Juana es una lora que no vuela. Con la ayuda del pico y garras escalaba para llegar a los sitios más altos en las casas donde ha vivido con Martha Cobo en los últimos 37 años, en Ambato. Ella cuenta que una conocida se la dio en 1981.

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El vínculo creció hace ocho años, cuando Juana se resfrió. Desde entonces Martha, ya divorciada, la llevaba todas las noches a su cama y la arropaba porque incluso la lora ha perdido el instinto de esconder su cabeza bajo el ala y de dormir parada: “Duerme recostada y está acostumbrada a salir, nunca ha volado y avisa para que se la lleve a una silla en la que abajo hay periódicos cuando tiene ganas de hacer las heces”, dice.

Esa rutina terminó el 9 de mayo pasado cuando las autoridades del Ministerio del Ambiente (MAE) se llevaron a Juana a un centro de rescate en cumplimiento del art. 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde el 2014, que establece como delito la tenencia de fauna silvestre. “Ahora la tienen enjaulada y tememos que muera por depresión. La tenemos desde hace años cuando no había los controles y estas leyes.”, afirma María José, hija de Martha, quien está buscando la manera de recuperar el ejemplar.

Ecuador suscribió el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), que regula el manejo de los animales salvajes, el 12 de febrero de 1975. Luego en agosto de 1981 llegó la Ley Forestal que se reforzó en el Libro IV de la Biodiversidad del Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental que prohíbe la tenencia de fauna silvestre como mascotas.

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Andrés Ortega, director del Instituto de Medicina de la Conservación de Fauna Silvestre Tueri de la Universidad San Francisco de Quito (UFSQ), está a favor del decomiso: “Desde 2015 nos han llegado más de tres mil especies heridas por delitos ambientales, tráfico, cacería. La lora debe quedarse en uno de los centros de rescate con los de su especie”.

Un promedio de 770 vertebrados vivos han sido incautados cada año víctimas del tráfico de fauna silvestre en el país desde el 2003.

Esteban Suárez, investigador de la UFSQ, considera que se debe enfatizar que es ilegal tener fauna silvestre como mascota y analizar cada caso. “Dependiendo de los animales se deberían tener soluciones más prácticas porque los centros tienen recursos limitados”, dice.

Para Jorge Rivas, gerente de bosques del Fondo Mundial para la Naturaleza en Ecuador, esta naturalización del delito responde a que desde mediados de la década del setenta hasta inicios del siglo XXI se dio poco control. “Las sanciones eran mínimas y administrativas, había decomiso. En la actualidad hay mayor conciencia. Antes era normal ver la venta de loros, monos...”, asegura.

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El país al ser megadiverso y pequeño es blanco fácil de los traficantes. “Es fácil movilizar los animales en las vías, hay pocos aeropuertos donde se camufla las especies con víveres y otras mercancías”, dice Rivas.

El tema central es presionar la demanda para no alentar el tráfico de especies para mascotas o alimento con el consumo de la carne de monte que proviene de la caza de fauna silvestre. Esto implica un cambio cultural que se da a largo plazo, agrega Suárez: “Hay que dar valor a la biodiversidad”.

La cacería por subsistencia está permitida como un hábito sostenible de los pueblos ancestrales. Pero la infraestructura vial ha cambiado la lógica de estas capturas que hoy tienen tintes comerciales, lo que es ilegal. Dos estudios evidencian el aumento de la venta de carne de monte tras la apertura, por parte de la industria petrolera, de vías como la denominada Maxus, que desde 1992 penetra el noroccidente del Parque Nacional Yasuní (PNY).

La venta de carne de monte se mantiene de forma clandestina, señala Suárez, uno de los autores del estudio, por lo que la cacería de subsistencia ya no es por subsistencia individual. “Hace 20 o 30 años había menos personas y las áreas silvestres estaban en mejor estado. Hoy el país es más densamente poblado y hay mayor presión sobre los ecosistemas que están menos aislados. Las carreteras tienen el potencial de cambiar la cultura y los medios de subsistencia, entonces la forma de cacería se ha vuelto más nociva porque las vías amplían el rango de acción y conectan con los mercados externos”, explica Suárez.

Durante el 2017 se decomisaron 1.048,08 libras (lb) o 476,4 kilogramos de carne de monte y 3.590 huevos de tortugas charapas pequeñas y grandes. En 2016 y 2015 se incautaron 886 lb y 1.408 lb, en su orden. Mientras que desde agosto de 2014 cuando entró en vigencia el COIP hasta marzo pasado se reportaron 391 delitos contra la fauna y flora silvestre, según la Fiscalía. (I)