A cuatro días de que 21 de los 24 manifestantes fueran detenidos, en los alrededores del parque El Arbolito (el jueves pasado), durante las manifestaciones en contra de la aprobación de las enmiendas constitucionales, sus familiares insisten en su inocencia y aclaran que la sanción de 15 días de prisión es un exceso de la justicia.

La mañana de ayer, amigos y familiares de los 21 sancionados por “proferir expresiones en descrédito y deshonra”, en contra de cuatro policías, se juntaron en las afueras de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, ubicada en el centro-norte de Quito, para reclamar por lo que ellos califican como irregularidades y vulneración de derechos dentro del proceso.

Según Andrea Reinoso, hija de uno de los detenidos, Juan Reinoso, de 64 años, luego de la detención las autoridades les negaron el derecho a información oportuna sobre sus familiares e incluso se les ha impedido el derecho a entrar en contacto con sus parientes, entregarles alimentos o medicinas.

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Reinoso defiende la inocencia de su padre. Afirma que al momento de la detención él y su madre bajaban del Hospital Militar haciéndose unos exámenes médicos y al ver las manifestaciones trataron de encontrar a su hija, quien es fotógrafa, para llevarla.

En ese momento un grupo de 16 policías lo habrían detenido violentamente.

Hugo Collaguazo, hermano de Patricio Collaguazo, otro de los 21 sentenciados, también asegura que su hermano no participó de las manifestación. Según los familiares del albañil de 34 años, él estaba por la zona de protestas, pues terminaba un trabajo de pintura en una vivienda muy cercana.

Tanto Andrea Reinoso como Hugo Collaguazo afirman haber entregado en la audiencia pruebas de lo que afirman, pero explican que el juez de Flagrancia, Rafael Pérez, jamás las tomó en cuenta.

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Respecto a los hechos en El Arbolito, en la última sabatina, el presidente Rafael Correa expresó su apoyo a la Policía y manifestó su extrañeza de por qué no se actuó con mayor fuerza frente “a estos desadaptados”.

Ciro Guzmán, uno de los abogados de las tres personas detenidas en las protestas y acusadas del delito de ataque y resistencia, criticó el hecho de que en estos casos, así como de los de El Arbolito, la Fiscalía usó elementos generales para formular cargos y no individualizó las acusaciones. (I)

No se demostró la materialidad del delito, ni la culpabilidad de los 21 (sancionados). Esta es una sentencia política ordenada por algún nefasto funcionario del Gobierno.Edison Guerra, abogado del caso