Este Consejo de la Judicatura, un error inexcusable

La filtración de correos electrónicos cursados entre el expresidente de la República, Rafael Correa y el todavía presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, así como entre funcionarios de gobierno y otros tantos del órgano de control administrativo y disciplinario de la Función Judicial nos ha mostrado algo que en honor a la verdad ya conocíamos. ¿Puede defender la existencia de una supuesta independencia judicial o la adecuada selección de jueces alguien con dos dedos de frente y que tenga alguna relación, directa o indirecta, con la administración de justicia, más allá de los correos o los videos y audios que han comenzado a aparecer por doquier, en los que se aprecia la forma mafiosa en la que designaron jueces y forzaron el sentido de los fallos en los casos en los que había algún interés político o económico?

“Todos los jueces y juezas que formamos actualmente parte de la Función Judicial de nuestro país nos hemos sometido a exigentes concursos de méritos y oposición, con fases previas de evaluación psicológica, impugnación ciudadana, exámenes escritos y orales, esto es que ningún juez o jueza ha sido nombrado como cuota de poder político alguno, como era la tónica históricamente” decía lloroso y en precario español, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Marco Rodríguez Ruiz, en una carta de reclamo dirigida a este Diario en septiembre de 2016 por un artículo de mi autoría en el que me refería al accionar de la justicia en el Ecuador. Atrevido de mí, había osado insinuar que el sistema de control disciplinario imperante había convertido a los jueces en meros peones del poder gubernamental. Visto en retrospectiva, posiblemente el funcionario judicial ofendido y de graciosa redacción tenía algo de razón. “Peones” no era la palabra adecuada, “mascotas del poder” creo que habría sido más apropiado.

En efecto quienes ejercen actualmente la delicada función de administrar justicia no son cuotas de poder político alguno, pues cuota implica reparto, distribución, válgame Dios que eso no sucedió y no existe. Todos son parte de un mismo sistema, controlado por un poder político único, sin medias tintas, grises ni matices. Que los hay mejores y peores, sin duda. Que algunos pocos han tratado de plantarle cara al poder, por supuesto. No todo es malo. Las cuotas no son políticas, para nada, son personales y económicas. Esta provincia para este vocal y esta otra para aquel. Estos puestitos para el primo, el ñaño o la amante del funcionario de segundo nivel, encargado de hacer el trabajo sucio, pues no es propio de los señores vocales llamar directamente a los jueces para amenazarles o conminarles a tal o cual sentido de los fallos. No, para eso tienen a emisarios de mala calaña, que provincia por provincia ejercen tan innoble función, a la vista y conocimiento de todos. Los jueces lo saben y miran para otro lado, tratando de evadir el tema y de evitar sentir asco de pertenecer a un esquema sistémicamente corrupto. Es que “usted entiende mi doctorcito, tengo familia y vivo de mi sueldo” dicen agachando la mirada, cuando se les pregunta las razones de alguna de las tantas decisiones descabelladas que se producen día a día en nuestra “justicia”. “Yo solo cumplo mi función, nunca he sido político” dicen, poniendo cara de cojudos (y cojudas), al tratar de explicar la evidente impregnación política en los fallos y en la estructura judicial misma.

¿Cómo logró este Consejo de la Judicatura convertir a la administración de justicia en un carajón y encima decirnos que ahora está mejor que nunca? Pues sencillo, parte de una premisa impuesta por el esquema político al que se adscribió desde que fueron nombrados. Para ellos, la ciudadanía es una masa estulta a la que es posible engañar e inducir a pensar cualquier cosa, con la publicidad adecuada. Baste decir que “hacemos de la justicia una práctica diaria”, para que esta se lo crea a pie juntillas. Es que la sociedad desde esta perspectiva se dividía en dos, los más aptos, que ocupaban los cargos públicos directivos y dirigían el país desde sus posiciones de poder, sus contratos, sus refinerías repotenciadas, sus sacos de dinero guardados en techos y bóvedas; y los demás, aquellos a quienes había que cuidar, convencer y amaestrar.

Permitir la metida de mano en la justicia no fue malo, la virgen nos guarde, era una obligación hacerlo, como señaló con impresionante desparpajo el capo de la organización en su segundo enlace digital. Y así, aplicando el Código Orgánico de la Función Judicial al revés y arrogándose la atribución de determinación del error inexcusable, privativo de los jueces e impropio de un órgano administrativo-disciplinario, generó un esquema de terror y sumisión en jueces que ha llevado a la administración de justicia a su peor nivel en décadas. (O)