El rumbo de las fundaciones podría cambiar después de casi tres décadas de operaciones en Guayaquil. La administración entrante, que será posesionada el próximo 14 de mayo, ha sido enfática en mencionar que estas figuras requieren de un análisis profundo.

El alcalde electo Aquiles Álvarez no ha mencionado la opción de eliminarlas, pero ha reiterado la necesidad de ejecutar auditorías rigurosas a estos modelos.

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En Guayaquil existen cuatro fundaciones que tienen, entre otras funciones, administrar y velar por la operación de espacios que brindan servicios o que en su defecto forman parte del ornato y del espacio de esparcimiento de la ciudad.

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Muchas de ellas nacieron con la llegada de los socialcristianos al poder. Con León Febres-Cordero, en 1997, se creó una de las primeras y más emblemáticas: Malecón 2000. Esta figura se encargó de la ejecución del proyecto del malecón en el centro de la ciudad.

Siglo XXI, que se creó en el 2000, tiene por objeto realizar por encargo de la municipalidad, en forma directa o a través de las personas naturales o jurídicas con las cuales ella contrate, los procesos de regeneración urbana en el cantón.

En ese mismo año nació Autoridad Aeroportuaria y en 2002, Terminal Terrestre. Ambas están enfocadas en administrar y mantener las terminales aéreas y terrestres, así como la construcción de nuevos espacios.

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El tradicional Pasaje Comercial Mejía de la Bahía de Guayaquil fue mejorado con una inversión de Guayaquil Siglo XXI en 2022. Foto: Cortesía Municipio de Guayaquil

Pese a que las fundaciones cargan con la administración de obras y de grandes espacios, el manejo ha sido duramente criticado por la sociedad civil.

En al menos dos ocasiones de la última década se han propuesto consultas populares para lograr su disolución o reestructuración con el objetivo de transparentar las funciones que ejercen estas en los espacios que administran.

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En 2015 el colectivo Ciudadan@s por Guayaquil planteó que las fundaciones constituidas por el Municipio se conviertan en entidades públicas. En ese año, el alcalde Jaime Nebot cuestionó la propuesta y aseveró que parte de estas organizaciones han sido actores de la transformación de Guayaquil.

Mientras, en 2021 el grupo ciudadano Todos por Guayaquil presentó ante la Corte Constitucional ecuatoriana (CC) un pedido de dictamen de constitucionalidad de una consulta popular en la que proponía la disolución y liquidación de las fundaciones municipales.

Dicho recurso, en el que se establecía que a través de sus direcciones o empresas públicas municipales se redistribuyan sus acciones o funciones, fue negado y archivado a inicios del 2022.

¿Qué rumbo deberían tomar las fundaciones?

Para Mauricio Alarcón, director ejecutivo de fundación Ciudadanía y Desarrollo, el modelo de las fundaciones no debe ser satanizado. Sin embargo, requiere de herramientas que empujen a estas figuras a cumplir con parámetros de ley.

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El derecho de acceso a la información pública está establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). Allí se enumera como sujetos a cumplir con esta obligación a las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales (ONG).

Alarcón propone que la próxima administración promulgue una resolución u ordenanza en la que se determinen parámetros para el cumplimiento de los estándares de transparencia que van desde la exposición de salarios de nómina hasta ejecución presupuestaria actualizada, como lo realizan ministerios del Gobierno.

‘A partir del 14 de mayo podrá exigirles a los funcionarios lo que crea conveniente. Hasta ese día, la que está al frente de la institución soy yo’, responde Viteri a alcalde electo

Además, de que se ponga a disposición de la ciudadanía quiénes están detrás de las organizaciones como consejeros, asesores.

Esto, indicó el directivo, para que se pueda prestar atención tanto a posibles conflictos de interés que hay en materia de contratación pública, como a posibles conflictos de interés vinculados a cargos públicos.

“El nuevo alcalde de Guayaquil, si tiene un compromiso con la transparencia, debe exigir y obligar a que las fundaciones cumplan con el régimen de transparencia establecido en la Lotaip (...). De esta manera se puede vigilar si existe cumplimiento de estándares mínimos en materia de contratación o se está abusando de una figura para obtener beneficios al margen de la ley”, puntualizó.

La directora de la fundación Cadena de Favores, Shirley Muñoz, concuerda en que la transparencia debe primar en todos los procesos.

Otro problema a simple vista, indicó, son las políticas de manejo. Esto en referencia a que los espacios que son intervenidos por estas fundaciones, aun siendo bienes públicos, pasan a una administración privada en donde se establecen parámetros para su uso.

“Se pierde ese nombre de espacio público porque se limitan ciertas acciones. Ciertos proyectos no cumplen con el objetivo de integrar o brindar un mejor servicio a la comunidad o plazas de empleo, más bien marcan más la brecha social y alejan a grupos de comercios pequeños o emprendedores”, exclamó Muñoz.

Las fundaciones, ¿un modelo que se debe eliminar?

La fundación Terminal Terrestre de Guayaquil se creó en el 2002. Foto: El Universo

Desde la perspectiva de Eduardo Salgado, quien fue gerente general de la fundación Terminal Terrestre desde el periodo 2009 hasta 2021, para hacer más eficiente la gestión de fundaciones se deben identificar las que no funcionan y liquidarlas.

“Las que sí funcionan deben quedarse para garantizar su autosustentabilidad e independencia, además que tengan un buen gobierno corporativo para evitar malgastar el dinero del pueblo. Las fundaciones permiten mayor autonomía en la gestión y menos trámites burocráticos en comparación con el manejo del presupuesto municipal”, manifestó.

Las que sí funcionan deben quedarse para garantizar su autosustentabilidad e independencia”.

Eduardo Salgado, exgerente general de la fundación Terminal Terrestre

Según Salgado, la fundación Terminal Terrestre y la Aeroportuaria han tenido una buena gestión. En el caso de la primera indicó que tiene auditorías de control interno propias, del Municipio, del Departamento de Control de Gestión, de Contraloría y una externa debido al tamaño de sus activos.

Estas auditorías, manifestó, se pueden aplicar a todas las organizaciones.

Para el exgerente de la fundación Terminal Terrestre, eliminar una fundación en un momento en el que las arcas municipales están golpeadas es complejo ya que se podrían generar problemas al momento de ejecutar un presupuesto para cumplir con las funciones que estas tienen establecidas. (I)