El uso de recursos por parte de la Presidencia de la República y entidades relacionadas con el Ejecutivo en los enlaces ciudadanos es motivo de un examen especial en la Contraloría General del Estado.

El organismo empezó la investigación en febrero pasado; esta cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015, según conoció este Diario

De “manera urgente”, a través de oficios, la Contraloría solicitó a varias entidades independientes del Ejecutivo que informen sobre qué tipo de recursos, montos y otros desembolsos se destinaron en este periodo “en coordinación con la Presidencia para la realización de los enlaces, como traslados, viáticos, subsistencias, movilización de autoridades, personal de apoyo, difusión, información, publicidad, logística”.

Aunque el Ejecutivo no ha detallado los gastos que involucran su montaje, que está a cargo de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), Correa comentó que estarían costando entre $ 20.000 y $ 24.000 cada semana; y al año se destinaría $ 1 millón. Hizo la referencia en la sabatina 458 en Malchinguí (Pichincha), al responder a las críticas de sectores de oposición por el gasto público por una obra en Los Ríos.

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“El anillo vial de Quevedo nos cuesta 180 años de enlaces ciudadanos, porque el enlace (ciudadano) nos cuesta unos $ 20.000, $ 24.000 por semana... Será $ 1 millón anual”, expresó.

Este Diario solicitó a Patricio Barriga, titular de la Secom, una opinión sobre el examen y precisiones de la inversión en estos actos, pero no respondió.

En total se han realizado 476 informes semanales; el último, del pasado sábado, se transmitió desde el ECU-911 de la capital. La modalidad de estos espacios, efectuados usualmente con público y en locales abiertos, cambió a raíz del terremoto del pasado 16 de abril.

En su sabatina 475, del 14 de mayo, Correa dijo que los enlaces continuarían pese a las críticas, pero que serán pagados por sectores privados, por jóvenes y por Alianza PAIS. Al momento no se conoce cómo se recogerán estas contribuciones.

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Santiago Correa, prefecto del Cañar y miembro de la dirección ejecutiva de AP, consideró que los aportes mensuales que los funcionarios públicos hacen a la organización servirán.  “Nosotros aportamos el 5% de nuestro salario, y lo correcto es usar esos recursos para financiar los enlaces”, dijo.

Luis Monge, secretario nacional de Organización Territorial de AP, contó que hay propuestas internas para comprar, por ejemplo, mil sillas; y si se necesita un equipo de audio, se lo alquilará.

“Son los jóvenes particularmente los que señalaron que merecemos saber la verdad y tenemos el derecho a estar informados. Y podemos hacer una ‘vaca’, no tenemos un porcentaje todavía, pero no tendremos ningún problema en contribuir”, comentó. (I)