bienes de Manuel Viteri del 2018 y en la del 2017 se registra un patrimonio de $ 459 mil, con fecha 2012. Hoy vive en una villa en Playas y, según los registros, posee un local en el edificio Induauto, una oficina céntrica y una casa en urbanización Los Senderos, en Guayaquil.

En un juicio del 2009, Viteri indicó que residía en Miraflores, en un bien que hoy figura a nombre de Marjorie Morante Jiménez, exasesora en la Corte Constitucional en el 2015 y 2016. En el 2015, ella obtuvo un fallo de la CC a su favor en una acción de protección del 2011 por un litigio de tierras.

En el 2017, Viteri recibió una sentencia favorable de sus colegas magistrados ante quienes presentó un recurso para que el IESS le devuelva los gastos incurridos en la recuperación de su doméstica en el 2014.

CARGOS: Juez penal, docente y juez constitucional.
SUELDO: $ 5.509.
PAGO DE IMPUESTOS: $ 31.071, del 2006 al 2017.
BIENES: Tres carros. Un local comercial y una oficina en el centro, y una casa en el norte, en Guayaquil.

 

Roxana Silva fue asesora de Jalkh e INFA

En el 2003, Roxana Silva Chicaíza integró la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, eliminada en el régimen de Rafael Correa.

Esta abogada de 45 años, quien declaró en 2018 un patrimonio de casi $ 1 millón y que ha pagado $ 28 mil en impuestos del 2015 al 2017, ocupó varios cargos durante el correísmo.

Asumió como jueza de la Corte Constitucional (CC) de noviembre del 2015 a agosto del 2018 cuando fue cesada tras una evaluación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST), cuyo examen determinó que la entonces magistrada tuvo “conflicto de intereses por vinculaciones con la función Ejecutiva”.

En el 2008 y 2010, Silva fue asesora en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA). En el 2009 integró el primer Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, designada por la Comisión Legislativa (Asamblea transitoria, de mayoría oficialista).

Del 2011 al 2015 fue vocal en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en ese año también se desempeñó como asesora del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y exsecretario particular de Correa.

Silva, quien no atendió una entrevista de este Diario, enfrenta una investigación de la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.

“Conozco ese informe de la UAFE que no tiene ni pie ni cabeza”, dice José Silva Tutivén, padre de la exjueza, sobre los supuestos movimientos bancarios inusuales de su hija. La Fiscalía también lo investiga a él por ese presunto delito.

Según reportes bancarios, Nelson Moncayo consta como beneficiario de pagos de Silva por $ 260 mil, por la compra de su casa de 330 m² (cerca del antiguo aeropuerto de Quito), en enero de 2018: “Era de dos pisos, ni mi esposa y yo por lesiones podíamos seguir ahí por las gradas, y decidimos venderla...”.

A nombre de la exjueza hay otros cuatro predios en Quito ($ 965 mil) y cuatro más en Guayaquil ($ 214 mil).

CARGOS: Asesora del INFA y de la presidencia del Consejo de la Judicatura, jueza constitucional.
SUELDO: $ 5.509.
PAGO DE IMPUESTOS: $ 28.214, del 2015 al 2017.
BIENES: Un carro ($ 17 mil) y nueve predios (Quito/Guayaquil).

 

Tatiana Ordeñana: Todo mi patrimonio está justificado

En Carondelet, en una ceremonia oficiada por el expresidente Rafael Correa, Tatiana Ordeñana Sierra contrajo matrimonio. Era agosto del 2016 cuando la entonces jueza constitucional celebró su boda, en medio de críticas que cuestionaban su independencia.

En la función pública empezó en 2001 como directora del Conamu (Consejo Nacional de las Mujeres), luego de ocho años de pertenecer a grupos que luchan contra la violencia de género. En 2008 fue asesora del Ministerio del Litoral; el año siguiente, directora del INFA; y en 2010 integró el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), donde laboró hasta el 8 de noviembre de 2012.

Por dos días (6 y 7 de noviembre) Ordeñana tuvo dos cargos. El 5 renunció al CPCCS, el 6 la posesionaron como jueza y el 8 el CPCCS aceptó su renuncia, según la evaluación del Consejo a los exjueces, de agosto del 2018. Sin embargo, ella dice en el informe: “No ejercí doble función”, al argumentar que en ese tiempo no tuvo actos como jueza. Esto, pese a que el día 6, ya como jueza, ella votó en la elección del presidente.

El Consejo cree, según el informe, que Ordeñana tuvo “conflicto de intereses” por pertenecer al Consejo que aprobó el reglamento de selección de los magistrados. “No existían prohibiciones o incompatibilidad constitucional o legal que me impidan postular al cargo”, dijo la abogada de 47 años, quien no aceptó una entrevista y es investigada por el presunto delito de lavado de activos junto con dos exjueces.

Ordeñana sustanció sentencias a favor en 2018, como la inscripción de una niña con los apellidos de las madres lesbianas (caso Satya), y se ausentó en una sesión del pleno, en mayo del 2016, en la que se resolvió parcialmente a favor un recurso que planteó su hermana Priscilla, exmédica de la Judicatura y hoy en el IESS, para que se le dé el registro de horas trabajadas en un hospital público.

Su padre trabajó en la función pública como supervisor jurídico en la Contraloría (2012- 2014). A esta entidad, la jurista reportó en 2018 $ 536 mil en bienes, $ 65 mil menos que en 2012. Pero sus ingresos fueron de $ 420 mil del 2012 al 2018, sin incluir su sueldo docente. “Mi patrimonio está justificado”, afirma la dueña de seis propiedades en Quito y Guayaquil, y exconsultora de la organización Projusticia (1999), integrada por Gustavo Jalkh, expresidente de la Judicatura y exsecretario de Correa.

CARGOS: Exjueza de la Corte, exconsejera del Consejo de Participación Ciudadana.
SUELDO: $ 5.509.
PAGO DE IMPUESTOS: $ 44.924, del 2012 al 2017.
BIENES: Seis predios en Quito y Guayaquil.

 

Francisco Butiñá: Mis bienes fueron adquiridos antes de ser juez

En agosto del 2015, Víctor Francisco Butiñá Martínez recibió una llamada de alguien que le preguntó si quería entrar al concurso para ser juez constitucional. “No recuerdo quién me llamó, lo que sí me acuerdo es que dije: sí, acepto”.

Enseguida Butiñá, adherente permanente de Alianza PAIS, integró la terna del entonces presidente Rafael Correa, y en noviembre fue elegido como el noveno magistrado de la renovada Corte Constitucional.

Hasta agosto pasado, este abogado guayaquileño de 51 años ejerció como juez, tiempo en el que logró que el pleno de la Corte, en el 2016, aprobara su ponencia que permitía la reelección de Correa. Butiñá resalta entre las decisiones de la Corte, –cesada por ‘conflicto de intereses con el Ejecutivo’–, la restitución del pago total de utilidades a los trabajadores.

Butiñá tiene una larga trayectoria en el sector público, con pausas en lo privado en el 2011 y el 2015, años en los que registra $ 0 de impuesto a la renta, a diferencia de los $ 6.000 o $ 7.000 que pagó como juez. En el gobierno de Correa manejó el área legal del Ministerio de Transporte y fue asesor de la Secretaría de Gestión de Riesgos y del viceministro del Deporte, Augusto Morán. Fue jefe político cuando Rolando Panchana fue gobernador.

Por estos días, Butiñá se dedica a revisar sus cinco cuentas bancarias para justificar sus ingresos ante la Contraloría que le ha pedido explicaciones por depósitos que superan los $ 350 mil y que él atribuye a $258.000 de su sueldo de juez y el resto a transferencias entre cuentas y a los arriendos de dos departamentos, uno en Puerto Santa Ana y otro en el Malecón, con vista a la majestuosa Perla.

“Los bienes que poseo fueron adquiridos antes de ser juez. No tengo carro, uso taxi”, dijo, y admitió que compró –en su periodo de juez– un parqueo en Puerto Santa en $ 17.000. También explicó que desde el 2015 al 2018 sus gastos por medicinas, que alcanzan los $19.000, corresponden a tratamientos de su progenitora.

En su hoja de vida presentada para el concurso de magistrado, no consta que Butiñá en el 2005 fue presidente de Adextelecom S.A., en la que fue socia o accionista hasta el 2015 su hermana Nuria, exsubsecretaria del Ministerio de Justicia. Adextelecom recibió contratos públicos por $ 1,2 millones desde el 2012 al 2016. Uno de ellos, por $ 216.000, se lo dio la Dirección de Registro de Datos Públicos cuando Nuria Butiñá dirigía esa entidad.

CARGOS: Asesor de la Secretaría de Riesgos y del Viceministerio del Deporte, jurídico en MTOP.
SUELDO: $ 5.509.
PAGO DE IMPUESTOS: $ 13.487 del 2015 al 2017.
BIENES: Dos departamentos en Puerto Santa y en el Malecón.

 

Pamela Martínez: Mi vida personal no hablo con nadie

“Me tenía nerviosa la lucecita de una cámara, no me permitía una total concentración durante el examen”, recuerda Pamela Martínez, quien pese a la distracción obtuvo la nota máxima, 100/100, en el concurso para renovar la Corte Constitucional (CC) en el 2015.

En la prueba, recalca ella, no influyó su experiencia como presidenta de la Comisión Calificadora del Consejo de Participación Ciudadana de la primera elección de jueces de la CC en el 2012. “Ningún miembro de la Comisión tuvo acceso a las preguntas”, dice Martínez y explica que el banco de preguntas lo hicieron los decanos de las facultades de Jurisprudencia y que las interrogantes se asignaron por sorteo.

Su ingreso a la Corte –insiste– se dio por su experiencia académica de una década como docente, pese a que no registra paso alguno por la Función Judicial. “En la justicia constitucional la formación debe ser académica”, justifica y rechaza el “conflicto de intereses con el Poder Ejecutivo” argumentado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio para cesar al pleno de los magistrados de la CC en agosto del 2018.

De todos los jueces cesados, ella ha sido la más cercana al Ejecutivo anterior, fue asesora de Rafael Correa en Carondelet entre el 2009 y 2012 bajo la figura de comisión de servicios, pues tenía cargo en la Procuraduría. En el 2015 en que fue electa jueza había sido nombrada por Correa como su delegada al comité que daba los reconocimientos del Estado.

Además, varios familiares colaboraban en el Gobierno correísta. Su hermano Jorge fue también asesor de la Presidencia; su otro hermano, Mauricio, fue asesor del Ministerio del Interior; su exesposo, Eduardo Lindao, labora desde el 2009 en el Ministerio de Transporte; y su hoy esposo, el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar, había sido asesor de la CC en el 2011.

Como jueza constitucional, Pamela Martínez, doctora en Jurisprudencia de 50 años, dice que se concentró en los ciudadanos. “El 99% de mis proyectos correspondieron a ciudadanos que pedían justicia por temas de menores, laborales, penales, civiles”, comenta.

En junio del 2018, Martínez firmó, como presidenta encargada de la CC, la polémica sentencia que señalaba que “corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva”, decisión que provocó la protesta de grupos de padres y una aclaración de la CC: “En ningún momento la Corte ha desconocido el rol fundamental que desempeña la familia”.

Guayaquileña y madre de tres hijos, Pamela Martínez no acepta preguntas sobre sus bienes patrimoniales. “Mi vida personal no la hablo con nadie”, afirma y asegura que tiene los reportes bancarios con el detalle de sus ingresos. “Multiplica $ 6.000, que era nuestro sueldo más los décimos, por todos los meses (unos $ 200.000); unos tendrán más viáticos, yo no cobraba residencia porque siempre declaré que tengo un inmueble en Quito”, dice.

Esa casa tiene un avalúo de $ 96.401 y en Guayaquil consta un predio a nombre de sus hijos por $ 39.000. El mayor de ellos, Eduardo, además de un hermano de Martínez y su hoy esposo han estado vinculados con la empresa Nexoglobal, dedicada a la representación jurídica de compañías.

Ella dice desconocer si Nexoglobal recibió dinero de Odebrecht u otros contratistas del Estado, pero admite que el gerente de Nexoglobal, Gregorio Castellanos, fue su abogado en su juicio de divorcio. Entre los beneficiarios de la multinacional Odebrecht sí consta su hermano Mauricio con $ 63.000, entre el 2013 y el 2015.

“Yo no puedo responder por otras personas, tiene que preguntarle a mi esposo, ni él habla por mí ni yo hablo por él. Yo no soy mediática, yo no soy política ni le doy de comer al hambriento. Si (las preguntas) siguen siendo impertinentes, no las voy a atender”, indica.

CARGOS: Exvicepresidenta de la Corte Constitucional, asesora del expresidente Rafael Correa.
SUELDO: $ 5.509.
PAGO DE IMPUESTOS: $ 13.645, del 2015 al 2017.
BIENES: Casa en Guayaquil (a nombre de sus hijos) y en Quito.

 

Wendy Molina pasó de asesora a jueza de la Corte

Antes de ejercer como jueza constitucional, Wendy Molina Andrade, de 43 años, era asesora del entonces presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño. Mientras ocupaba ese cargo, se presentó al concurso que se realizó en el 2012 y ganó.

En sus seis años como magistrada cuenta varios aciertos. “Logramos proteger y reparar la vulneración de derechos de las personas”, señala. Por ejemplo, una sentencia suya extendió la estabilidad laboral de las madres hasta la lactancia.

Desde su salida de la CC, en agosto del 2018, Molina se ha dedicado a poner sus documentos en regla para retomar el libre ejercicio junto con su padre, que también es jurista.

Su hermana mayor, Cinthya, es jueza civil de primera instancia en la Unidad Judicial Norte de Quito. Llegó al cargo tras un concurso realizado en 2015 por el Consejo de la Judicatura (CJ), presidido entonces por Gustavo Jalkh. El Pleno del CJ dispuso que se suba la nota de Cinthya Molina, luego de una recalificación de su examen final. Con ello, pasó del puesto 35 al 9 de la lista de aspirantes.

Carlo Carranza Barona, el exesposo de Wendy Molina, de quien se divorció en el 2008 y con quien tiene dos hijas, asumió como juez de primera instancia en el 2013. Ahora es juez de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha.

La exjueza constitucional señala que todos tienen derecho a ser funcionarios públicos y aclara que la CC no pertenece a la Función Judicial, por lo que no pudo tener ninguna ingerencia en esas designaciones.

En su última declaración de bienes, presentada en el 2018, Wendy Molina registró un patrimonio de $ 546 mil.

Cuando postuló para jueza constitucional, en 2012, era dueña de una casa en un conjunto habitacional en Santa Lucía, en el norte de Quito. Ese bien está avaluado en $ 180 mil, según el catastro municipal.

Molina cuenta que vendió esa vivienda en el 2014 y, con un préstamo del Biess de $ 98 mil, compró los dos bienes que hoy posee. El avalúo catastral actual de esas propiedades es de $798 mil. Están en el valle de la capital: Miravalle (Cumbayá) y San Francisco de Tanda (Nayón). La primera es una casa de 815 m² de construcción, que cuenta con una piscina.

La Contraloría está realizando un examen a las declaraciones de bienes de los nueve jueces cesados. Molina señala que ha entregado la documentación de sus bienes y que todo está en regla.

CARGOS: Asesora y jueza de la Corte Constitucional.
SUELDO: $ 5.509.
PAGO DE IMPUESTOS: $ 35.435, del 2012 al 2017.
BIENES: Una casa (815 m²) en Miravalle (Cumbayá) y otra en San Francisco de Tanda (Nayón).

 

Diputados de los Manteles eligieron a Ruth Seni

La designación de Ruth Seni Pinoargote, de 76 años, como jueza constitucional se dio en medio de la estrategia política que aplicó Rafael Correa en los primeros meses de gobierno para controlar el Congreso Nacional (Asamblea Nacional) y el Tribunal Constitucional (Corte Constitucional).

Era junio del 2007. Seni había ocupado varios cargos judiciales importantes: ministra jueza de la Corte Suprema, presidenta de la Corte Superior de Portoviejo, directora de Patrocinio de la Procuraduría, vocal alterna del Consejo Nacional de la Judicatura, entre otros.

El tablero político estaba así. 57 legisladores de oposición habían sido destituidos para dar paso a la conformación del Congreso de los Manteles, alineado al correísmo. Esos congresistas pusieron un amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para que les restituyan sus cargos y este organismo lo aceptó. Como respuesta, los diputados de los Manteles cesaron a los vocales del TC y nombraron nuevos. Entre ellos apareció Seni.

Más tarde, en el 2012, ella se postuló para el concurso de la Corte Constitucional y ganó.

En la última declaración juramentada de bienes, que está disponible en la Contraloría y que fue presentada en 2018, la exjueza registró propiedades por $ 586 mil y deudas por apenas $ 1 mil. Es decir que su patrimonio es de $ 585 mil.

En los años previos a ser jueza constitucional, entre el 2004 y el 2006, el pago de impuesto a la renta de Seni osciló entre $ 110 y $ 160. En los dos primeros años que ocupó ese cargo, sus declaraciones tributarias se dispararon a $ 5.800 y $ 6.900. Desde el 2009 hasta el año pasado declaró impuestos entre $ 1.600 y $ 3.200.

Su hijo, David Cevallos Seni, es un reconocido constructor manabita. Es el accionista mayoritario de Constructora Eskala S. A., que ha recibido varios contratos públicos. Este Diario ubicó en el portal de Compras Públicas siete contrataciones que suman $ 5,8 millones, adjudicadas entre 2009 y 2018.

La empresa pública Ecuador Estratégico le dio directamente el contrato más alto, de $ 4,1 millones. Fue suscrito el 26 de junio pasado. Usaron la figura del Giro Específico del Negocio y, con ello, no fue necesario realizar un concurso de oferentes. El Ministerio Transporte y Obras Públicas, la Prefectura de Manabí y el Municipio de Olmedo también le dieron contratos.

Este Diario solicitó una entrevista con Ruth Seni a través de mensajes de voz, de texto y un correo electrónico, pero no recibió respuesta.

CARGOS: Jueza de las cortes Suprema y Constitucional.
SUELDO: $ 5.509.
PAGO DE IMPUESTOS: $ 13.600, del 2012 al 2017.
BIENES: Su patrimonio es de $ 585 mil; tiene un vehículo del 2014, avaluado en $ 24 mil. (I)

'Vínculos de riesgo' marcaron a la cesada Corte Constitucional
Política
2019-02-01T13:10:52-05:00
La Contraloría revisa el patrimonio declarado por los exmagistrados de la Corte Constitucional; algunos informes han sido enviados a la Fiscalía. Los exjueces hablan de sus cuentas y de sus sentencias.
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