Pregunta 1

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes?

“Reformas atinentes a la lucha contra la corrupción” fue el título que el presidente Lenín Moreno dio al primer acápite del documento que remite a la Corte Constitucional sobre la consulta popular para fundamentar la reforma propuesta.

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En esta pregunta, la Presidencia argumenta que la corrupción constituye un flagelo mundial, que genera la vulneración de los derechos de los ciudadanos a una vida digna y recuerda que Ecuador es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Argumenta también que el Gobierno ha iniciado un proceso de lucha contra la corrupción descubierta en algunos procesos de contratación de obras de interés nacional, las investigaciones de actos de corrupción han sido dirigidas en contra de múltiples servidores públicos, así como de personas particulares, identificadas con el sector privado de economía nacional y transnacional.

“Por tanto, es necesario que el Estado establezca normas que protejan los intereses nacionales, impidiendo a los ciudadanos que hayan sido condenados por delitos relacionados con actos de corrupción, reincorporarse o participar de funciones públicas, así como imposibilidad de que celebren contratos con el Estado”, señala el documento.

Según el presidente, con la aceptación de esta pregunta se cumpliría con uno de los objetivos de la sanción penal que es la prevención del delito, protegiendo de esta forma los intereses públicos. Y agrega que se deben establecer sanciones que alcancen a las organizaciones y personas jurídicas del sector privado que sean utilizadas como medios o herramientas para la ejecución de actos delictivos que atenten contra la eficiencia de la administración pública.

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Prevención

Para Xavier Zavala Egas, coordinador del Frente Anticorrupción, siempre que existen infracciones penales es importante el aspecto de la prevención y, en este sentido, si además de la sanción penal de los años de prisión, se priva de los derechos políticos y se incautan los bienes es evidente que se está previniendo la comisión de delitos.

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Además, el actual Código Orgánico Integral Penal ya impide el desempeño de todo cargo público a quien haya sido sentenciado por el delito de peculado, agrega el jurista.

En tanto, el constitucionalista Mario Melo sostuvo que ser dignatario de elección popular es un derecho, cuyo ejercicio exige requisitos de probidad que no se cumplirían si se trata de alguien ya sentenciado por corrupción. Agrega que la reforma no violaría ningún derecho constitucional. (I)