El Chocó Andino se encuentra entre los 600 sitios declarados como reservas de biósfera en el mundo y es uno de los 40 hotspots biológicos del planeta por su alta biodiversidad y alto nivel de amenaza y destrucción de sus ecosistemas. Reúne 9.000 especies de plantas vasculares, 270 especies de mamíferos, 210 de reptiles, 700 de aves, 130 de anfibios, muchos de ellos son especies únicas y que están amenazadas o en peligro de extinción.

Sin embargo, la biodiversidad de la llamada Mancomunidad del Chocó Andino (conformada por las parroquias rurales Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que son parte del Distrito Metropolitano de Quito) debe convivir con 12 concesiones mineras que ocupan más de 17.000 hectáreas. Además, seis concesiones están en trámite que ocuparían al menos 9.000 hectáreas más.

Para frenar la extracción de metales en esta zona varios colectivos ambientales presentaron, el 28 de octubre de 2021, una solicitud de consulta popular para conocer si los quiteños permiten o no la minería en la Mancomunidad. El pasado 3 de enero los jueces de la Corte Constitucional (CC) avocaron conocimiento del trámite y tienen hasta el próximo 23 de enero para pronunciarse. El proceso está en manos del juez Agustín Grijalva.

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Sylvia Bonilla, abogada que impulsa la petición y que también pertenece al Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, indica que se han entregado a la CC cuatro preguntas y todas tienen relación con los distintos tipos de minería: artesanal, pequeña, mediana y a gran escala.

“Básicamente se busca la prohibición de cada tipo de minería en la zona de la Mancomunidad, ya que en estas parroquias priman el turismo, la agricultura, la producción de panela. Buscamos proteger una producción sustentable frente a la minería, que no genera empleo ni réditos para la población local”, dice.

La jurista aclara que de dar paso a una consulta popular y que el resultado sea la prohibición de la extracción de metales los efectos de la misma serían a futuro y no afectarían, de forma directa, a las actuales concesiones. “Estos procesos tendrán que pasar por procesos administrativos de revisión”.

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En tanto, Gianina Moreno, presidenta de la Mancomunidad del Chocó Andino y del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Nono, considera que esta vez podrían obtener un resultado favorable de la CC. En junio del 2021 la Corte ya negó un pedido de consulta. “Se han dado cambios y estamos viviendo una lógica distinta en el tema de la conservación. Esto nos da esperanza de que el pedido sea aceptado”, indica.

Para ella, la consulta popular es un instrumento que incentiva la participación ciudadana no solo de los habitantes de las seis parroquias que conforman la Mancomunidad, ya que se trata de analizar el futuro de las siguientes generaciones.

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“Se nos ha dicho que el extractivismo nos dará rédito, pero debemos entender la lógica y la dinámica de este territorio. A largo plazo estamos convencidos de que la conservación de estos bosques, con una diversidad increíble, será lo que genere recursos constantes para nuestra población. Las condiciones en las que ya se está dando la minería son totalmente precarias”, añade.

Moreno y Bonilla afirman que la Mancomunidad ya ha dado ejemplos de producción sustentable exportable a través de la caña de azúcar y la elaboración de panela. Además, esta zona aporta entre el 7 % y 12 % de la producción de leche diaria del Distrito Metropolitano de Quito. Añaden que el turismo y las gastronomía también son canales que generan ingresos a las parroquias.

De haber un pronunciamiento negativo, los colectivos seguirán insistiendo en una consulta, dice Bonilla. (I)