El presidente de la República Rafael Correa publicó este miércoles el Decreto Ejecutivo 1269, en el que convoca a los ecuatorianos a una consulta popular sobre paraísos fiscales.

"¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales", es la pregunta que estará en la papeleta.

Las opciones de respuesta serán Sí y No. Y se incluirá esta disposición: "Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución".

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El Decreto, que entró en vigencia el miércoles, se comunica de la convocatoria al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Constitucional (CC) y al ministro de Finanzas.

La CC dio su aval a este pedido de consulta el 15 de noviembre y declaró la constitucionalidad del proyecto.

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Según el primer considerando del Acuerdo, "los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales, ya que habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que declararla y así evitar cargas fiscales, en perjuicio de sus ciudadanos, para pagar menos en proporción a su renta, contribuyendo así a agravar la desigualdad". (I)