Por Rodolfo Pérez Pimentel *

Al producirse la revolución del 9 de octubre de 1820, con la toma de los cuarteles y prisión de autoridades, se designó a Gregorio Escobedo nuevo jefe militar de la plaza, y esa misma tarde este convocó a unos cuantos amigos y formó la Junta de Pacificación para evitar cualquier contragolpe.

La Junta ordenó la prisión de los españoles avecindados en el puerto y la confiscación de sus bienes y efectos personales. El jueves 12 de octubre, los presos pasaban de cincuenta y estaban en el interior de un barco anclado en mitad de la ría. Cada mañana se los traía al malecón, haciéndoles formar en presencia del populacho como si fueran presos comunes, lo cual creaba un ambiente de discordia entre las familias de la ciudad, pues estos prisioneros eran pacíficos padres de familia con mujeres e hijos en el puerto.

Ese día hizo fusilar a un fraile lenguaraz del hospital de San Juan de Dios para que sirva de escarmiento, pues el religioso había dirigido una manifestación encaminada a tomarse el edificio del cabildo, y aunque la Junta aprobó el fusilamiento, Olmedo no lo compartió, pues era hombre de paz.

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Mientras tanto, el día 10 había convocado a los padres de familia para que elijan a los diputados al Colegio Electoral y presidió el solemne Te Deum de acción de gracias que el superior de la orden franciscana ofició en dicho templo; por eso, el 12, luego de enterarse del fusilamiento, presentó su renuncia al cabildo y se alejó a su domicilio. Entonces se formó una comisión compuesta por Escobedo, Rafael María Jimena y José Vicente de Espantoso. Este triunvirato gobernó la ciudad hasta la instalación de los diputados del Colegio Electoral el 8 de noviembre, siendo electos Olmedo y Antepara, presidente y secretario, por ser los más viajados y versados patriotas del país.

Teniente coronel Gregorio Escobedo, pintura de Ramón de Jesús Zambrano Panta. Foto: Ronny Zambrano

Olmedo pidió a los diputados la descalificación de Escobedo, quien —previniendo este hecho— había colocado dos bombardas en el malecón, con el objeto de atemorizar a los diputados, pero como no se atrevió a dar la voz de fuego, tuvo que embarcarse hacia el sur, según decía, decepcionado por la ingratitud de los diputados, pero partió con los bolsillos llenos de las contribuciones “voluntarias” que había arrancado a los ciudadanos españoles del puerto. Su mando había durado un mes exacto. Olmedo, en cambio, fue el héroe de esta primera jornada civil que le tocó vivir a Guayaquil.

El mismo día 11, el Colegio aprobó la Constitución o Carta Provisoria de la Provincia de Guayaquil Independiente, que presentaron Olmedo y Antepara. Una copia de este memorable documento reposa en el Archivo Municipal, manuscrita por Antepara.

Por la tarde se renovó el cabildo, designándose alcaldes a Manuel José de Herrera y Juan José Casilari, y regidores a Pedro Santander, Ignacio de Icaza Silva, Manuel Tama Ponce, Manuel Ignacio Moreno Morán, Domingo de Santistevan, Fernando Sanz, Gerónimo Zerda, Manuel de Isusi, Manuel Morán y Francisco Avilés y Pacheco, y procurador general a Bernardo Roca. Todos criollos americanos, fue la primera ocasión que se excluyó a los “extranjeros”, como empezaron a llamar a los afuereños, mientras en las calles se los insultaba en verso: “Cesaron los males todos / de este Guayaquil querido / que al fin nos hemos unido / para salir de los godos. / Cayeron de varios modos / como pérfidos ilotas, / aumentaron sus derrotas / y ya en Quito tendrán fin / porque viene San Martín / a ayudar a los patriotas”.

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Melchor de Alarcón y Guzmán, mejor conocido como el Cholo Virrey, terrateniente en Daule, era el autor de estas coplas que recogía El Patriota de Guayaquil: “Toda la plaza en corrillos / no se puede atravesar / los militares aquí / los abogados allá, / por en medio los seglares / y los frailes por acá. / Todos se muestran quejosos / ninguno contento está / y solo los traidores godos / gozan de tranquilidad…/ ¡Pobres munícipes godos!”.

Esto último, en referencia a Gabriel García Gómez y Manuel de Aguirre, que tras prestar el juramento a la patria el 9 de octubre y contribuir con 650 y 2.000 pesos para las armas patriotas, habían quedado sin sus puestos en el cabildo. Igual le ocurrió al administrador de la Aduana Nacional, Juan Barnó de Ferruzola, contribuyente con ochocientos pesos, también cesado por el Colegio Electoral.

* Historiador y Premio Nacional Eugenio Espejo (2005).