La Comisión de Justicia de la Asamblea, que investigó las inversiones en paraísos fiscales revelados por los Papeles de Panamá, pidió a la Contraloría que realizara un examen especial a las declaraciones juramentadas de bienes de 12 funcionarios.

El informe pide que se haga una auditoría al fiscal general Galo Chiriboga; al exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli; al gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde; y a su antecesor, Álex Bravo, quien está detenido.

La Comisión solicitó el mismo examen para otros ocho exfuncionarios: el exgerente de la Unidad de Negocios Gensur Wilson López Merino; el exasesor de Petroecuador, Arturo Domínguez Escobar; el excoordinador jurídico de Petroecuador, Marcelo Reyes López; el exsubgerente de Servicios Generales de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Juan Vinelli Aguirre, y su hijo Alejandro Vinelli Ayala, quien también trabajó en la CFN; el exasesor de El Telégrafo Esteban Uribe Cabrera; la exjefa de contratación de Petroamazonas, María Córdova Misas; y el exasesor de la Prefectura del Guayas, René Vivar Chacón.

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Según el informe, varios de estos exfuncionarios no registraron sus inversiones realizadas en paraísos fiscales en sus declaraciones de bienes.

El documento también recomienda que el Servicio de Rentas Internas (SRI) realice una auditoría tributaria.

El informe incluye un listado de 13 personas que podrían estar vinculadas al caso de Álex Bravo. De ellas, diez están identificadas como funcionarios de la estatal petrolera.

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Justamente este miércoles, la Fiscalía solicitó reformular los cargos de Bravo y que se lo indague por el delito de enriquecimiento ilícito. La jueza Ana Lucía Cevallos, de la Unidad Penal de Pichincha, aceptó el pedido.

El fiscal de Pichincha, Franklin Bravo, explicó que no se inició el proceso directamente por enriquecimiento ilícito, pues no existía el informe de Contraloría en el que se habla de “que el incremento patrimonial no justificado (de Alex B.) es mayor a las remuneraciones percibidas como servidor público”. $544. 189,79 sería, según el informe de la Contraloría, sería el monto de lo no justificado por el sospechoso.

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La defensa de Álex Bravo, Diego Velásco, cree que la reformulación de cargos es porque la Fiscalía pudo juntar los elementos para demostrar que su cliente haya influenciado en otro funcionario para la adjudicación de un contrato. Y critica el informe de Contraloría, pues dice que violenta las normas del debido proceso: “Ese fue un informe que violentó la Ley de Declaraciones Juramentadas, así como un informe que se realizó en un plazo increíble, 40 días para seis años de gestión”. (I)