El Ministerio de Defensa, en su calidad de ente rector de la política pública en materia marítima, acogió la recomendación de retirar el puente basculante que une Guayaquil con la isla Santay, que fue planteada por la Armada Nacional como “solución de la navegabilidad en el río Guayas”.

Así consta en un oficio enviado el pasado 14 de septiembre por el entonces ministro de Defensa, Fernando Donoso, al presidente de la República, Guillermo Lasso, quien debe tomar la decisión final sobre el futuro del paso peatonal que fue inaugurado el 3 de junio de 2014 y que ha sido impactado por cuatro embarcaciones. El último suceso ocurrió el pasado lunes 18 de octubre.

Dicho documento, al que este medio tuvo acceso, es una contestación a lo dispuesto mediante la resolución 30-6 del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que textualmente ordena: “Que el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas prepare un informe para la Presidencia de la República, con relación al puente peatonal Guayaquil – Isla Santay, recomendando alternativas, ya sea para su destrucción, reubicación o arreglo”.

Así fue como, un mes antes del último accidente provocado por el buque brasileño Cisne Branco, se envió al presidente el “informe técnico sobre la situación de navegabilidad en el río Guayas con relación al puente basculante hacia la Isla Santay”, que fue remitido al Ministerio de Defensa por el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y elaborado por la Armada como Autoridad Marítima Nacional.

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Para Héctor Plaza, coordinador del Foro Río Guayas, una organización que vela por la navegabilidad del río y que se reunió el pasado miércoles con el gobernador Pablo Arosemena, no cabe ni la reubicación o readecuación del paso para peatones y ciclistas, sino la remoción de la estructura que, asegura, dificulta el ingreso de buques mercantes o veleros de considerable calado hasta el malecón.

El gobernador Pablo Arosemena (d) recibió en su despacho a integrantes de la comunidad marítima que pide la eliminación del puente Guayaquil-Santay. Foto: Cortesía

Según Plaza, exgerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, el gobernador dispuso en la reunión del miércoles la instalación de mesas técnicas para viabilizar el pedido de retirar el puente. “Se tendría que ver cómo y dónde se podrían aprovechar los materiales de los que está construido el puente, porque eso fue una inversión pública (costó casi $ 15 millones) y se nos informó que hay un proceso de examen especial de Contraloría, por lo que también hay que tener en cuenta cómo está la parte legal”.

La preocupación del Foro es que los pilotes del puente están acumulando sedimentos “y en poco tiempo será más difícil cruzar por allí”. Pero no se quedan solo en los problemas. “Se han socializado soluciones con los comuneros de la isla y están de acuerdo en que se pueda retirar la estructura, pero ellos piden rehabilitar y construir muelles para trasladarse mediante embarcaciones”.

En 2019 un muelle remodelado se entregó en la ecoaldea en Santay. Pero en Guayaquil sus embarcaciones de pasajeros no tienen muelle propio.

Los botes turísticos de Santay deben improvisar un muelle en la calle El Oro, en el sur de Guayaquil. Foto: Francisco Verni

Ministerios se arrogaron funciones

En el informe remitido a Lasso se destaca que en 2012 se dio inicio a los trabajos de construcción de la obra a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) sin que esta Cartera de Estado cuente con la concesión de zonas de playa y bahías, de conformidad con lo que prescribía el Código de Policía Marítimo y el Reglamento a la Actividad Marítima.

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) era la entidad encargada de entregar las concesiones de Playa y Bahía a nombre del Ministerio de Defensa sobre la base de la normativa vigente a esa fecha, y había efectuado varias observaciones al Miduvi a fin de que pueda obtener las autorizaciones pertinentes.

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Sin embargo, mediante Acuerdo No. 33 de 19 de abril de 2013, que no fue publicado en Registro Oficial, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas se autodeterminó como Autoridad Marítima Nacional y se arrogó la competencia para entregar las concesiones de playas y bahías a través de la Subsecretaría de Puertos, Transporte Marítimo y Fluvial. Mediante este acto se viabilizó la construcción del los puentes de Guayaquil y Durán hacia Santay, quedando la Armada sin competencia para actuar, dice el informe entregado a Lasso.

El tramo Guayaquil-Santay ha sido escenario de cuatro accidentes hasta ahora, el primero en octubre del 2017 cuando el buque pesquero Patricia colisionó contra la infraestructura, derribando dos tramos del puente hacia el lado de la calle El Oro.

El puente que conduce desde Guayaquil a la isla Santay colapsó en un tramo debido al choque de un barco contra su estructura.

En 2018 colisionaron las corbetas Manabí y Loja de la Armada del Ecuador al salir de labores de mantenimiento desde las instalaciones de Astinave; y el pasado lunes colisionó el brasileño Cisne Branco.

El informe no señala el retiro del puente que une a Durán con la isla, porque por allí no navegan la misma cantidad de embarcaciones que en el canal entre Santay y Guayaquil, pero el puente Durán-Santay también sufrió el choque de un barco en condiciones de abandono en agosto del 2018; y aunque fue reparado después, hoy en día permanece cerrado al público porque las camineras de ese lado de la isla no sirven.

Los puentes fueron creados con el fin de incentivar el turismo hacia la isla y en ese sentido surgen propuestas como alternativa a su eliminación. Solanda Carpio, otra integrante del Foro Río Guayas, dice que pueden emplearse embarcaciones para el traslado de pasajeros con espacios para llevar bicicletas (propias o alquiladas) que se usan en las rutas internas en una parte de la isla.

Un barco abandonado chocó con el puente Durán-Santay en 2018. El tramo fue reparado pero hoy en día permanece cerrado al público porque las camineras en la isla no sirven. Foto: Andrés Donoso

En la comunicación al presidente se detalla que la Dirnea dispuso una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad Marítima, para la revisión y análisis de los escenarios, considerando el alto nivel de siniestralidad de la estructura y plantea tres escenarios, destacando en la parte pertinente de las conclusiones del informe que “los escenarios planteados por el Inocar al Coseme técnicamente validan la aplicación del escenario 1, que es remover íntegramente la estructura del puente y sus bases”.

José Segovia, presidente de la Corporación de Prácticos Marítimos del Puerto de Guayaquil, ratifica —al igual que han declarado otros especialistas en ocasiones anteriores— que la presencia de este paso peatonal es un obstáculo a la navegación en el río Guayas. “Está mal ubicado el puente, mal diseñado y, adicionalmente, provoca una sedimentación tan bárbara que, de aquí en dos años más, eso de ahí prácticamente será intransitable”.

A favor de la remoción del puente, Segovia planteó que, además del horario de tránsito en horas de pleamar o bajamar en marea parada, deben establecerse normas de seguridad, de estricto cumplimiento, para mejorar la circulación marítima en la zona de influencia del puente Santay, entre esas, el uso obligatorio de remolcadores adecuados.

Indicó, como ejemplo, varias normas que se aplican a barcos pesqueros o remolcadores grandes que circulan específicamente en el área de la Aerovía, donde está permitido que naveguen de 23:00 a 05:00 (fuera del horario operativo del sistema) bajo un minucioso control desde la salida del muelle hasta el cruce por los pilotes del transporte aerosuspendido. (I)