Deudas que sobrepasarían los $ 907 millones, más de 90 casos de mora que involucrarían a instituciones públicas y juicios iniciados a contratistas por sus extrabajadores.

Es el balance de una situación que se inició en 2012, recrudeció en 2015 con la situación económica y se mantiene hasta este año, según el presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Enrique Pita, lo que lo ha llevado a promover que sus socios exijan sus valores a través de la vía judicial.

Pita, quien además es titular de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, asegura que en Guayaquil hay deudas por 22 contratos en 15 instituciones, ejecutadas por 8 contratistas, por más de $ 36 millones.

Para cobrar analizan utilizar el artículo 101 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, un recurso que a la fecha no ha sido presentado por los contratistas, según Pita, por temor.

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Añade que entre los deudores están el Consejo de la Judicatura (CJ), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Servicio de Contratación Pública (Secob).

Las mismas instituciones encabezan la lista de mora en la Cámara de la Construcción de Quito, según afirma su titular Silverio Durán. Estas les adeudarían cerca de $ 93 millones a empresas pequeñas y personas naturales y a empresas grandes más de $ 810 millones.

La información fue recabada de una encuesta realizada a sus socios, en la cual 78 manifestaron estar impagos.

En Quito y Guayaquil las deudas serían mayores, según Pita, pero no podrían documentarse por recelo de los contratistas, quienes, sin embargo, en algunos casos, han sido enjuiciados por sus exempleados e instituciones del Estado, como el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para cobrar valores adeudados.

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César Tumbaco es el procurador común de un grupo de 600 trabajadores que enjuiciaron a su contratista e incluyeron en la demanda al CJ.

En mayo de 2014 reunieron 110 demandas y 200 quejas en la Inspectoría del Trabajo, pero después de dos años siguen con una deuda de $ 300 mil.

El dirigente afirma que los trabajos impagos son: las obras del Palacio de Justicia, el Albán Borja, de Luque y Tulcán y de Samborondón. “Los contratistas tienen toda la buena voluntad de cancelarnos”, señala.

Este Diario solicitó información el martes pasado al CJ, MTOP y el Secob sobre las quejas de los gremios, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas. (I)

Lo que dice la ley
Art. 101

El funcionario o empleado al que incumba el pago de planillas u otras obligaciones de una Entidad Contratante (...) será destituido de su cargo por la autoridad nominadora y sancionado con una multa no menor de 10 SBU...