La ejecución de obras, proyectos, mantenimiento y mejoras en ciertos sitios de Guayaquil ha estado atada al manejo por parte de fundaciones y empresas públicas creadas por la administración municipal.

Esta especie de delegación de funciones, que data del mandato de León Febres Cordero, que comenzó su primer periodo en la Alcaldía el 10 de agosto de 1992, ha permitido trazar cierto camino para las administraciones socialcristianas a lo largo de estos 30 años.

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De hecho, el caso de las empresas públicas persigue este fin. Las entidades, que se derivaron en muchos de los casos de direcciones municipales, han sido creadas con el fin de garantizar una mayor eficiencia, mejorar los niveles de calidad en la prestación de servicios públicos de competencia municipal y generar una mayor agilidad en la atención ciudadana, explicó Cristian Castelblanco, procurador síndico municipal.

A la fecha, la ciudad cuenta con siete de este tipo de entidades; tres de ellas tienen su génesis entre 2019 y 2020, en la administración de la alcaldesa Cynthia Viteri. Estas son la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y la Competitividad, la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación de Guayaquil (DASE) y la Empresa Pública Municipal de Vivienda.

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Obras de infraestructura comunitaria, agua y alcantarillado se han priorizado en sectores del norte y noroeste de la ciudad

Las otras cuatro fueron creadas durante la administración de Jaime Nebot Saadi. Allí se pueden citar las empresas públicas del Registro de la Propiedad (2011), de Tránsito y Movilidad (2012), de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag, 2012), de Turismo y Promoción Cívica (2014).

Castelblanco explicó que, en los casos en que las funciones asignadas a las empresas públicas hayan sido anteriormente ejecutadas por una dirección municipal, se realiza un análisis de qué funciones no han sido trasladadas para reestructurar la dirección o, en su defecto, suprimirla. De esta manera, indicó, se propende al uso eficiente de los recursos.

Las entidades se manejan a través de la asignación de un presupuesto anual que se da mediante convenios de transferencias de recursos. A diferencia de las direcciones, en estas constan los gastos de nómina y administrativos.

Vivienda, Turismo y Registro de la Propiedad generaron en 2021 al Municipio más de $ 10 millones. Mientras que la DASE, a través del proyecto municipal Plaza Guayarte, recaudó desde el 2020 hasta julio del 2022 $ 599.007. Emapag no genera réditos al cabildo por cuanto los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad están concesionados.

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Las fundaciones, otro modelo en la era del PSC

De 1997 data la creación de la primera fundación en la ciudad. Fue en enero de ese año, durante la alcaldía de Febres Cordero, cuando se realizó la presentación del directorio de la fundación Malecón 2000 y del anteproyecto de construcción de este espacio icónico del Puerto Principal. Un modelo de gestión público y privado liderado por el primer personero de la ciudad.

En Guayaquil existen tres organizaciones adicionales que se encargan de temas relacionados con la operación de las terminales, tanto terrestres como aérea, así como de la infraestructura urbana y de espacios de esparcimiento clave dentro de la urbe. Guayaquil Siglo XXI, Fundación Autoridad Aeroportuaria y Fundación Terminal Terrestre son las otras tres organizaciones.

Guayaquil, 25 de junio del 2022. Gran Guayaquil: Movimiento en la terminal terrestre de Guayaquil. Foto: José Beltrán/ El Universo Foto: El Universo

Según el cabildo, las fundaciones tienen diferentes estatutos, relación con la Administración pública y formas de financiamiento. Siglo XXI, por ejemplo, opera como personería jurídica de derecho privado sin fines de lucro; mientras que Malecón 2000 figura como entidad de derecho privado, de acción social y cívica sin fines de lucro.

Siglo XXI se creó en el 2000, al igual que Autoridad Aeroportuaria. Terminal Terrestre nació en febrero del 2002.

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En el caso de las últimas organizaciones, están enfocadas en administrar y mantener las terminales aéreas y terrestres, así como la construcción de nuevos espacios, como el nuevo aeropuerto internacional y la terminal de vía a la costa.

Negado y archivado dictamen previo por consulta popular que buscaba, entre otros temas, eliminar las fundaciones municipales en Guayaquil

Ricardo Pozo, docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), consideró que la fundación Siglo XXI —encargada de ejecutar obras de regeneración urbana—, como máquina de producir obra física, es exitosa, pero no tiene claro el trasfondo social.

Para él, hay proyectos que se han impulsado y que no son necesarios o que resultan fallidos porque no contribuyen a indicadores urbanos de sustentabilidad o resiliencia. “Hay necesidades urgentes, dado el crecimiento de la ciudad, respecto a servicios y soluciones viales”, estimó Pozo.

Pese a la funcionalidad de este tipo de figuras que esgrime el Municipio, el modelo ha recibido reparos por parte de sectores de la sociedad civil. En agosto del 2021, César Cárdenas Ramírez, Shirley Muñoz Esmeraldas y Fernando Albuquerque Bautista, representantes del grupo ciudadano Todos por Guayaquil, presentaron ante la Corte Constitucional ecuatoriana (CC) un pedido de dictamen de constitucionalidad de una consulta popular en la que proponían la disolución y liquidación de las fundaciones municipales.

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Dicho recurso, en el que se establecía que a través de sus direcciones o empresas públicas municipales se redistribuyan sus acciones o funciones, fue negado y archivado a inicios del 2022.

Según Fernando Albuquerque, uno de los propulsores de la consulta, las fundaciones son “como un municipio paralelo y carecen de transparencia”. Desde su visión, las funciones de este tipo de organizaciones las podrían asumir direcciones o empresas públicas que sí tienen entre sus estatutos la presentación de balances del dinero que administran; o, en su defecto, buscar una figura que permita transparentar fondos.

La gestión de recursos de las fundaciones

Los dineros recaudados en el fideicomiso sirven para realizar obras en el área de influencia del nuevo aeropuerto internacional de Guayaquil. Foto: El Universo

Desde el cabildo, aunque no se precisan cifras, se detalló que las fundaciones no generan réditos para las arcas municipales. De hecho, la explicación dada desde la autoridad es que cada una de las organizaciones redistribuye sus ingresos de acuerdo al objetivo para el que haya sido creada.

Por ejemplo, en el caso de la Fundación Aeroportuaria, el concesionario entrega anualmente un porcentaje de los ingresos brutos regulados que se generan en el aeropuerto directamente al fideicomiso del nuevo aeropuerto internacional de Guayaquil, explicó Nicolás Romero Sangster, gerente general de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.

En 2022, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil invertirá $ 50 millones en la zona del nuevo aeropuerto

Asimismo, el concesionario entrega anualmente los recursos necesarios para los gastos operativos de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.

En el caso de Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, esta tiene un modelo de autogestión, es decir, no recibe asignaciones del GAD Municipalidad de Guayaquil. Los ingresos de esta fundación provienen de las actividades de la operación y de la administración del Centro Comercial Terminal.

Malecón 2000, en cambio, obtiene sus recursos mediante autogestión producto del alquiler y venta de espacios, concesiones, elaboración de estudios y subastas. Estos, a su vez, son utilizados en el cuidado, administración y mantenimiento del Malecón Simón Bolívar, del estero Salado, entre otras áreas de la ciudad. (I)