Los procesos para las elecciones seccionales y de elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) arrancaron ayer con la inscripción de candidaturas, pero sin la mediación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), máximo órgano de justicia electoral.

El CPC en transición cesó el 29 de agosto a tres jueces, y desde entonces funciona con dos, sin poder instalar su pleno. Se conoce que hay 33 causas represadas, que en periodo electoral suelen incrementarse: en los comicios del 2014 se resolvieron más de 400.

El Consejo Ciudadano decidió designar jueces “encargados”, que serán elegidos mediante ternas, hasta posesionar a los definitivos.

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Aunque no puede hacerlo porque la Presidencia de la República no ha remitido sus candidatos. Lo ha hecho la Función de Transparencia.

Ayer, el secretario del CPC transitorio, Darwin Seraquive, confirmó que apenas tengan los listados se los nominará, pues su elección dependerá solo de la decisión del Pleno.

Dijo que la Asamblea Nacional también envió una terna. Pero dicha lista no fue aprobada por su pleno, pues no tuvo los votos necesarios.

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En el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay preocupación, y esperan la designación.

Un hecho que mantenía intranquilo al CNE en transición era justamente las impugnaciones ciudadanas en contra de los miembros de las Juntas Provinciales Electorales (JPE), que designaron días antes de terminar sus funciones.

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Las JPE deben calificar las candidaturas en su jurisdicción a alcaldes, prefectos, miembros de juntas parroquiales, concejales urbanos y rurales; y están compuestas por cinco delegados de los consejeros.

La presidenta del Consejo, Diana Atamaint, aseguró que las quejas fueron resueltas “de forma administrativa internamente”.

Aunque, estas instancias entrarían a revisión. El vicepresidente, Enrique Pita, así lo cree para “proponer –si cabe la necesidad– nuevos nombres que a criterio de esta administración puedan tener un perfil que se ajuste más a lo que se requiere, personas con madurez, independencia política, y la formación suficiente para enfrentar un aspecto tan importante como los escrutinios”.

Los cinco vocales electorales dieron ayer una rueda de prensa conjunta en la que reconocieron que no tienen potestad para controlar la campaña electoral anticipada, pues el Código de la Democracia no establece sanciones.

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Luis Verdesoto exhortó a implementar un control desde la sociedad civil, y a los medios de comunicación a aplicar una “sanción moral”.

El vocal José Cabrera explicó que en el CNE hay una Dirección de Fiscalización, que podrá, al momento en que se inscriba una candidatura imputar la campaña al gasto electoral.

El CNE divulgó la lista de 40 candidatos a ser vocal del CPC, quienes todavía no podrán hacer campaña electoral. El presupuesto asignado para promocionar sus propuestas desde febrero es de $ 6 millones. (I)