Dudas por uso de fondos del terremoto del 2016 para otras cuentas

Las declaraciones del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en el sentido de que a finales de año se tomaron unos $ 300 millones correspondientes a la recaudación por la Ley de Solidaridad que debe servir para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de abril del 2016, generan dudas sobre su legalidad.

La norma dispuso, entre otras medidas, el incremento temporal de dos puntos en el impuesto al valor agregado (IVA).

En su reciente visita a Manabí, el funcionario confirmó a algunos medios locales que se usaron los $ 300 millones como parte de un manejo integral y que no se pueden tener recursos ociosos.

Según la Ley de Solidaridad, “los recursos netos obtenidos de las contribuciones creadas en esta ley se registrarán en la cuenta específica del Presupuesto General del Estado para la construcción, reconstrucción y reactivación productiva”.

Según el jurista y exjuez constitucional Antonio Gagliardo Loor, este tema debe ser investigado por la Contraloría, tomando en cuenta que la norma indicaba que los dineros recaudados debían ser destinados a un fin específico. Si se lo desvió para otros, no sería legal.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación Análisis Semanal, lo que ha sucedido con el uso de los fondos de la Ley de Solidaridad es algo que ya fue advertido cuando se discutía su aprobación.

Entonces se había sugerido que lo recogido se lleve a un fideicomiso a través del cual se puedan usar los fondos para lo que se aprobó. Esto no pasó.

El analista dice que se evidencia un manejo poco transparente de los recursos, ya que todo se mueve a través de la Cuenta Única del Tesoro. Según Acosta, este tema debería ser investigado.

Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Económica, dudó que estos recursos puedan ser repuestos a futuro. Recordó que en el 2016 se conoció que el Gobierno de ese entonces, con Patricio Rivera como ministro de Finanzas, tomó $ 120 millones del fondo, y no era con fines de reconstrucción. Se dijo en ese momento que era para pagar a proveedores de las zonas afectadas, pero a los que se les debía desde antes del terremoto.

Los analistas coincidieron en que estamos en una etapa en que existe un gasto público insostenible y que la acción del ministro refleja ‘desesperación’ por liquidez.

La información del manejo del dinero se divulgará en la web de Finanzas y la Contraloría deberá informar anualmente a la Asamblea sobre el control realizado, señala la norma.

Entre tanto, el alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova, dijo estar preocupado por el retiro de esos dineros y que lo conversará con Carlos Bernal, encargado del tema de reconstrucción. Advirtió que falta mucho por hacer en la provincia.

300 millones de dólares correspondientes a la Ley de Solidaridad para la reconstrucción se tomaron temporalmente. (I)