Las autoridades judiciales reaccionaron en defensa de la administración de justicia, cuya independencia fue cuestionada por un estudio elaborado por fundaciones de los Estados Unidos, Colombia y Perú.

Dicho estudio, de las ONG Debido Proceso, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, y el Instituto de Defensa Legal, en su orden, concluyó que el Gobierno ecuatoriano “ha presionado” a jueces dentro de procesos de relevancia política.

Ayer, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Carlos Ramírez, rechazaron el informe elaborado por el jurista Luis Pásara.

Pásara fue consultor del Ministerio del Interior cuando su titular era Jalkh.

“Se debe establecer primero quiénes son los que financian dichos informes y cuáles son los objetivos que buscan estas organizaciones. ¿Quiénes les pagaron?”, sostuvo Jalkh.

Para Ramírez, el estudio “no tiene un carácter técnico-jurídico” y no aporta al proceso de reforma de la justicia en Ecuador. Por ello, dijo, el autor del documento debió indicar los intereses de las organizaciones que lo auspician y que no representan el sentir del pueblo ecuatoriano.

Además, aseguró que el informe no explicó los criterios jurídicos o académicos que sirvieron para seleccionar los casos en los que supuestamente existió presión a los jueces y más bien, dijo, reprodujo criterios de personas procesadas, sin considerar a la contraparte o las motivaciones de los jueces.

El informe revisó doce casos iniciados por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y otras movilizaciones sociales.