Después de diez años de modorra, cuesta acostumbrarse a un ritmo que no deja tiempo para respirar. Cada semana hay denuncias y hechos que van destapando lo que estuvo herméticamente sellado. Entre los más recientes se destacan los mensajes que demuestran que la metida de mano en la justicia no era una metáfora ni fue un exabrupto más de los tantos que brotaban de la afiebrada mente. Ciertamente, no tienen valor jurídico y su divulgación constituye un delito, pero una vez que se han hecho públicos tienen el mismo peso ético que los mensajes develados por Julian Assange. Si en su caso se interpretaron como actos de transparencia y sirvieron para otorgarle el asilo, no hay razones para que ahora se aplique un rasero diferente. Abrumado por el peso de la evidencia, el presidente del Consejo de la Judicatura debe maldecir la máxima que sostiene que uno debe medirse con la misma vara con que mide a los demás.

Entre las sorpresas se destaca también la extraña votación de siete asambleístas de Alianza PAIS en la nominación de dos representantes del Legislativo para el proceso de selección de consejeros electorales. Es verdad que los telefonazos del presidente de la Asamblea solucionaron el problema, pero el mensaje ya había sido enviado. Que la unidad ya no es monolítica es algo que queda en evidencia cuando las fisuras se dejan ver incluso en asuntos de mero trámite, como era este. La explicación es que hay temas más graves que están introduciendo cuñas en el bloque de granito que hasta hace pocos días parecía impenetrable e irrompible. Esos temas no son otros que la corrupción y los intentos desestabilizadores, como lo expresa –con circunloquios e insinuaciones, pero con las señales suficientes– el prefecto de Pichincha en la carta a sus conmilitones. Ese fue el tercer hecho que cortó el aliento a l os pocos que aún no aceptan que el desmoronamiento del famoso proyecto es la marca de este tiempo.

De conspiradores habló el prefecto, y no se refirió a los sospechosos de siempre, sino a personas de sus propias filas, muchos de los cuales constan en la nómina pública. Sabiendo que los corruptos son portadores de una peste contagiosa, convocó a alejarse de ellos y a castigarlos. Queda por ver si se trata de una posición estrictamente personal o si el funcionario provincial expresa una corriente dentro de las filas altivas y soberanas. Lo que sí está claro es que el camino para la depuración y el castigo será largo y penoso (y nada asegura su éxito). Pero hay medidas muy efectivas que se pueden tomar de inmediato. Una de estas es eliminar del presupuesto estatal a quienes no tienen funciones. ¿Por qué debemos pagar con nuestros impuestos el sueldo de alguien que no hace otra cosa que esperar que le llegue el turno? Mantenerlo ahí solamente equivale a traer a tiempo presente el calificativo acuñado por el expresidente Velasco. Dejar sin sueldo a los conspiradores es cuestión de voluntad y de sentido común.(O)