Más de la mitad del dinero público destinado a la Secretaría de Inteligencia (Senain) es secreto. Solo en el 2017, este organismo ejecutó un presupuesto de $ 50,8 millones, de los cuales el 84,3 % se destinó a gastos especiales; es decir, en los términos de su normativa, “a actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional”.

De acuerdo con la rendición de cuentas de la Senain, el año pasado se asignaron a gastos especiales (también llamados gastos reservados) $ 42,8 millones; mientras que para los pagos corrientes, $ 7,9 millones.

Desde su creación, en junio del 2009, esta Secretaría fue cuestionada, especialmente, por opositores de la administración de Rafael Correa, por llevar a cabo supuestas tareas y estrategias de espionaje, intimidación y persecución a políticos, periodistas e, incluso, a funcionarios del Gobierno.

Una de las tareas financiadas con gastos especiales fue la Comisión del 30-S (2013-2014), presidida por Carlos Baca Mancheno, que actualmente se desempeña como fiscal general.

Publicidad

El pago a beneficiarios y contrataciones realizados con estos fondos han estado blindados por la reserva que le otorga la Ley de Seguridad Pública, que dispone que la Senain solo puede rendir cuentas, de manera reservada, al Ejecutivo y cada tres meses a la Asamblea Nacional y a la Contraloría.

El exasambleísta Fernando Bustamante, que estuvo al frente de la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad, explicó que la Senain cumplió con su informe trimestral ante esa mesa, pero se excusó de comentar el contenido de esas comparecencias, debido al sigilo. “La Comisión no podía actuar como juez de cuentas o Fiscalía, la responsabilidad era de tipo político”, dijo.

La facultad exclusiva para auditar esos egresos la tiene quien ejerza como contralor, dispone la Ley. Eso significa que solo Carlos Pólit y Pablo Celi han visto a detalle los informes reservados.

Sin embargo, tras la divulgación de un informe secreto con indicios de responsabilidad penal por el manejo arbitrario de gastos especiales, en el que se incluye a Carlos Baca por los pagos de la Comisión del 30-S, la Contraloría resolvió auditarse a sí misma. Celi ordenó un examen especial para verificar qué pasó con los informes trimestrales de la Senain.

Publicidad

Lea aquí: Rendición de cuentas de la Secretaría de Inteligencia

Desde Miami, donde está prófugo, Pólit aseguró que existen otras auditorías de gastos especiales que incluso fueron revisados por Celi (que fue su subcontralor) y que ahora no aparecen en la Contraloría. Puso como ejemplos el de la Comisión del 30-S y otro, también con indicios penales, que establece que la Senain habría financiado encuestas de tipo político. Desde el 2008 se han gastado más de $ 300 millones en fondos reservados, aseguró.

A la fecha, las únicas auditorías a la Senain disponibles tienen que ver con la adquisición de bienes, servicios de transporte y de vigilancia, y contratación de personal. ¿Y los gastos secretos? Pablo Celi prefiere no adelantar criterios hasta que concluya su examen especial que no tiene fecha ni plazo de entrega. (I)