La misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU abandonó este sábado Nicaragua por orden del gobierno, lo que deja al país en la mira de la comunidad internacional, tras cuatro meses de crisis política desatada por protestas con un saldo de más de 320 muertos en cuatro meses.

La misión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), de cuatro miembros, encabezada por Guillermo Fernández, viajó rumbo a Panamá luego que Managua ordenó su salida alegando que "han cesado las razones, causas y condiciones" por las que fue invitada.

Organismos en acción

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analizará el próximo miércoles la situación de crisis en Nicaragua, según anunció Fernández en Managua.

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El grupo de la OEA para Nicaragua deploró la salida del país de la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y pidió al gobierno de Daniel Ortega regresar al diálogo para superar la crisis.

"Instamos al gobierno de Nicaragua a que aproveche los buenos oficios disponibles y busque un resultado positivo y constructivo en esta coyuntura crítica", indicó el Grupo de Trabajo para Nicaragua en un comunicado conjunto con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El texto expresa la "profunda preocupación" por la decisión del gobierno de Ortega de retirar la invitación a la misión de la ONU para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad establecida en el marco del diálogo nacional y llama a las autoridades a dialogar para superar la "grave situación" que sacude el país desde abril.

El diálogo en Nicaragua, iniciado el 16 de mayo con mediación de la Iglesia católica, se encuentra paralizado desde mediados de junio debido a la violenta represión de las manifestaciones y a la negativa del gobierno a abordar la democratización del país, que incluye la propuesta de elecciones anticipadas que Ortega rechaza.

Además, el mismo día en que la misión de la ONU abandona Nicaragua por la molestia del gobierno con un informe del organismo sobre la represión en el país, el Grupo especial de la OEA y Almagro pidieron a las autoridades facilitar la labor de entidades desplegadas por la OEA en el país tras el estallido de las protestas.

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"Instamos al gobierno de Nicaragua a respetar los acuerdos alcanzados (...), facilitar la recopilación de información oficial de las instituciones gubernamentales necesaria para su trabajo y facilitar el acceso a los centros de detención, a fin de monitorear la situación de detenidos en el contexto de las recientes manifestaciones", indicaron.

Más de 300 muertos, unos 2.000 heridos, decenas de detenidos y una cantidad no precisada de desaparecidos es el saldo de la violencia que afecta a Nicaragua desde hace cuatro meses.

El Grupo de Trabajo para Nicaragua, un inédito mecanismo creado por la OEA hace un mes, pretende incluir al gobierno de Ortega en sus esfuerzos. Pero tanto el gobierno como el parlamento controlado por el oficialismo lo rechazaron abiertamente desde su concepción, considerándolo "injerencista", y dijeron que sus miembros "no son bienvenidos".

Pese a la negativa de Managua, el grupo integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú inició a mediados de agosto sus labores en Washington bajo la coordinación de la canadiense Jennifer Loten y el chileno Hernán Salinas. (I)