Por casos de desapariciones, muertes y tortura provocadas y reconocidas por el abuso de poder de funcionarios del Estado (militares, policías, autoridades civiles), seis casos han llegado a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), la misma que obligó al Estado a su reparación.

Uno es el de la maestra Consuelo Benavides. El Estado asumió la responsabilidad por su desaparición y muerte en 1985 por miembros de la Armada Nacional; se la acusaba de pertenecer al grupo subversivo AVC. Se indemnizó a su familia con un millón de dólares. Otro es el de los hnos. Restrepo, desaparecidos por miembros de la Policía en 1988. En 1998 se firmó un acuerdo de solución amistosa, propiciado por la CIDH; el Estado aceptó su responsabilidad. El de Daniel Tibi es otro. Francés arrestado ilegalmente en 1995, fue recluido en la Penitenciaría durante 28 meses, torturado para obligarlo a confesar su participación en un caso de narcotráfico. En la sentencia de la CIDH se penalizó al Estado ecuatoriano a pagar 393.120 euros de indemnización.

Caso Zambrano-Vélez. La CIDH condenó al Ecuador por la ejecución en 1993 de (Wilmer Zambrano, Segundo Olmedo y José Caicedo) a manos de las FF.AA. y la Policía. En otro caso, la CIDH dispuso en el 2008 que el Estado prepare una disculpa pública y el pago de 457 mil dólares a Juan Carlos Chaparro (chileno) y Freddy Lapo (ecuatoriano), quienes fueron ilegalmente detenidos y procesados por narcotráfico. Asimismo, la CIDH en el 2012 emitió dictamen en el caso Mejía Idrovo versus Ecuador, y sentenció al Estado al pago de indemnizaciones por los daños materiales e inmateriales y gastos causados. (I)

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casos de muertes y abusos
LA CIDH ha responsabilizado al Estado ecuatoriano con el pedido de disculpas públicas y pago de indemnizaciones.