Fernando Bastias, un defensor de los Derechos Humanos en Ecuador y, sobre todo, en Guayaquil denunció que el 5 de agosto de 2021 fue amenazado y agredido por supuestos servidores municipales que estaban vestidos de civil, pero que se movilizaban en camionetas con logos del Municipio porteño.

Él documentaba y fotografiaba un altercado entre uno de los comerciantes y “un presunto servidor municipal sin uniforme, sin chaleco, sin credencial y que dirigía a otras personas”, como dice parte del escrito, dirigido a la alcaldesa Cynthia Viteri, que fue presentado en el Municipio formalmente por los representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), donde también consta la firma del activista agredido.

Ahí se le acercó uno de los hombres vestido de civil y lo amenazó porque fotografía el suceso, así como la forma en que le arrancharon el celular a un transeúnte que también grababa el altercado que primero se dio entre un informal y un municipal. En su relato cuenta que además de estar con chaleco, membretes y otros distintivos de su organización pro derechos humanos, él se identificó como defensor de los derechos humanos.

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Además de la intimidación y de las amenazas que, afirma, recibió, uno de estos supuestos municipales vestidos de civil lo siguió hasta el taxi en el que se subió y ahí le dio un golpe en el rostro.

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Por eso, así como por otras actuaciones similares, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) envió una carta a Viteri con fecha del 6 de agosto de 2021, en la que se rechazan estas agresiones y se pedía una inmediata investigación administrativa, además de un pedido de información pública sobre el actuar regular de los agentes metropolitanos. La carta, que incluía la queja, fue sellada con el recibido en las ventanillas del Municipio el 11 de agosto.

Hasta la primera publicación y cierre de edición (17:30 del domingo 22), que hizo este Diario sobre el suceso y sobre el comercio informal en los espacios públicos, el CDH no recibía respuesta en su correo electrónico que pusieron en la misma misiva. Tampoco este Diario, que también solicitó información sobre aquel hecho, a las 15:03 del viernes 20 de agosto de 2021, luego de conocer el suceso.

El área de prensa del Municipio porteño confirmó, a las 18:36 del domingo 22, que el 6 de agosto ingresó al cabildo un requerimiento del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, suscrito por su secretario ejecutivo, Billy Navarrete, y por su coordinador, Fernando Bastias (quien denunció también la agresión en su contra).

Parte del escrito que envió el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por el actuar de los metropolitanos en los operativos y por la agresión que sufrió defensor de DD. HH. cuando documentaba un altercado entre un comerciante y un supuesto funcionario municipal que vestía de civil y estaba sin identificación, pero que "ordenaba agresiones" y actuaba en operativos.

El requerimiento (del CDH) contempla una serie de solicitudes de información que abarca a varias direcciones municipales. Como es de conocimiento público, actualmente el Municipio de Guayaquil lleva a cabo operativos de control en la Bahía y otras zonas del centro de la ciudad con el objetivo de garantizar el libre tránsito de los ciudadanos”, se contesta a este Diario en la respuesta que envió el cabildo a través del área de Prensa, a las 18:36 del domingo 22 de agosto.

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Ahí se agrega que estas acciones (operativos) son permanentes y “que gozan del respaldo de los vendedores regularizados, ya que el orden les ha generado un aumento de sus ventas”. Y participan varias direcciones municipales, además de miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Policía Nacional.

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Al momento, la Secretaría Municipal se encuentra tramitando el pedido de información con las direcciones involucradas para ofrecer una respuesta oportuna al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Una vez que esta gestión haya concluido, la entidad antes citada contará con la información solicitada”, se asegura en la versión oficial del área de Prensa del cabildo.

Sobre los funcionarios involucrados en el suceso y agresión que expuso el defensor de los Derechos Humanos, se indicó que está siendo tratado por el Municipio y que apenas tengan una respuesta adicional, en el transcurso de esta semana, la harán conocer inmediatamente.

Es importante mencionar que los operativos de control se realizan bajo un estricto respeto a los derechos de todos los ciudadanos. El Municipio de Guayaquil reitera este principio, por lo que en caso de producirse algún exceso en el uso de la fuerza este será sancionado conforme al marco jurídico vigente”, se agregó en el comunicado del cabildo.

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Civiles sin identificarse no pueden dirigir operativos ni ordenar, dice CDH

“Lo más grave, no solo con lo ocurrido al colega, sino que es una práctica desde antes, es la intervención de civiles que ordenan, sin ninguna identificación, estas operaciones. Ordenan a policías metropolitanos, a uniformados, a ejecutar agresiones... Ningún agente del Estado debe de brindar un servicio directo a la ciudadanía sin tener emblema e identificación, porque eso es lo que vuelve autoridad, si no esto no cabe”, sostiene Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el ente que presentó la queja ante la alcaldesa.

El activista dice que en el caso del defensor que denunció la agresión por parte de civiles sin identificar (sin uniformes, sin nombres, etc.) que representaban al Municipio, este no participaba en el conflicto que se había generado en ese momento. Solo estaba documentando los hechos como hacen los defensores de los derechos humanos.

Y por aquello fue agredido, golpeado y amenazado, asegura. “Una amenaza seria y esto no cabe que se deje pasar. Es un agravante de estos operativos”, asevera Navarrete, quien agrega que el CDH ha registrado desde hace mucho tiempo los episodios “bastantes graves en realidad”, que incluso han terminado con la judicialización de agentes metropolitanos, sobre todo en casos de agresión física a personas con discapacidad, mujeres y menores de edad.

Para el defensor de los derechos humanos, el principal conflicto que la política municipal tiene en Guayaquil, y que a su criterio no ha estado bien manejado y va en perjuicio del propio cabildo, es esta confrontación por el espacio urbano, donde se ha construido una imagen de un funcionario, en este caso policía o agente metropolitano, como un sujeto violento, “como un garrotero, que es el calificativo que se le da. Y eso desmerece del rango de autoridad que un agente del Estado debería conservar y poner por delante”, expone.

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Cuenta que de por sí el espacio público es un tema complejo en cualquier ciudad, pero las autoridades deben aprender a manejarlo como se lo ha hecho en otros lados.

“No se ha discutido ampliamente con los actores para encontrarle salida. La única respuesta ha sido la de la fuerza. Como hemos visto en estos videos (que han circulado en redes sociales en estos días), la reacción de la ciudadanía es inmediata y a veces en el mismo sentido que la agresión estatal y eso no es una manera de gobernar. La violencia trae más violencia y eso no es lo que debe buscar la autoridad”, indica Navarrete.

Otros vendedores informales y ciudadanos también han denunciado agresiones por parte de la guardia metropolitana. Sostienen que hay muchos, aunque las autoridades locales tratan de minimizarlos, según comerciantes y dirigentes entrevistados. Algunas de estas situaciones se han expuesto también en redes sociales en los últimos días, donde se replican videos con enfrentamientos y vulneraciones.

Del lado de los agentes metropolitanos también se habla de que son víctimas de agresiones. Y hasta la semana pasada contabilizaban diez ataques a sus agentes. Además se ha indicado que serían los mismos vendedores los que botan mercaderías, como alimentos, para que ante la ciudadanía se vea como una agresión.

Uno de los comerciantes formales contó que el viernes 20 de agosto tuvieron una reunión con funcionarios municipales y les dijeron que los apoyen, ya que había informales o ambulantes que estarían haciendo show o que exagerarían para llamar la atención o aparentar posibles vulneraciones a derechos humanos. (I)