Detalles sobre cómo calcular la deuda pública o reglas y metas fiscales se definirán en un reglamento a la Ley de Fomento Productivo que llegó ayer al Registro Oficial.

Según el documento que contenía la objeción presidencial, el saldo de la deuda pública y su forma de cálculo se establecerán en el reglamento, aunque en la norma se menciona que este no podrá superar el equivalente al 40 % del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, a junio fue de $ 47.978 millones (46,1 % PIB). En el periodo 2018-2021 no regirá el límite del endeudamiento público para lo que se considerará un proceso integral y sostenido de optimización del gasto público.

La normativa aclaró que endeudamiento público comprende la deuda pública que requiere pago de intereses y/o capital por parte del deudor al acreedor en una fecha o futuras fechas, e incluye la deuda de todas las entidades, instituciones y organismos del sector público provenientes de contratos, colocaciones de bonos y otros títulos valores que apruebe el comité de deuda, incluidas titularizaciones, y otras.

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Asimismo, a un reglamento irá la estructura de informes públicos elaborados por el Ministerio de Economía sobre monitoreo de las reglas fiscales, metas fiscales, mecanismos de corrección automática, plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal.

En el caso de que se verifique un riesgo de incumplimiento con relación a las reglas y metas fiscales se aplicarán mecanismos de corrección automática y planes de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal para garantizar su cumplimiento. Las modalidades específicas para aplicar estas medidas preventivas se establecerán en el reglamento.

Además, no se permitirá aprobar un presupuesto en el cual el resultado primario arroje un déficit y que el resultado global no cumpla con la meta estructural de largo plazo definida en el reglamento.

María de la Paz Vela, editora macroeconómica del portal Gestión Digital, indicó que en la multidimensionalidad de la ley hay dos grandes aportes: tratar de llegar a un ordenamiento de las finanzas públicas gradual y tener una definición de qué es endeudamiento público y que no sea ilimitado.

Según Homero Castanier, legislador de CREO, esos temas no fueron incluidos en la ley pues el Gobierno no quería un articulado en el cual se pueda “auditar y sancionar” para hacer un reglamento flexible.

“Nos deja abierta la posibilidad de que haya discrecionalidad para que el Gobierno le siga endeudando al país”, dijo. (I)