La Asamblea acaba de aprobar la denuncia de doce tratados bilaterales de inversión (TBI) por ser inconstitucionales ya que permiten los arbitrajes internacionales para la resolución de disputas (lo cual está reñido con el artículo 422 de la Constitución). Sin embargo, el Código de Planificación de las Finanzas Públicas deja abierta la puerta para este tipo de arbitrajes calificados como inconstitucionales.

Así lo explica Diego Delgado, exlegislador y jurista, para quien los TBI debieron haber sido denunciados desde hace varios años; pero indica que no es coherente que se hable del respeto a la soberanía si existe por otra parte la normativa en dicho Código.

Efectivamente, el Gobierno ha firmado contratos claves con arbitrajes internacionales. Por ejemplo, en el caso del contrato de Petroecuador con Petrochina, del 2011, se indica en la cláusula 11.01 que “cualquier conflicto, controversia o reclamo que se derive del contrato será resuelto por arbitraje en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. Con Petrotailandia se establece que la resolución de disputas serán sujetas a la exclusiva jurisdicción de la Corte de Singapur.

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Pese a que la Constitución indica que “no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional”, en el Código se pone una salvedad: “previa autorización por el procurador general del Estado, podrá aceptarse otra jurisdicción y legislación para la solución de divergencias o controversias relativas a contratos”.

Para Delgado no hay lógica de denunciarlos ahora, pues ya se han entregado importantes recursos bajo esta legislación a varias empresas tanto en temas petroleros como mineros.

Sobre la denuncia de los tratados, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) había enviado una comunicación a la Asamblea, pidiendo que se tome en cuenta que el momento de transición política constituye una oportunidad para enviar un mensaje renovado a los inversionistas para generar confianza, alentando inversiones no solo locales, sino también foráneas que son necesarias para la recuperación económica”. En este sentido, el pedido del CCE ha sido que se busque renegociar, pero no luego de la denuncia de los tratados. Tras la decisión de la Asamblea, aún resta que el Ejecutivo apruebe la denuncia. Si esto fuera así, la vigencia de los TBI continuará aún por entre 5 y 12 años.

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Según un informe de la Procuraduría del 2015, esos habían generado demandas al Ecuador por $ 17.764’797.508. De ese monto aún estaban pendientes de resolución demandas por $ 11.724’370.000. De acuerdo con el informe de Procuraduría, este tipo de demandas han creado incertidumbre en el presupuesto nacional. (I)