Mientras Cristina Fernández de Kirchner era citada a declarar por supuesta defraudación de fondos para obras públicas, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, anunciaba que a fines de mes la exmandataria argentina sería condecorada con el mérito Manuela Sáenz.

El pasado lunes 12 de septiembre, Rivadeneira hizo el anuncio durante el programa radial Contigo de ley. Y ese mismo día, el juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición de los bienes de la exmandataria y la citó a declarar el 20 de octubre próximo.

Según la web de la Asamblea, la condecoración, que en 2015 recibió la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es un reconocimiento a las jefas y exjefas de Estado, presidentas y expresidentas de parlamentos, “por su liderazgo, labor política y convicción social en favor de las sociedades contemporáneas”. Y lleva el nombre de Sáenz como homenaje a la “precursora de las lideresas que hoy son ejemplo a nivel regional”.

En su columna del pasado miércoles, la editorialista Nelsa Curbelo cuestionaba: “Cuando en Argentina se realizan investigaciones que revelan un profundo entramado de corrupción, desvío de dinero y enriquecimiento ilícito en el gobierno por ella presidido, lo aconsejable, por un mínimo de prudencia, es esperar que la justicia se pronuncie. ¿Qué apuro hay en reconocer valores a funcionarios cuyas acciones están siendo cuestionadas con motivos más que aparentes?”.

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Se refiere a varios casos judiciales. Al vinculado a la orden de incautación de bienes del 12 de septiembre último se suma la causa que investiga si generó daño financiero a través de operaciones cambiarias del Banco Central durante sus periodos de gobierno (2007-2015).

Por esta última causa, el juez Claudio Bonadío también ordenó congelar las cuentas de la exmandataria. Fernández sostuvo que se trata de un caso de hostigamiento y ha denunciado a Bonadío, a quien intentó destituir durante su mandato.

En la causa de Ercolini, este consideró que hay “elementos de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al proceso” por supuesta defraudación a través de concesiones de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, uno de los 17 citados en el juicio.

Medios argentinos señalan que Báez hizo fortuna en los gobiernos kirchneristas, el de Cristina y su esposo, Néstor Kirchner (2003-2007), por obras públicas realizadas en la región de la Patagonia. Está en prisión por lavado de dinero.

También figuran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y su viceministro, José López, atrapado en junio pasado cuando ocultaba bolsos con $ 9 millones en un monasterio en las afueras de Buenos Aires. Al respecto, Fernández eludió cualquier responsabilidad en un mensaje en su web cfkargentina.com.

López, arrestado bajo acusación de enriquecimiento ilícito, es el hombre que manejó los fondos de las obras públicas durante los doce años kirchneristas. Néstor Kirchner le dio el cargo el 25 de mayo de 2003, el primer día de su gobierno. Y allí se mantuvo hasta el último día del de Cristina, el 10 de diciembre de 2015.

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Hay otros casos. El pasado 22 de agosto, por ejemplo, Fernández anunció que demandaría a los periodistas Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki por el informe ‘Cristileaks’, en el que revelaron supuestos movimientos por $ 492 millones que fueron transferidos a cuentas de los 5 continentes por 21 personajes y sociedades comerciales vinculadas a los Kirchner.

El caso de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, declarado esta semana como un caso federal, es otro que empaña el nombre de la exmandataria. Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento el 18 de enero de 2015 con un tiro en la cabeza. Días antes de su muerte había acusado a la expresidenta de encubrir a los iraníes a quienes se atribuye el atentado a la Mutual Israelita Argentina en 1994, en el que murieron 85 personas y 300 resultaron heridas.

Esta causa pasará nuevamente a manos del magistrado Ercolini, quien en diarios argentinos es referido como el juez “de las dos causas de mayor implicancia institucional en el país”, en relación con esta y con la investigación por corrupción en la que indagará a Cristina Fernández el 20 de octubre.

La exmandataria se ha declarado una perseguida judicial ante los tribunales. Así también se presenta a Fernández en el editorial del pasado 17 de septiembre del diario estatal El Telégrafo, al referir que un supuesto nuevo Plan Cóndor apunta a perseguir a “líderes progresistas” como el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva –juzgado por corrupción en el caso Petrobras– y “en especial la expresidenta argentina Cristina Kirchner”.

Así también lo ve Lula, según una carta que envió a Fernández el 26 de agosto pasado. En la misiva, él detalla su visión de la crisis política de su país y denuncia una conspiración de diversos sectores conservadores para acabar con su partido, el PT, e impedir que se presente a las elecciones de 2018.

Fernández la compartió en su web, al igual que el editorial de El Telégrafo, y la comparó son su situación: “Cualquier coincidencia con lo que sucedió y está sucediendo en nuestro país no es casualidad. Es estrategia dura y pura, sobre la región, contra los gobiernos nacionales, populares y democráticos y sobre sus líderes políticos”.(I)

Otros casos
Corrupción

Cajas de seguridad
En julio pasado, el juez Julián Ercolini ordenó abrir dos cajas de seguridad en las que Florencia Kirchner, la hija de 26 años de Cristina Fernández, guardó algo más de $ 4,6 millones. La orden fue para corroborar si la cantidad coincidía con la declarada por la expresidenta en el marco de la causa Hotesur, que rastrea el origen de su patrimonio y el de sus hijos.

Sindicalista
El 15 de septiembre, Omar Suárez, allegado a Fernández, fue detenido acusado de desviar fondos del gremio marítimo a través de empresas vinculadas.

Existió un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia para saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial”.Fiscalía argentina