“Ya he perdido la fe, los pacientes siempre terminamos pagando los platos rotos”, sostiene Fernando Santistevan al enterarse de que el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) nuevamente declaró desierto el proceso de contratación del servicio de fabricación de 247 prótesis y órtesis para los afiliados y jubilados que como él han perdido alguna extremidad.
Ahora ‘volvemos a cero’, dice este jubilado, decepcionado e indignado porque desconoce cuánto tiempo más deberá esperar por este dispositivo que le permita retomar la movilidad e independencia que perdió en junio de 2021.
Un aneurisma le provocó una trombosis en la pierna izquierda. “Llegué el miércoles en la noche al OnmiHospital y me desmayé. El domingo desperté y me di cuenta de que me habían cortado mi pierna”, recuerda Fernando.
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Han pasado ya más de cuatro años y su espera continúa. No puede comprar una prótesis, que cuesta $ 4.000, $ 5.000, porque refiere que aún no termina de pagar el préstamo de $ 20.000 que hizo para pagar la cuenta en la clínica por la atención y cirugía de amputación de su extremidad. La cuenta se hizo más de $ 30.000 y el IESS no la cubrió. Usó el crédito y completó ese monto con el apoyo de sus hijos, familiares, amigos, colegas.
Luego vinieron las terapias de rehabilitación, que tampoco hizo en el HTMC ni en ningún centro del IESS, al que aportó durante más de 40 años, como docente catedrático de las universidades Católica y Laica. Sus atenciones, hasta ahora, son en el sector privado.
“Una consulta a uno le dan meses después, prefiero pagar $ 8 la consulta en la (fundación) Damas del Cuerpo Consular y me atienden de inmediato. Los derechos de los pacientes los vulnera el IESS día a día”, apunta este jubilado de 77 años, quien desconfía de la palabra de las autoridades del HTMC, porque en cada reunión que tienen les ofrecen adquirir estos dispositivos y luego “se vuelve a caer” el proceso.
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Pese a que asegura haber perdido la fe en el Seguro Social, dice que seguirá a la espera, insistiendo, para que se cumplan sus derechos y los de los 242 pacientes que requieren estas prótesis, algunos desde el 2018, hace ya siete años.
El HTMC declaró desierta la compra la tarde del miércoles 27 de agosto. Ese día se tenía previsto adjudicar la compra, según el cronograma del proceso. No obstante, el hospital publicó la resolución en el portal del Sercop. En el documento alegó la decisión por “considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada”.
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En el escrito, firmado por el gerente del HTMC, Alberto Sper Sempértegui, se menciona entre los antecedentes que tres de los integrantes de la Comisión Técnica presentaron la renuncia a esa designación el 18 de agosto, por lo que el 21 de agosto, cuando se tenía prevista la apertura de las ofertas de los proveedores, no se cumplió esta diligencia por la ausencia de dicha Comisión.
“Ante el ataque infundado de una apócrifa agrupación dizque anticorrupción (...), el suscrito como presidente de la misma y en representación de los otros miembros de la misma presentamos ante usted nuestra excusa irrevocable a seguir siendo parte de este proceso para evitar cualquier suspicacia...”, expone Juan Ampuero, médico fisiatra y quien había sido elegido presidente de la Comisión, en su renuncia.
Ampuero se refiere a las observaciones que hizo el Observatorio de la Seguridad Social sobre presuntas irregularidades en ese proceso, por lo que solicitó “que se disponga la inmediata intervención en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el fin de erradicar actos de corrupción”.
Ante la renuncia de los miembros de la Comisión, el 25 de agosto, Juliette Valero, jefa de la Unidad de Contratación encargada del HTMC, emite un informe en el que recomienda que se analice la viabilidad de la declaratoria de desierto.
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Walter Luna, coordinador general del HTMC, expone en otro documento –el 25 de agosto– que no se ha tomado conocimiento de la ratificación de la conformación de la comisión o el cambio de funcionarios para la conformación de una nueva comisión para la continuidad del proceso.
Adicionalmente, Luna detalla que “existen denuncias y varias solicitudes de información por parte de organismos públicos que podrían viciar el proceso de contratación... en el sentido de confundir o entorpecer la información del proceso o las acciones realizadas por los funcionarios de esta casa de salud”, por lo que también recomienda que se analice la declaratoria de desierto.
No obstante, el coordinador general jurídico del hospital, Antonio Jara, sugiere el mismo miércoles 27 –en el que se declaró desierto– a la máxima autoridad “NO aceptar la excusa presentada por los tres miembros de la Comisión Técnica” del proceso por “no cumplir con las causales previstas en el artículo 86 del Código Orgánico Administrativo”.
Pese a ello, el gerente hospitalario decidió declarar desierta esta adquisición, que tenía un presupuesto que superaba los $ 2,1 millones.
Este Diario solicitó, el miércoles y este jueves, una entrevista con un vocero del IESS para abordar sobre esta compra, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
En la declaratoria de desierto no se detalla si este proceso se retomará o no. Esto le preocupa a John Cabot, procurador de los pacientes del HTMC: “Una vez más el HTMC, basados en una denuncia infundada por parte del coordinador de un pseudoobservatorio que no se encuentra registrado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (...) perjudica una vez más a los 242 afiliados requirentes de prótesis desde el 2018, con una declaración de desierto sin sustento legal y técnico”.
Pero su lucha continúa, dice. Cabot inició este mes una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, que recayó en la jueza Karla Andrade para impugnar la sentencia que negó la acción de protección, porque –alega– se han violando los derechos constitucionales de los pacientes. “Esperemos que sea la Corte Constitucional la que haga prevalecer los derechos de centenares de discapacitados o recurriremos a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington”, asegura el jurista.
Hasta tanto, la espera continúa para los 242 pacientes que están –admite el HTMC– “en lista de espera desde el año 2018 y que hasta la actualidad no han podido ser atendidos por la falta de adquisición de estos dispositivos”. (I)
