A la Fiscalía General han llegado dos informes de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal sobre manejos administrativos en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), pero que corresponden a administraciones anteriores y no tienen relación con supuestos espionajes cibernéticos.

Así lo informó ayer el fiscal Galo Chiriboga en su comparecencia ante al Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la cual lo citó para que rinda cuentas sobre la investigación de algunos casos denunciados.

Chiriboga no precisó, sin embargo, a qué temas se refieren la auditorías ni cuáles exfuncionarios estarían señalados.

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Aunque en el sitio web de la Contraloría aparecen informes de tres exámenes especiales sobre contrataciones, planes estratégicos y asesores. Todos tienen observaciones.

La autoridad ratificó que el martes pasado dispuso una indagación al sistema de escuchas telefónicas, para saber cuántas se realizaron desde que se implementó, con autorización de qué jueces y para qué casos.

Y afirmó que si de esta investigación se determina que hubo escuchas fuera del marco de la ley, los responsables tendrán que responder ante la justicia.

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También afirmó que en una reunión con el actual titular de la Senain, Rommy Vallejo, fue informado de que no hay ningún contrato con la empresa italiana Hacking Team.

Al referirse a la auditoría que realiza la Contraloría a un contrato entre la Senain y la empresa 500 Smart Solutions LLC y que fue advertido por la asambleísta de oposición Cristina Reyes (PSC-MG), la autoridad explicó que fue informado por Vallejo de que se trata de una compañía israelí que no tiene nada que ver con la citada.

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María José Carrión (AP), presidenta de la Comisión de Fiscalización, afirmó que tras la comparecencia del fiscal Chiriboga queda claro que “no existe escuchas telefónicas, intercepciones de los medios de comunicación, tanto telefónico o vía e-mails, sobre temas de persecución política, incriminación o tratar de inculpar algunos actores políticos”.

El fiscal también habló de la investigación de los indicios de responsabilidad penal hallados por la Contraloría en entidades de Esmeraldas.

Según él, la mayoría de los casos se concentran en el cantón Muisne y se refieren a pagos no justificados, que es posible que se aclaren en la indagación. Esta se demoraría al menos 40 días más, dijo. (I)