(Actualizado a las 22:15)
Los asambleístas están conscientes de que la salida de María Alejandra Vicuña del cargo de la Vicepresidencia de la República no sería tan rápido como ellos lo demandan, excepto si acoge la exhortación aprobada este jueves para que renuncie.
Entre las diversas fuerzas políticas de la Legislatura se debaten tres escenarios como una respuesta política ante la denuncia de cobro de diezmos que involucraría a Vicuña, y que se habría cometido cuando se desempeñó como asambleísta por Alianza PAIS.
El primer escenario surgió el jueves con la aprobación de la resolución planteada por Fabricio Villamar (CREO), que “exige a María Alejandra Vicuña la renuncia al cargo de vicepresidenta de la República por los hechos que son de dominio público y que atentan a la institucionalidad del Estado”.
Eso, dijo Villamar, sería un acto de delicadeza con la República, para “ahorrarnos la vergüenza de tener que llevarle a un juicio político en donde con las pruebas sustentadas, será destituida...”. La resolución fue respaldada por 77 asambleístas de los bloques del PSC, BIN, CREO, SUMA, IND y RC.
Aunque la vicepresidenta Vicuña anunció el jueves que no hay las circunstancias ni motivos para renunciar al cargo.
Con 77 votos, la @AsambleaEcuador exige a la vicepresidenta de la República, @marialevicuna , renuncie al cargo por los hechos que son de dominio público relacionados con el cobro de diezmos cuando ejerció el cargo de asambleísta de Alianza PAIS. @eluniversocom pic.twitter.com/MSO9eCZSSu
— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 30 de noviembre de 2018
Juicio político
El segundo escenario es la presentación de la solicitud de juicio político conforme lo determina el artículo 129 de la Constitución, cuya causal sería el supuesto delito de concusión, que no prescribe.
Anoche eran 58 firmas de los bloques de CREO, PSC, SUMA, BIN, independientes y una de la Revolución Ciudadana que apoyaban el juicio, aunque se desconoce su oficialización.
La bancada Alianza PAIS, según César Litardo, no firmará el juicio porque al igual que el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que la justicia debe hacer su trabajo; que el tema está judicializado, pero resaltó que se pretende juzgar a Vicuña con apenas un documento notarizado.
El proceso de juicio implica la presentación de las pruebas necesarias para garantizar el debido proceso; el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tendrá que aprobarlo y luego remitir la documentación a la Corte Constitucional para que emita un dictamen de admisibilidad; pero al momento este organismo está en vacancia forzada, a la espera de la designación de los jueces.
Proceso judicial
Un tercer escenario es el judicial. Aquí la Asamblea Nacional, en su momento, tendría que autorizar un eventual enjuiciamiento penal contra Vicuña, si la Fiscalía determina que hay elementos suficientes para formular cargos y procesar a la vicepresidenta por la causal de cobro de diezmos.
En este caso, se tardarían algunas semanas más porque, al momento, el Ministerio Público recolecta información a través de versiones y solicitud de información a instituciones públicas y privadas. (I)
