El Ejecutivo aplicó 26 observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), entre ellas la anulación de la adjudicación automática de frecuencias aprobada por la Asamblea y que se asigne el 56% del espectro radioeléctrico para el sector privado, el 34% para el comunitario y el 10% para el público.

El Ejecutivo sostiene que en el artículo 106 de la LOC no se debe condicionar el 66% del espectro, en partes iguales, para los medios citados.

“Se reservará hasta el 34% del espectro radioeléctrico al sector comunitario en función de la demanda y la disponibilidad, porcentaje máximo que deberá alcanzarse progresivamente. El 66% del espectro restante será asignado para el sector público y privado en función de la demanda, no debiendo exceder la asignación de frecuencias al sector público un porcentaje del 10% del espectro”, señala el veto del Ejecutivo.

A la par del veto, el presidente Lenín Moreno remitió al Legislativo un proyecto que reforma el artículo 5 de la LOC, que no se tocó en las reformas aprobadas por la Asamblea días atrás, en el cual se indica que los medios prestan un servicio público de comunicación.

Publicidad

El Ejecutivo lamentó que la Asamblea no haya acogido la reforma al artículo 5, cuando el tema de concebir a la comisión como un derecho y no un servicio público fue el más debatido en los últimos meses.

En una rueda de prensa, en El Oro, donde se realizó un gabinete este viernes, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena anunció, además, que en 120 días se enviará un proyecto de Ley para regular a los medios públicos, pero no dio detalles.

Al aplicar las objeciones, el Ejecutivo pide cambiar el texto de la disposición transitoria octava de lo aprobado por la Asamblea y propone que en 90 días debe convocarse y firmarse los nuevos contratos de adjudicación de frecuencias.

En la objeción fija un plazo de 30 días para que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) apruebe las bases; 30 para que convoque a un nuevo proceso de adjudicación; y 30 más para que se adjudiquen los títulos habilitantes.

Es decir, se busca cerrar en 90 días el proceso de adjudicación, afirmó Michelena.

En cuanto al artículo 98, que buscaba proteger la industria nacional de producción audiovisual a partir de la prohibición de producir y pautar productos comunicacionales extranjeros, el Ejecutivo plantea derogarlo, porque el Ecuador asumió diversos compromisos internacionales con la suscripción de tratados y convenidos.

En el veto también se plantea cambios en la conformación del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) y plantea un plazo de 120 días para liquidar la Superintendencia de Comunicación (Supercom). (I)