El único proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción que aprobó la Asamblea en los diez meses de la administración de Elizabeth Cabezas fue vetado, y al final del año sigue el análisis de al menos tres propuestas respecto de esa temática.

La lucha anticorrupción fue una de las promesas de campaña de Lenín Moreno y los legisladores; las organizaciones políticas presentaron proyectos de Ley que se unificaron, y tras el debate en la Comisión de Justicia y aprobación en el pleno, recibieron el veto total del Ejecutivo.

El proyecto negado, según miembros de la Comisión, permitía que dentro de los procesos de lavado de activos, testaferrismo, terrorismo o tráfico de drogas, los jueces ordenen el comiso de bienes aunque no exista sentencia ejecutoriada.

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Otro cambio era la eliminación del requisito de informe de la Contraloría para iniciar indagación fiscal en casos de cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión y peculado.

En septiembre, tras el veto, el Ejecutivo remitió su propuesta que habla de incautar bienes a los corruptos, facilitar la recuperación del dinero mal habido, agilitar los procesos de repetición, recompensas a quienes brinden información y proteger al denunciante.

Los legisladores señalan que la Asamblea y el Ejecutivo quedan en mora en cuanto a normas anticorrupción, aunque aclaran que hubo iniciativas, que no pasaron en el Gobierno, “por cálculos políticos”.

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Cabezas opina que el aporte al combate a la corrupción no es solo un tema de número de leyes, y si bien la norma aprobada fue vetada, al momento se tiene un proyecto que envió el mismo mandatario y que recoge cuatro temas que fueron planteados desde la Legislatura, lo cual es “positivo”, dijo.

Henry Cucalón (PSC) explicó que se juntaron muchos proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), y que la Comisión de Justicia separó todas las iniciativas para el combate a la corrupción y elaboró un texto que fue vetado; y luego, el Ejecutivo presentó su propia iniciativa para “hacer parecer que el único que se preocupa de luchar contra este flagelo es él”.

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Al momento, según Marcela Aguiñaga (antes de AP), la Mesa de Justicia analiza tres proyectos sobre ese tema: uno del Ejecutivo, el segundo de Cabezas y otro de Wilma Andrade (ID).

En ellos, dijo, constan algunas normas que ya están vigentes, así que hay herramientas para que la justicia actúe. (I)