Mientras asambleístas como Daniel Mendoza y Yofre Poma (AP) se muestran flexibles a una consulta popular, sus coidearios Doris Soliz y Franklin Samaniego cierran filas frente a esa posibilidad que se analiza desde el Ejecutivo.

Soliz es radical en su postura y sostiene que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) no es posible porque implicaría una reforma a la estructura del Estado y que la vía sería una Constituyente.

Samaniego afirma que “defenestrar” al sector de control del Estado al plantear la eliminación del CPC sería retroceder; y que en la Asamblea hay normas que están en proceso, como las leyes de la Contraloría y la de Participación Ciudadana.

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Pero Mendoza señala que hay que dar paso a una consulta, pero revisando su contenido. En lo personal, dice que el Consejo requiere de un fortalecimiento, pero no necesariamente eliminarlo.

Poma coincide con Mendoza en que no le preocupa una consulta popular, pero que esta debería ser para mejorar el procedimiento del CPC en la designación de la autoridades.

La oposición considera que la consulta debe ser convocada lo más rápido posible y que el punto central es eliminar el CPC para “descorreizar” a los organismos de control.

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Henry Cucalón (PSC) indica que la consulta es un imperativo porque “el andamiaje correísta se encuentra intacto y eso tiene que ser reformado y la joya de la corona es el CPC”.

Fernando Callejas ratifica que la consulta tendrá el respaldo de CREO, sin condicionamientos, y considera que esa acción ayudará a “dividir las aguas” dentro de Alianza PAIS, porque muchos del oficialismo se definirán. (I)